La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha criticado este viernes que se cuestione “de forma generalizada y permanente” la labor de los jueces, atribuyéndoles “sesgos políticos”, pues esa actitud “menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional”. Perelló lanza esta advertencia en un comunicado dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugiriese, en una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa, que el PP y algunos jueces están confabulados contra el Ejecutivo. Los populares, dijo Sánchez, juegan “con las cartas marcadas” porque parecen tener información privilegiada al adelantar decisiones judiciales que afectan al Gobierno.
La presidenta del CGPJ, que no cita en su escrito a nadie en concreto, sostiene que “la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento”, pero insiste en que acusar de partidistas a los integrantes del Poder Judicial pone en riesgo el Estado de Derecho.
Perelló, que este viernes asistirá a la entrega del premio Fórum Europa 2024, afirma que el Estado de Derecho “requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado”. Y destaca que “es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados”.
Pedro Sánchez, en su crítica, aludía a casos como el de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), que en los últimos tiempos anuncia en las redes sociales los pasos que darán algunos jueces o fiscales en causas como la trama Koldo o la abierta contra el fiscal General del Estado. Así, Rodríguez decía en un tuit el 24 de septiembre: “Hasta donde sé, a esta hora: Begoña va pá’lante; el hermano va pá’lante; Koldo va pá’lante; el fiscal General del Estado va pá’lante; y Ábalos va mu pá’lante… Sánchez está terminado”.
La expresión “pá’lante” es una especie de clave para adelantar a sus seguidores quiénes serán juzgados. También la vuelve a incluir cuando esos vaticinios se cumplen: “Ojo, que va pá’lante, tal y como os dije”, tuiteó el 25 de noviembre, cuando se conoció un informe de la Guardia Civil que apuntaba a la presunta responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración de documentación confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).
El jefe de Gabinete de Ayuso había filtrado a varios medios meses antes —según admitió él mismo en redes sociales— la información de que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un acuerdo de conformidad y luego se había retractado por “órdenes de arriba”. Esa información resultó ser falsa: la realidad era que el acuerdo de conformidad lo había solicitado en primer término la pareja de Ayuso para evitarse una condena de cárcel mediante el reconocimiento del delito y el pago de una multa. Esto se supo por la publicación de un correo electrónico de la defensa de González Amador a la Fiscalía, y la presunta filtración a los medios de ese correo electrónico es lo que llevó al Colegio de Abogados y al propio González Amador a querellarse contra la Fiscalía. El Tribunal Supremo imputó por ello, por primera vez en la historia de España, al fiscal general.
La investigación a Begoña Gómez es otro ejemplo, según el Gobierno, de cómo algunos jueces se asocian de alguna manera con el PP para atacar a Pedro Sánchez: el magistrado Juan Carlos Peinado, a pesar de dos informes de la Guardia Civil que no vieron indicios de ningún delito, mantiene la imputación contra la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.