El Gobierno de Castilla y León prorrogó este jueves, en el último Consejo de Gobierno del año, los Presupuestos autonómicos de 2024 tras constatar la falta de acuerdo con Vox. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco sigue los pasos del de Baleares de Marga Prohens, que hace dos semanas anunció la retirada del proyecto de Presupuestos para 2025, ante la falta de apoyos de los ultras para sacarlos adelante. En cambio, Ayuntamientos de capitales como Zaragoza o Alicante anunciaron también este jueves la aprobación de sus cuentas públicas tras un acuerdo entre PP y Vox. El partido de Santiago Abascal está adoptando posturas dispares en las negociaciones presupuestarias con el PP, que desconciertan a Génova. La dirección nacional del PP admite la “dificultad de interpretar” a los ultras, de los que esperan decisiones “asimétricas” en función de los territorios sobre las cuentas de los seis Gobiernos autonómicos del PP que dependen de ellos.
La cúpula popular entiende que hay “contextos diferentes” en cada una de las seis autonomías en las que Vox tiene la llave de la estabilidad de los Gobiernos populares, y admite su incertidumbre sobre la decisión que tomará la extrema derecha. Al margen de Castilla y León, que ya ha prorrogado, y de Baleares, que los ha retirado, Extremadura, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana están pendientes de saber si podrán aprobar las cuentas públicas para 2025. El partido de extrema derecha anunció a principios de mes que suspendía sus conversaciones con el PP para los Presupuestos a por el “acercamiento” del PP al PSOE sobre “política migratoria”, pero pese a que no ha habido acuerdo entre el Gobierno y los populares sobre los menores migrantes llegados a Canarias, los de Abascal ya han consumado su ruptura con el PP en dos comunidades autónomas, que se quedan sin Presupuestos. El PP afronta así la contradicción de reclamar a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones por no haber logrado todavía presentar sus cuentas para 2025 por la falta de apoyos, mientras varios de sus Gobiernos autonómicos sufren las mismas dificultades.
El resto de las comunidades gobernadas por el PP sigue con sus cuentas en el aire, mientras los presidentes populares presionan a Vox para que se avenga a un acuerdo. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, lanzó ayer mensajes con un tono duro contra los de Abascal por plantear cuestiones “fuera de la realidad y de la lógica” en la negociación presupuestaria, algunas de ellas “auténticas barbaridades”, aunque no las reveló. “Nuestro partido tiene líneas rojas que no vamos a traspasar. Por eso, antes o después, Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman”, dijo este jueves sobre las exigencias de Vox y la posibilidad de un adelanto electoral. “Es bastante complicado acordar algo con quien no quiere hacerlo”, lamentó Guardiola, dando a entender serias dificultades para alcanzar un acuerdo con Vox.
Las relaciones entre PP y Vox también son muy malas en Murcia, donde el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, apeló ayer al discurso del Rey para tratar de convencer a los ultras de que aprueben los Presupuestos regionales. “Si todos tenemos todavía presentes las palabras de Su Majestad el Rey en el mensaje de Navidad, donde hizo una llamada al bien común, estos Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia están concebidos, precisamente, en el bien común”, exhortó.
Optimismo en Comunidad Valenciana y Aragón
En cambio, el PP confía en que la situación tras la catástrofe de la dana propicie un acuerdo con la extrema derecha en la Comunidad Valenciana. En Aragón, fuentes próximas a su presidente también se muestran confiadas en que podrán sacar adelante las cuentas públicas con el respaldo de Vox.
Las direcciones de PP y Vox acercaron posiciones en una comida discreta el pasado 12 de diciembre adelantada por Artículo14 y confirmada por EL PAÍS, a la que asistieron los presidentes de las fundaciones de ambos partidos y dirigentes de los dos partidos. Por parte del PP, acudieron Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación; y Pablo Vázquez, presidente de la fundación vinculada al PP Reformismo21; y por parte de Vox, Kiko Méndez-Monasterio, mano derecha de Santiago Abascal; José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados; y Jorge Martín Frías, director de la fundación Disenso vinculada al partido ultra.
Fuentes de la dirección del PP desvinculan ese encuentro de las negociaciones presupuestarias en las autonomías, mientras Génova insiste en que a Vox puede penalizarle el bloqueo en las autonomías gobernadas por el PP. Los populares esgrimen el precedente de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso logró mayoría absoluta en mayo de 2023 después de que el partido de Abascal le tumbara los Presupuestos en 2022. Pero, al mismo tiempo, Vox ha crecido a escala nacional en las encuestas después de haber roto los Gobiernos autonómicos que compartía con el PP en junio de este año. La dirección popular sostiene que cuenta con sondeos privados que le concederían mayoría absoluta en varias comunidades autónomas a consecuencia de esa decisión de los ultras, que de ser así les beneficiaría en la política nacional pero no en la regional.
La tentación de golpear a Vox ―y, sobre todo, al PSOE― en 2025 con elecciones en algunos de sus feudos es potente en la dirección del PP. Algunas fuentes de la cúpula teorizan con la posibilidad de que el año que viene se celebren elecciones en Castilla y León ―donde habría un adelanto técnico, porque tocan en 2026―, en Baleares e incluso en Andalucía, pese a que Juan Manuel Moreno Bonilla cuenta con mayoría absoluta. De momento, Mañueco y Prohens cuentan ya con el argumento del bloqueo de Vox para pulsar el botón electoral.