El fiscal de delitos económicos Julián Salto ―19 años de experiencia― detalló ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la fiscal superior, Almudena Lastra; y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez le llamaron de urgencia en la noche del 13 de marzo pasado para preguntarle por una denuncia que él mismo había presentado unos días antes contra Alberto González Amador, empresario comisionista y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Salto, según la declaración judicial a la que ha tenido acceso EL PAÍS, consideró legal esas llamadas de sus superiores y también el hecho de que le pidieran la documentación ―correos electrónicos― para acreditar que su actuación había sido impecable en el caso de fraude fiscal que afectaba al novio de Ayuso. El fiscal Salto se sorprendió al conocer que un correo electrónico suyo que había enviado “por cortesía” al abogado de González Amador para informarle que podían iniciar la negociación para llegar a un acuerdo de conformidad aparecía publicado en los medios de comunicación. Ese documento había sido difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, con una versión de los hechos muy alejada de la realidad.
Rodríguez informó a diversos medios que la fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador a cambio de que este admitiera dos delitos, aunque había sido justo al revés. Fue la pareja de Ayuso quien propuso un acuerdo de conformidad que pasaba por admitir dos delitos ―algo que ya había hecho ante la inspección tributaria―, pagar una multa y rebajar así a ocho meses de cárcel la pena para de esa manera no ingresar en prisión.
El jefe de gabinete de Ayuso filtró uno de los cinco correos secretos existentes entre el fiscal y el abogado de González Amador y añadió que esa propuesta de acuerdo había sido retirada “por órdenes de arriba”. En su declaración judicial, Salto desmintió a Rodríguez al responder en varias ocasiones que “nadie nunca” le presionó para que retirara ninguna oferta de acuerdo a la pareja de Ayuso.
El Tribunal Supremo investiga ahora al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos dado que el correo electrónico donde se acreditaba que González Amador había ofrecido admitir dos delitos fiscales a cambio de ver rebajada su pena de cárcel fue publicado por algunos medios horas después que el fiscal Salto lo enviara a sus jefas. García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana después de que el Supremo abriera la investigación por esta causa, por lo que no conserva ninguna de las comunicaciones que pudo hacer el 13 de marzo, cuando sucedieron los hechos ahora investigados.
Lo que sigue resume la declaración judicial del fiscal Julián Salto, que ha sido citado a declarar la próxima semana en el Supremo.
Las llamadas de urgencia: “La prensa cuenta una información que no es verdad”
“A las 21.39 recibo una llamada desde el teléfono oficial de la fiscal jefe provincial. Es una llamada corta, de 44 segundos, en la que le cuento que estoy en un evento deportivo. Pero a las 21.43 me vuelve a sonar el teléfono y la fiscal jefe provincial me dice que no puedo diferir la dación de cuentas, pero me viene a decir que el fiscal general necesita saber la información de este expediente. Y me dice que tengo que buscar el modo de darle cuenta ahora. Me retiro a una parte del estadio, donde haya menos ruido, y hablo con ella. La llamada son unos cuatro minutos, le cuento cual ha sido mi actuación. Me viene a decir que a qué nos hemos comprometido, porque al parecer en el artículo de prensa se está mencionando que le hemos ofrecido una conformidad al señor González Amador, dato que es incierto por los correos que se han aportado, son inciertos. Ante esa noticia a mí me exigen una dación de cuentas por el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es una orden que yo considero que es legal, de trascendencia mediática en el momento en que está implicado entiendo… el problema es que los asuntos de trascendencia mediática en fiscalía provincial de Madrid el criterio es muy laxo, con lo cual cualquier asunto que salga en un medio de comunicación es de trascendencia mediática, con lo cual este asunto ha salido, yo tengo que dar cuenta. A mí me parece una orden legal, que me diga que le cuente qué ha pasado, a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación, sobre todo porque en la prensa están contando una información que no es verdad. Y entonces yo le cuento la misma cronología de correos… que el señor Carlos Neira contacta con nosotros, yo le cuento toda la secuencia a mi fiscal decana, si se le puede ofrecer una conformidad, si hay otras personas implicadas, si puede haber una conformidad parcial, le cuento todo lo que hay y la secuencia de correos electrónicos que hemos mandado, sin ocultar ninguna. Ella me dice que le ponga a su disposición los correos electrónicos, y yo se los pongo a su disposición, porque sigo pensando que es una orden legítima, porque sigo pensando que tengo obligación de dar cuenta y si no doy cuenta incurro en una sanción grave o muy grave de acuerdo al artículo 66 del Estatuto Fiscal (…). No he tenido ninguna participación ni he filtrado ninguna información ni de este procedimiento ni de ningún otro en los 19 años que llevo ejerciendo el cargo de fiscal”.
