El Gobierno catalán aprobará este lunes, en su última reunión del año, el plan del Govern para esta legislatura, que pasa por impulsar 134 iniciativas, 16 de ellas recogidas en los pactos de investidura suscritos con ERC y los comunes. Son en total el 40% del paquete legislativo acordado con sus socios. El plan de govern, que tiene vocación y una mirada para imaginar Cataluña dentro de 10 años, contempla “negociar” el nuevo sistema de financiación, sin más detalle, y “analizar” las propuestas para, dice el texto, “implementar las nuevas competencias que se puedan derivar”. El acuerdo con ERC establece que en este primer año se acordará el modelo y la agencia tributaria de Cataluña recaudará el IRPF en 2026. El president Salvador Illa ha refrendado este viernes que cumplirá los pactos.
El documento no hace ninguna mención más al modelo de financiación que tienen que pactar los dos Gobiernos y ser aprobado después en el Congreso. El plan contiene 117 páginas y en la última de ellas, a pie de página, figura esta cláusula o nota final: ”Este plan de gobierno y los futuros planes departamentales incorporan la totalidad de los acuerdos de investidura”. El Govern se escuda en esa mención para garantizar que cumplirá el pacto con Esquerra que tantas divergencias ha causado con presidentes autonómicos del PP y alguno del PSOE. Illa ha dicho en infinidad de ocasiones, también hoy, que cumplirá los pactos pero sin concretar más, algo que ocurre mientras los republicanos han elevado el listón para pactar los presupuestos, que ahora mismo están en el aire. La dirección republicana exige avances en el modelo y que se haga efectiva ya la condonación del 20% del Fondo de Liquidez Autonómica.
Ante un auditorio con centenares de altos cargos de la Administración, que han asistido a las I Jornadas Directivas de la Generalitat, Illa ha presentado las líneas maestras del plan que aspira a recuperar el liderazgo económico en España, perdido en favor de la Comunidad de Madrid. El president ha puesto el acento en mejorar los servicios públicos y ha definido la legislatura como la de la “prosperidad compartida” pero también como la de “los servicios públicos y la financiación singular”. Para evitar el enojo de ERC, Illa ha admitido que parte del “principio de realidad” de que el suyo es un Govern en minoría pero ha matizado que eso no quiere decir que sea inestable y ha asegurado que cumplirá los acuerdos.
En un discurso de casi 40 minutos, Illa ha reiterado este compromiso. “El Parlament nos ha dado la responsabilidad de gobernar gracias a dos acuerdos de investidura con fuerzas progresistas. Los acuerdos de investidura se incorporan al plan de gobierno: todos se incluyen y se tienen que cumplir. El Govern gobernará honrando esos compromisos, sabiendo que para llevar adelante planteamientos y los presupuestos tiene que volver a sentarse y negociar”, ha dicho. Su objetivo es que Cataluña tenga un planteamiento solidario con toda España. “Haré una gira e iré a explicarme. A Cataluña nadie le da lecciones en inmigración ni tampoco en economía ni financiación. No iremos con el lirio en la mano”, ha afirmado.
El plan de gobierno parte de la premisa de que Cataluña afronta nuevos retos con los cambios demográficos y el envejecimiento de la población; el impacto del cambio climático y las nuevas tecnologías. Bajo ese principio de la “prosperidad compartida”, el Govern se plantea cinco prioridades: la mejora de la calidad de vida y el acceso a la vivienda; la transicion energética, la equidad social, el buen gobierno y el autogobierno. Las medidas estrella son la obtención de 50.000 pisos sociales -”generar”, dice el documento- de aquí a 2030; alcanzar el 50% de autonomía eléctrica en esa misma fecha -ahora es del 14%- y alcanzar con las obras hidraúlicas el 70% de autonomía hídrica en 2027. El Govern apuesta también por otra medida estrella en sanidad extendiendo la fórmula de no ser necesaria la cita previa para que te atiendan en un CAP.
De entre las iniciativas más relevantes para este primer año de legislatura figura, entre otras, el anteproyecto de gobiernos locales y la de financiamiento local o el anteproyecto de ley de la economía social y solidaria. El PSC y ERC pactaron que en el primer año de mandato impulsar nueve leyes y, de momento, el Govern ya ha tramitado cuatro: la ley de Agencia Integrada Social y Sanitaria; la ley de la Memoria Democrática -heredadas del Ejecutivo de Aragonès-, la ley de Municipios Rurales y la de la nueva fiscalidad del juego, enfocada a desincentivar la construcción del casino Hard Rock.
Illa se compromete en el próximo ejercicio a culminar dos más: la de la primera etapa de educación infantil y universal y la ley de derechos culturales. Quedan sin concreción de momento la ley de Arrendamientos urbanos y regulacion de los contratos de alquiler; la del sinhogarismo y la ley del Tercer Sector, que se tramitaron en el último mandato como proposición no de ley. El Ejecutivo también ha rescatado la ley de retirada del amianto. El texto incluye dos iniciativas pactadas con los comunes: desplegar la ley de salud bucodental y la de la mejora urbana de municipios.