La reforma legal que excarcelará a presos de ETA antes de lo previsto ha sido ratificada definitivamente este lunes. El pleno del Senado ha debatido el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el 18 de septiembre por unanimidad de todos los partidos. Y, aunque en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y en este último pleno ha votado en contra (igual que Vox y UPN), la norma ha salido adelante porque esta sesión ya no tenía efectos prácticos, pues el texto entró en la Cámara alta sin que ningún partido presentase enmiendas ni vetos. Sin embargo, justo tras producirse la votación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que la norma volverá al Congreso por haberse vetado por mayoría absoluta, y ha esgrimido un informe de los letrados redactado el 11 de octubre y ocultado hasta este lunes.
El pleno ha sido un mero trámite para convalidar la iniciativa legislativa, que se publicará en menos de 15 días en el BOE. Pero el debate sí ha valido al PP, Vox y UPN para confrontar con dureza con los socialistas, a los que han acusado de promover la reforma legal como parte del “pacto encapuchado” con EH Bildu y de engañarlos en el primer trámite del Congreso para que votaran a favor. En frente, la mayoría de grupos que han votado a favor de la iniciativa, incluido el PSOE, han acusado a las formaciones de la derecha de haber votado a favor el mes pasado conscientes de las consecuencias para los presos etarras, Y no por error como sostienen los populares.
El PP ha confiado en la senadora del PP Marimar Blanco —hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997— la defensa del rechazo de su formación a la reforma. “¿Qué dignidad defienden ustedes, salvo la de los presos de ETA?”, ha espetado Blanco a la bancada socialista. “Para tapar sus vergüenzas, acusáis a este partido [el PP] de tener nostalgia de ETA. Les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que tengo nostalgia de ETA?”, ha inquirido, provocando el aplauso unánime de la bancada popular, con sus 145 senadores en pie. “Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta. Y a conciencia, con una frialdad absoluta, abren las heridas de las víctimas a quienes no nos dejan sufrir en paz”, ha cargado Blanco. “La historia recordará a este Gobierno por liberar a violadores, a golpistas y a presos de ETA”.
Las palabras de Blanco han sido respondidas por la senadora socialista Elena Diego. “El odio y el rencor ya no caben a la hora de legislar, siempre hemos defendido el estado Democrático y de Derecho, siempre hemos defendido el dolor de las víctimas, les miro a los ojos, ¿ustedes creen que yo soy una miserable? ¿Que soy una defensora del terrorismo?”, ha preguntado la parlamentaria a los senadores del PP, que han respondido con “síes”, provocando la llamada al orden del presidente del Senado, Pedro Rollán.
El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha defendido que la reforma legal “se aplicará a presos y presas vascos porque tienen los mismos derechos que la el resto de la población reclusa”. “Porque el tiempo de la excepción debe terminar, porque el tiempo de la política del rencor debe terminar”, ha abundado el parlamentario vasco.
Por su parte, Vox ha vuelto a presionar a los populares exigiendo que hicieran uso de su mayoría absoluta para suspender el pleno y abrir un nuevo período de enmiendas, provocando los abucheos de los senadores del PP. Fuentes populares de la Mesa alegan esa decisión “no es posible”. “Pedimos perdón a las víctimas, a nadie se le puede pasar por la cabeza que Vox sea partidario de poner a criminales y terroristas de ETA en la calle”, ha expresado la senadora de la formación ultra Paloma Gómez.
Con el último paso dado este lunes en el Senado se ha materializado la reforma de la ley española de 2014 que alargaba las condenas de los presos de ETA. Esa norma (la ley orgánica sobre intercambio e información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales de la UE) estaba llamada a cumplir con una decisión marco europea de 2008 que obliga a los Estados miembros a otorgar a las condenas de otro país de la UE los mismos efectos que a las propias. En la práctica, el acuerdo de la UE instaba a computar los años de cárcel cumplidos en otro Estado miembro en el límite de 30 o 40 años de cumplimiento de pena que marca la ley española.
Pero el Gobierno de Mariano Rajoy restringió los efectos de esa norma introduciendo condiciones a la convalidación de penas y una disposición adicional que solo permitía acumular las penas en las condenas posteriores al 15 de agosto de 2010 (fecha límite para que entrara en vigor el acuerdo europeo), lo que excluía a la mayoría de los presos de ETA que empezaron a cumplir condena en Francia y luego fueron entregados a España.
El proyecto de ley que hoy ratifica el Senado elimina aquella disposición adicional introducida por el Gobierno de Rajoy en la trasposición de la directiva europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS); y, por tanto, los presos etarras pasan a beneficiarse de esa convalidación de las penas cumplidas en Francia. La reforma se ha hecho a través de una enmienda de Sumar, cuyo alcance el PP, Vox y UPN aseguran que no advirtieron, ni en el Congreso ni en los primeros pasos dados en el Senado, hasta que El Confidencial desveló la semana pasada sus consecuencias para los presos etarras. Ahora las tres formaciones han cambiado el sentido de su voto, pero ya ha sido tarde para evitar la aprobación de la ley.