El juez del distrito de Manhattan ha rechazado este lunes la petición del presidente electo, Donald Trump, de que se desestimara su condena por el caso Stormy Daniels en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que concede amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de su cargo. El futuro del caso, cuya sentencia debía haberse hecho pública poco después de las elecciones de noviembre, sigue sin estar claro, tras haber recomendado la fiscalía dejar en suspenso —no cancelar— la sentencia precisamente por el citado fallo del Supremo. Los abogados de Trump argumentaron que tener el caso pendiente durante su presidencia supondría un lastre para su capacidad de gobernar.
La decisión del juez Juan Merchan elimina un posible cierre definitivo del caso antes del regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, cuando tomará posesión. Sin embargo, sus abogados han planteado otros argumentos para el sobreseimiento. La propuesta de los fiscales de congelar la condena durante su presidencia tampoco implica sobreseerla. El pasado 22 de noviembre, el juez aplazó indefinidamente la sentencia, pero admitió que la defensa del presidente electo solicitara de nuevo que el caso fuera desestimado.
Trump fue declarado culpable en mayo de los 34 cargos que se le imputaban por el pago de un soborno a una actriz de cine porno para comprar su silencio. En el núcleo del caso está la falsificación de registros contables de su empresa, la Organización Trump, para maquillar el pago de 130.000 dólares a Daniels, actriz de cine para adultos, en 2016, con el objetivo de acallar una aventura extramatrimonial, que él siempre ha negado, y cuya revelación, en el último tramo de la campaña electoral que le llevó por primera vez a la Casa Blanca, probablemente habría perjudicado sus intereses.
El caso Stormy Daniels fue el único juzgado de las cuatro causas penales que el republicano afrontaba desde 2023 antes de las elecciones de noviembre. Al margen de su inapelable victoria en las urnas —una victoria por triplicado, ya que los republicanos conquistaron la presidencia pero también el control de las dos cámaras—, fue la decisión adoptada el pasado 1 de julio por el Supremo —una corte hecha a su imagen y semejanza— la que contribuyó a despejar de obstáculos legales el camino de Trump hacia la presidencia. Al sobreseimiento del llamado caso de los papeles de Mar-a-Lago —documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca en enero de 2021—, gracias también a una jueza nombrada por el republicano en su primer mandato, siguió la decisión del fiscal especial Jack Smith de retirar las dos imputaciones penales que mantenía vivas contra el republicano, los casos de Georgia (por intento de pucherazo) y el asalto al Capitolio.
El panorama judicial del presidente electo quedó pues despejado al concluir el Departamento de Justicia que no se le puede juzgar tras haber ganado las elecciones, pero el caso de Nueva York entrañaba una complejidad añadida: haber sido ya juzgado y condenado. Por eso ahora el juez Merchan propina un relativo revés al presidente electo, pese a que teóricamente no se leerá la sentencia hasta dentro de cuatro años, como mínimo.
Un mes después del veredicto del caso Stormy Daniels, el Tribunal Supremo dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales y que los fiscales no pueden citar esas acciones para reforzar un caso centrado en una conducta puramente personal, no oficial. Los abogados de Trump se agarraron a la decisión del Supremo para argumentar que el jurado del caso obtuvo algunas pruebas inapropiadas, como el formulario de la declaración financiera presidencial de Trump, el testimonio de algunos ayudantes de la Casa Blanca y publicaciones en las redes sociales hechas mientras estaba en el cargo.
Merchan ha rechazado este lunes la mayor parte de las afirmaciones de los abogados de Trump de que algunas de las pruebas de los fiscales estaban relacionadas con actos oficiales e implicaban protecciones de inmunidad. El juez ha dicho que incluso aunque algunas pruebas estuvieran relacionadas con su conducta oficial, seguirá considerando que la decisión de los fiscales de utilizar “estos actos como prueba de los actos decididamente personales de falsificación de registros contables no plantea ningún peligro de intrusión en la autoridad y la función del Poder Ejecutivo”.