El Gobierno catalán no contempla asumir indemnizaciones para paralizar el casino Hard Rock y asegura que habilitará los trámites para la aprobación del Plan Director Urbanístico del centro recreativo, el último proceso administrativo pendiente para el avance del proyecto. “Haremos lo que tenemos que hacer”, defendió este martes la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu, respecto al macrocomplejo de Tarragona. Paneque, en todo caso, ha rechazado que el Gobierno catalán estudie una salida pactada con el grupo promotor para paralizar definitivamente el Hard Rock después de que un informe realizado por la Generalitat en 2023 y destapado este martes por EL PAÍS alertara de compensaciones de entre 37 y 50 millones por enterrar los planes empresariales.
Paneque defiende que la prioridad del Govern es cumplir “el marco normativo” en relación al Hard Rock. Y esto pasa por corroborar en el Parlament la revocación de las ventajas fiscales a los casinos, un procedimiento parlamentario pospuesto porque Junts trasladó al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) la proposición de ley presentada por ERC y Comuns. El CGE la avaló por unanimidad y en el próximo pleno previsto para los días 28, 29 y 30 de enero PSC, Comuns, ERC y CUP aprobarán una reforma fiscal del juego del 10% actual al 55%. De esta forma, los casinos tendrán que gravar al nivel de 2014, cuando CiU y el PSC aprobaron una batería de beneficios fiscales para facilitar la llegada del capital extranjero a Tarragona. “El contexto económico del momento en el que se aplicaron las rebajas fiscales es otro”, remarcó Paneque. “Esto es un acuerdo de investidura que debe cumplirse”.
Con la reforma aprobada dentro de tres semanas, el Govern entiende que la pelota pasa al tejado de los empresarios estadounidenses. No es lo mismo invertir 744 millones de euros para construir el megacomplejo, como estaba previsto en la propuesta inicial, con una fiscalidad del 10% sobre el juego que sobre el 55%. Las simulaciones del anterior Ejecutivo entendían que una tributación superior al 30% ya imposibilitaba la sostenibilidad del macrocasino de Vila-seca y Salou, pero el Gobierno de Illa insiste en que la decisión de mantener o no el proyecto no es cosa suya. “Si queremos o no queremos el Hard Rock es una cuestión del promotor. Y es él quien deberá decidir si sigue con el proyecto. Nosotros tenemos que cumplir los acuerdos de investidura”, insistió Paneque.
En las últimas reuniones mantenidas entre el Gobierno y los promotores, estos no han expresado ninguna intención de cambiar de posición, según adelantó en TV3 la consejera de Economía, Alícia Romero. “Han ganado un concurso, una licencia y no han dicho que no lo vayan a hacer”, concretó. La responsable económica defendió que el Govern quiere “un proyecto que genere puestos de trabajo y que sea sostenible”, y rechazó también la opción de asumir responsabilidades patrimoniales. “No nos ponemos en esta tesitura. Ya veremos cómo avanza el proyecto”, afirmó.
La duda es cómo ha condicionado la certeza de asumir indemnizaciones a las decisiones del Govern. Romero, confirmó por la mañana en TV3 la existencia del informe interno, aunque fuentes del Ejecutivo aseguraron a EL PAÍS que no tenían constancia de él. La percepción es que durante el traspaso entre gobiernos no se dio un gran valor al documento y que este no ha ocupado un espacio prioritario durante la toma de decisiones del Ejecutivo en estos primeros cinco meses de legislatura. La propia Paneque admitió que el Govern no ha hecho un “análisis de riesgo” por la reforma de la fiscalidad.
El macrocomplejo del Hard Rock sigue bloqueado desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbara en 2020 el Plan Director Urbanístico (PDU) por riesgo químico por la proximidad de los terrenos con industria Ercros. El Govern asume que si los informes elaborados por el Departamento de Territorio validan las modificaciones del PDU, el proyecto podrá seguir adelante y en dos meses se deberá realizar la compravenda de los terrenos de Vila-Seca y Salou, actualmente propiedad de Criteria Caixa.
El valor de los terrenos se pactó en 120 millones de euros, aunque actualmente la entidad bancaria considera que con el tiempo se han revalorizado y los cuantifica en 128 millones.