El Gobierno prepara medidas para flexibilizar trámites y prorrogar las autorizaciones de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la dana. El encargo está en manos del Ministerio de Migraciones y, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, se está trabajando en varios supuestos que beneficiarán a cientos de extranjeros que tenían su domicilio o su lugar de trabajo en alguno de los casi 80 municipios que fueron asolados por el temporal entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la inmensa mayoría en la Comunidad Valenciana. La medida tendrá un impacto más limitado del inicialmente esperado porque solo beneficiará a los extranjeros en situación regular o pendientes de la concesión de una autorización. El texto, en un principio, era más ambicioso y sí abría una vía para regularizar de forma extraordinaria a los inmigrantes sin papeles. Fuentes ministeriales mantienen que, aunque no se ha descartado, la regularización extraordinaria no se incluirá en estas instrucciones.
El objetivo del ministerio es que los inmigrantes no se vean empujados a una irregularidad sobrevenida porque no pueden renovar sus permisos o porque, tras el temporal, ya no cumplen los requisitos para obtenerlos. La catástrofe puso patas arriba la normalidad de miles de personas y en el caso los extranjeros la renovación de sus permisos pasó a depender, por ejemplo, de mantener el empleo en empresas que ya no está en condiciones de ofrecerlo o de continuar dados de alta como cuidadores de alguno de tantos ancianos fallecidos durante el temporal.
Las prórrogas automáticas de las autorizaciones de residencia y trabajo ya se han puesto en marcha en otras ocasiones excepcionales más recientes. Ahora, como ya ocurrió en la pandemia, el Gobierno ha constatado que los extranjeros están teniendo muchas dificultades para presentar sus solicitudes de renovación, algo que perjudica a los inmigrantes, pero también a los empresarios. Así lo describe el texto que debe aprobar el Consejo de Ministros en una fecha que aún no se ha concretado: “Está generando gran inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas, como para las personas empleadoras y el resto de operadores sociales y económicos”.
Según la propuesta en la que se está trabajando, se prorrogarán de forma automática los permisos que expiren entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025. En principio, hasta el 31 de diciembre de 2025. La idea es prorrogar también la validez de las tarjetas de identidad de familiares de la Unión Europea, las residencias de larga duración e incluir las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, voluntariado o prácticas no laborales. La tramitación tendrá carácter preferente y gratuita y solo se denegará por razones de orden público, seguridad o salud pública.
Se tendrán en cuenta también los casos de los extranjeros a los que ya se les ha concedido su autorización, pero que dependían del alta en la Seguridad Social para que entrase en vigor. Como tras el temporal se ha comprobado que muchas contrataciones previstas ya no son viables, se flexibilizará esa concesión. Según el texto con el que se trabajaba hace dos semanas, la fórmula será permitir que los extranjeros opten a una autorización con solo inscribirse como demandantes de empleo, sin que tengan que demostrar la formalización de una relación laboral. Se resolverán favorablemente además los expedientes de los inmigrantes que han solicitado sus primeras autorizaciones o prórrogas antes del temporal y que como consecuencia de la catástrofe ya no cumplen con algunos de los requisitos exigidos.
Las instrucciones responden a demandas de empresarios que han visto cómo sus empleados no pueden seguir trabajando sin su documentación en orden. Pero también de la sociedad civil, especialmente del movimiento Regularización Ya, que batalla desde hace meses en el Congreso para que se apruebe una regularización extraordinaria de cientos de miles de extranjeros que viven en España y que no está claro que vaya a salir adelante.
Regularización extraordinaria
Pero entre las reivindicaciones de los colectivos de migrantes se ha insistido en un gesto más ambicioso, en la regularización de los perjudicados por la catástrofe. “Las personas en situación irregular en Valencia siguen en unas condiciones espantosas, peor de las que ya tenían. No tienen dónde vivir, han perdido sus trabajos, ni siquiera pueden demostrar que vivían allí porque ni siquiera estaban empadronadas”, denuncia Victoria Canalla, una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Intermón Oxfam también apuntó la “precariedad y vulnerabilidad extrema” de muchos vecinos de Valencia. Y advirtió de que las ayudas aprobadas tras el temporal, como las destinadas a compensar daños en las viviendas, o las recogidas en el ámbito del empleo (para autónomos, incapacidades temporales o ERTE) no llegarían a las personas que tienen dificultades para empadronarse, que no sean titulares de sus contratos de alquileres o que no cuenten con contratos formales de trabajo, una realidad muy común en las personas migrantes en situación irregular.
En un principio, Migraciones sí plasmó sobre el papel esa vía para que los inmigrantes en situación irregular solicitasen una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, para ellas y sus familiares (cónyuges, hijos y descendencia de los cónyuges). Se proponía que tuviesen una vigencia de un año; cinco si se trataba de familiares de víctimas mortales fallecidas a causa de la dana. Pero la iniciativa ha perdido fuelle con el pasar de los días. Está por ver si es cuestión de tiempo, o para siempre. “Las medidas del Gobierno por la dana están en constante evolución y ampliación, pero para ello debe constatarse su viabilidad e idoneidad desde todos los ángulos”, explican en el ministerio. “En este contexto toma especial relevancia el nuevo de reglamento de la Ley de Extranjería, que también incluye medidas para evitar la irregularidad sobrevenida o salir de la situación de irregularidad”.