La reunión del Consejo de Ministros trasladada al lunes 23 de diciembre, como consecuencia de la festividad que se celebra el martes 24, promete ser larga e intensa por el gran número de asuntos que se va a tratar en el orden del día. En esa reunión está prevista la aprobación de un paquete de medidas de carácter económico y social que incluye, entre otros capítulos, la subida de impuestos al diésel, la extensión del gravamen a energéticas para su posterior derogación, la ampliación del llamado ‘escudo antiopas’ (la prerrogativa que se guarda el Gobierno para vetar posibles inversiones extranjeras que comprometan la seguridad o la autonomía estratégica) o la revalorización de las pensiones contributivas.
La subida de impuestos al diésel, con la que el Ejecutivo prevé recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año, pretende eliminar la bonificación de la que el gasóleo se beneficia en comparación con la gasolina y es una de las condiciones fijadas por Bruselas para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, solicitado el pasado viernes. Desde el Gobierno confían en que salga adelante en la posterior tramitación parlamentaria y que no suceda como en 2021, en el que la subida fiscal fue tumbada por el voto en contra de Podemos.
El Ejecutivo también quiere dar por finalizada la rebaja del IVA a los alimentos, que se prolongará durante dos años hasta que arranque 2025. De esa rebaja se han beneficiado alimentos básicos, como pan, huevos, verduras, frutas o del aceite de oliva y a partir del año que viene, el tipo superreducido que los grava volverá al 4%, toda vez que la hiperinflación que provocó su aprobación se ha ido atenuando en los últimos trimestres.
Otro de los asuntos que se tratará será la prórroga del blindaje a empresas estratégicas, conocida como escudo antiopas. La medida deja en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Las últimas cifras oficiales, sin embargo, muestran que ese mecanismo de veto solo se ha tenido activar una vez entre marzo de 2020 y finales de 2023 sobre un total de 264 operaciones estudiadas.
Finalmente, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar un real decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2025, con un alza del 2,8% de las pensiones contributivas. La citada subida beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.