Pregunta. ¿Se le informó a usted de que los correos que iba a enviar se iban a reenviar a una cuenta de Gmail personal del fiscal general del Estado?
Respuesta. A mí la única información que se me da es la que le he dicho. El fiscal general del Estado quiere saber y que ponga los correos a disposición de la fiscal jefe provincial. Desconozco la forma de dación de cuenta que ha podido tener ella, entiendo que a ella también le están dando una orden, puedo entenderlo. Si me está diciendo que el fiscal general del Estado quiere saber, entiendo que ella recibe órdenes porque tiene superiores. Pero a mí en ningún momento me comunica lo que va a hacer ella con mis correos.
P. Después de reenviar estos correos, vio usted en prensa…
R. No. Yo no he visto el correo del señor Carlos Neira [abogado de González Amador] que se ha publicado. He visto el mío, el del señor Carlos Neira no lo he visto. Ya le digo yo que no he sido yo quien ha publicado ese correo.
P. ¿Usted fue encargado de este asunto una vez recibida la denuncia de la Agencia Tributaria por turno objetivo de reparto verdad?
R. Correcto. Hay una tabla de reparto en la Fiscalía Provincial de Madrid y por orden de escalafón, y ahí se nos van turnando los asuntos.
“Ninguna orden, sugerencia, instrucción, de no llegar a un pacto”
P. ¿Una vez que supo usted el 8 de marzo que la persona denunciada era la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a partir de ese momento que se le empiezan a pedir dación de cuentas, informaciones, usted en algún momento ha recibido alguna sugerencia, orden, instrucción, llámelo como quiera de no llegar a un pacto?
R. Ninguna. Lo único que me llega después de la dación de cuenta que me piden el 13 de marzo, a mí me llega creo que físicamente un decreto de la fiscal jefe diciendo que ese asunto es a partir de ahora de dación de cuenta y que cualquier escrito a partir de ahora de sobreseimiento o calificación, cualquier información relevante hay que ponerlo en conocimiento a una cuenta de correo especial. La única dación de cuenta adicional creo que es el 19 de marzo cuando nos comunican que la denuncia ha sido admitida por el juzgado de instrucción 19, y yo procedo a comunicarlo a la fiscal decana por correo electrónico para que se lo comunique a la fiscal jefe provincial y tenga conocimiento de ese auto.
P. A usted lo que le dicen es que es el procedimiento normal, cuando un hecho tiene trascendencia bien por su entidad, bien por las personas implicadas, es una dación de cuentas del artículo 25…
R. No se han salido fuera del procedimiento normal, no se han salido. Por supuesto.
P. En cualquier caso, la pregunta que le hacía alguna orden o instrucción o sugerencia de que no llegara a un acuerdo…
R. A mí nadie me ha dicho que puedo llegar a un acuerdo o que no puedo llegar a un acuerdo, a mí nadie me ha dicho nada ni me ha presionado absolutamente.
P. ¿En ningún momento? ¿Ni antes, ni después?
R. Durante la tramitación de las diligencias de investigación preprocesales es imposible que alguien me dé, porque no lo conocíamos, de hecho si no, hubiéramos dado cuenta. Y posteriormente a presentar la denuncia, en ningún momento nadie, ningún superior me ha llamado o me ha dicho que no puedes seguir adelante con la conformidad. Creo, por lo que he leído, que están en negociaciones para intentar llegar a un acuerdo. Es lo último que sé.