El PSOE ha optado por el mal menor y ha decidido este jueves in extremis, a pocos minutos de que comenzara la programada Comisión de Hacienda en el Congreso, aplazar esta sesión hasta el próximo lunes para intentar buscar apoyos al proyecto de ley que contenía una reforma fiscal y la extensión del nuevo impuesto a la banca y las compañías eléctricas. El Gobierno ha negociado a todas las bandas posibles con todos los grupos parlamentarios, pero finalmente ha constatado que no disponía de la mayoría suficiente para que ese proyecto, que contiene una transposición de una directiva europea obligatoria, saliera adelante.
Este nuevo aplazamiento vuelve a poner el foco en la evidente inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo, atrapado entre las exigencias de los partidos de la derecha parlamentaria y las de varios de sus socios de izquierdas, que quieren convertir en permanente el impuesto a las grandes multinacionales y energéticas. El PP amagó incluso con ofrecer su apoyo a la reforma para evidenciar las debilidades del Gobierno, pero en el PSOE optaron por aplazar la sesión para buscar esos votos de los socios hasta el último minuto. El pleno para ratificar esa norma y que pudiera entrar en vigor antes de que acabe el año y Bruselas imponga posibles sanciones a España debería celebrarse el jueves que viene.
El PSOE y Sumar llevaban semanas negociando algunos aspectos de un nuevo paquete fiscal como paso previo a sus contactos para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que ahora se consideran claves para afrontar la reconstrucción en Valencia tras la dana, y finalmente la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció el acuerdo el pasado lunes. Ese anuncio se produjo apenas una hora antes de que comenzara en el Congreso una Comisión de Hacienda que debía emitir un dictamen con el informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Y el pacto ha alterado todas las alianzas que el Ejecutivo venía sembrando con otros grupos cuyos votos necesita para que prospere tanto esa norma como la senda de estabilidad básica para el diseño de los futuros Presupuestos. Las posturas defendidas a ultranza y con “líneas rojas” por Junts y el PNV se manifiestan incompatibles con las demandas de Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu o el BNG.
A finales de octubre se cerró el plazo parlamentario para incluir enmiendas al proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales, que llevaba ya meses de retraso y que supone trasponer una directiva europea que ya le ha supuesto al Ejecutivo una denuncia por parte de Bruselas. El Gobierno se demoró porque ha intentado aprovechar la ocasión para integrar en ese proyecto algunas reformas fiscales requeridas por ciertos socios. El PSOE estableció así contactos bilaterales hace semanas con el PNV y Junts, para aceptar algunos de sus planteamientos, pero también con Sumar y otros partidos de izquierdas, que persiguen prolongar o dejar el impuesto temporal que se ha aplicado estos años de crisis a la banca y las multinacionales de manera permanente.
La formación de Yolanda Díaz comunicó el lunes, además, que en su acuerdo había logrado forzar otros retoques en la fiscalidad con evidente contenido progresista, como el 21% de IVA para las viviendas turísticas, la subida de dos puntos en la tributación de las rentas del capital a partir de 300.000 euros, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo o suprimir el régimen fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) que utilizan algunas grandes fortunas para evitar impuestos.