Los últimos trámites sobre la causa relativa a la caída del Banco Popular, la investigación recién iniciada al fondo bajista Gotham por presuntamente difamar a la compañía catalana Grifols, el primer juicio en la Audiencia Nacional por una estafa piramidal con criptomonedas, o la sentencia sobre ecopostureo que ha enfrentado a Iberdrola y Repsol son algunas de las las causas que marcarán la agenda judicial de 2025. Asimismo, los trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para empresas del Ibex 35 seguirán coleando en la Audiencia Nacional. Mientras que el tribunal resuelve los recursos de los exdirectivos de BBVA, así como del propio banco, contra la propuesta del juez instructor de enviarles a juicio, deberá busca fecha para juzgar a los que fueran responsables de la seguridad corporativa de Repsol, CaixaBank, Iberdrola.
A todos estos asuntos se sumará el recurso que el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, anunció que presentará en el Tribunal Supremo contra su condena a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen fraudulento de su patrimonio. La Audiencia de Madrid notificó el pasado 20 de diciembre —último día hábil en los tribunales antes del parón por las fiestas navideñas— la sentencia que le considera culpable de tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.
La pena impuesta (que aún no es firme) es muy inferior a los 63 años que solicitó la Fiscalía Anticorrupción por muchos más delitos, si bien el expolítico considera que el criterio del tribunal es “injusto”, por lo que irá al Supremo para pedir su absolución. La causa por la procedencia de su fortuna, que le persigue desde abril de 2015, cuando se registró su vivienda y oficinas, 24 horas después de que se revelara que se había acogido a la amnistía fiscal, es la última que le queda pendiente, después de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, por las que entró en prisión, y la salida a Bolsa de Bankia, por la que fue absuelto.
Otro de los juicios mediáticos de 2024, y cuya sentencia se espera conocer a lo largo del nuevo año, ha sido el protagonizado por los actores Imanol Arias y Ana Duato, que fueron juzgados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos fiscales cometidos a través de las contabilidad y declaraciones tributarias realizadas por el despacho Nummaria. Arias llegó a un acuerdo con Anticorrupción y aceptó una pena de dos años y dos meses de cárcel por defraudar unos dos millones de euros al fisco. Sin embargo, su compañera de reparto en la popular serie Cuéntame cómo pasó, decidió seguir adelante con la defensa de su inocencia y rechazó cualquier pacto con la acusación. Se enfrenta a 16 de prisión que solicita el ministerio público por evadir impuestos entre 2010 y 2017.
En otro punto de España se celebró la vista oral que concluirá con una de los fallos más pioneros que se conocerá en 2025. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander juzgó el pasado 21 de noviembre la demanda que Iberdrola planteó contra Repsol por blanqueo ecológico (o greenwashing). La eléctrica acusó a la petrolera de engañar a los consumidores con mensajes en su web y campañas de publicidad sobre su compromiso con la sostenibilidad. La resolución de este juzgado será el primero que se conozca sobre este asunto en España. El ecopostureo está restringido por una directiva europea, pero aún no se ha transpuesto en el ordenamiento jurídico español. Lo más parecido que hay es la publicidad engañosa.
En lista de espera
Por otro lado, en la Audiencia Nacional, el foco estará puesto en el caso Koldo, la trama de corrupción por presuntas comisiones irregulares en contratos públicos para la compra de mascarillas que gira sobre Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama. No obstante, este órgano judicial tiene una larga lista de tareas que debe resolver como encontrar hueco a procedimientos que llevan años esperando a ser juzgados, debido la dificultad para encontrar una sala de vista con capacidad para albergar a todos los encausados, defensas y acusaciones, las saturadas agendas de los tribunales, o las complicaciones para compaginar la disponibilidad de los jueces y abogados.
Así ocurre con la causa sobre el falseamiento de cuentas de Gowex, la empresa que proveía de wifi gratuito a ciudades como Madrid, Nueva York, París, Dublín o Dubai y que estaba liderada por Jenaro García, que lleva pendiente de juicio desde mediados de 2019 y afronta una petición de 18 años de cárcel. Otra vista oral pendiente desde julio de 2021 es la que afecta al presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, y a su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital de Urbas de julio de 2015 por el importe de más de 384 millones de euros. La Fiscalía pide ocho años de prisión para ambos por supuestos delitos societarios y contra el mercado.
En lista de espera está el caso Banco Popular, después de que el juez instructor José Luis Calama enviara a juicio al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a 12 exdirectivos de la entidad, así como a la auditora PwC y a los dos socios de la firma que revisaron las cuentas del banco por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que tuvo lugar en mayo de 2016 por el valor de 2.500 millones de euros. Anticorrupción solicita penas que oscilan entre siete meses y seis años y medio de prisión para los acusados.
También está pendiente de juicio dos de las líneas del caso Villarejo que salpicó, por un lado, a Repsol y CaixaBank y, por otro lado, a Iberdrola, por contratar los espionajes del comisario jubilado José Manuel Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional. Aunque estas vistas se centrarán en las actuaciones de los ex jefes de seguridad de las compañías a la hora de contratar al expolicía, las empresas están consideradas como presuntos responsables civiles subsidiarios. Asimismo, algunas de las acusaciones han solicitado que sus presidentes vayan a declarar al juicio como testigos.
En cuanto a BBVA, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los recursos de una decena de exdirectivos contra la decisión del juez Manuel García Castellón (ya jubilado) de proponerles juzgar, así como de la propia entidad, que es la única del Ibex 35 que hasta ahora se encuentra encausada como persona jurídica. Una vez se resuelva esta cuestión, esta línea de investigación pasará a estar lista para juzgarse.
El procedimiento que sí está marcado en el calendario para juzgar será el relacionado con una de las mayores estafas a inversores de criptomonedas, el primer caso sobre activos digitales que juzgará la Audiencia Nacional. El tribunal tiene previsto analizar entre el 10 de marzo y 11 de abril de 2025 si la plataforma Arbistar 2.0, liderada por Santiago Fuentes, desvió más de 92 millones de euros de cerca de 32.000 personas que confío en su sistema para invertir en la moneda virtual.
Investigaciones a Gotham y Naturgy
Por último, la Audiencia Nacional continuará con dos de las investigaciones puestas en marcha en 2024 y que se encuentra en una fase muy inicial. Una es la que se sigue contra Naturgy Generación por el incremento de precios durante la pandemia. Anticorrupción presentó una querella, después de que Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionara, en agosto de 2023, a la compañía con 41 millones de euros por, presuntamente, alterar los precios del mercado eléctrico con las ofertas realizadas por su central gallega de ciclo combinado ‘Sabón 3′, entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
La segunda investigación es la que se inició en noviembre contra Gotham City —conocido por hacer caer a Gowex— y su matriz, General Industrial Partners, así como varios de sus directivos por la información que lanzó en enero de 2024 sobre Grifols, lo que provocó su desplome en Bolsa. El fondo bajista liderada por Daniel Yu acusó a la compañía de hemoderivados de falsear sus cuentas y señaló que su valor era cercano a “cero euros”. La Fiscalía se querelló contra la firma estadounidense al considerar que hay indicios de un delito contra el mercado y los consumidores.