El juez que investiga los contratos de emergencia sanitaria de la Junta andaluza, Javier Santamaría, ha rechazado ampliar sus pesquisas para englobar las contrataciones que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizó en las ocho provincias de la región. El magistrado considera que no existe conexión entre los dos expedientes millonarios de los servicios centrales que investiga ahora y los contratos que la Junta cerró desde las plataformas logísticas sanitarias provinciales, y por tanto deben ser otros juzgados en dichas provincias los que en todo caso asumen sus posibles delitos. En paralelo, el juez ha rechazado archivar la causa, tal y como pidieron los tres directores gerentes del SAS investigados, así como elevar a 15.000 euros la fianza planteada para cada uno de los 30 diputados del PSOE que firmaron la querella, que habían abonado 5.000 euros.
“Este juzgado no es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales, no existe justificación (…) La instrucción está limitada al expediente 110/21 (contratos de servicios) y al expediente 2/21 (contratos de obras)”, zanja el juez en un reciente auto avanzado este viernes por Abc y fechado el pasado martes. En el caso, cuyas pesquisas dirige la Fiscalía Anticorrupción, son investigados de momento por prevaricación la directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
El PSOE, partido que presentó la querella por la que se inició el caso, reclamó hace un mes al magistrado que extendiera las pesquisas a las centrales provinciales de compras del SAS, que desde la pandemia han concertado a dedo múltiples servicios sanitarios con los hospitales privados con el pretexto de que estaba vigente la emergencia decretada por la covid. Sin embargo, el juez rechaza dicha pretensión: “La competencia para conocer de cada uno corresponde al juzgado de instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos”, resuelve en su auto. El magistrado estima que no concurren ninguno de los supuestos de conexidad que contempla la ley para asumir los hechos, ya que no hay coincidencia ni en el objeto ni en el sujeto, más allá de la tipología de contratación de emergencia.
Entre los contratos que los socialistas pretendían que el juez analizara figuran algunos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y otros como el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, el Hospital Reina Sofía en Córdoba y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, entre otros.
Tras conocer el auto del caso, la portavoz de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, afirmó que la causa “se desinfla cada día que pasa”. “De alguna forma, ha pinchado la burbuja de esa denuncia del PSOE cuyos representantes decían que había un gran escándalo. Se demuestra que solo hay una estrategia del partido socialista para atraer a Andalucía el bulo, la mentira y el fango”, ha añadido.
Sobre el rechazo de la extensión de la causa a los contratos provinciales, el PSOE ha querido ver el vaso medio lleno: “La autoridad judicial estima que, sin poner en duda los indicios delictivos, el análisis de estos contratos provinciales les corresponde a los juzgados de instrucción provinciales (…) Estos contratos ponen de manifiesto que las prácticas irregulares se extendieron como una mancha de aceite por toda Andalucía sin que el Gobierno de Juanma Moreno se hayan dado las explicaciones oportunas”.