El Tribunal Constitucional se dispone a apartar al magistrado José Mario Macías de las decisiones que tome esta institución sobre la Ley de Amnistía. El pleno que el tribunal celebrará a partir del próximo martes incluye el debate y resolución de la propuesta que se presentará para aceptar la recusación contra dicho magistrado, por falta de imparcialidad. Fuentes del propio Constitucional estiman que se aprobará este informe, al menos con los votos de los seis componentes del sector progresista del órgano de garantías, aunque no se descarta que se sume alguno de los cuatro componentes del grupo conservador.
La aceptación de la recusación presentada contra Macías significará que el tribunal que va a resolver sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía quedará finalmente compuesto por seis magistrados, los citados seis progresistas y cuatro conservadores. La ausencia de Macías se sumaría así a la del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien anunció que se abstendría de tomar parte en las deliberaciones sobre dicha norma, en razón de su anterior cargo, desde el que participó en los informes y gestión de los decretos de indulto a los dirigentes independentistas.
Macías, en cambio, estima que no hay razones para su abstención, a pesar de sus claros pronunciamientos previos contra la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Frente a la recusación de la Fiscalía ―compartida por la Abogacía del Estado―, dicho magistrado argumenta que los miembros del tribunal no deben ser apartados de su cargo por las opiniones que hayan expresado en relación con los textos de las leyes en momentos anteriores a su pertenencia al tribunal. De hecho, en el sector conservador siempre se ha esgrimido que la magistrada Concepción Espejel no pudo conseguir que se aceptase su abstención cuando se debatió sobre la ley del aborto, a pesar de haberse manifestado claramente en contra de dicha norma.
La propuesta de resolución de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, estima en cambio que hay razones muy fundadas para que Macías no participe en el debate y las sentencias que se dicten sobre la Ley de Amnistía. Se razona a este respecto que dicho magistrado suscribió dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tajantemente en contra de la norma que permite el perdón a los líderes del procés.
El informe del CGPJ sobre la amnistía firmado por Macías el pasado marzo, seis meses antes de ser nombrado magistrado del Constitucional, sostenía que la ley del perdón penal a los encausados del procés no pretendía la normalización política en Cataluña, sino que se trataba de un pacto político para satisfacer “intereses partidistas” y desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La amnistía, subrayaba el documento, vulneraba así el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica establecidos por la Constitución.
Las tesis de Macías, que fueron expuestas a la Ley de Amnistía ya aprobada por el Parlamento, sirvieron de base para las decisiones del Senado, donde el PP tiene mayoría absolúta, contra la mencionada norma, con pasos que incluyeron un cambio del reglamento de la cámara Alta con el fin de retrasar la tramitación del texto, impidiendo así mayor celeridad en su aprobación en el Congreso.
Una vez resuelta la recusación de Macías, el Constitucional podrá iniciar de manera efectiva su deliberación sobre el fondo de las cuestiones planteadas en los recursos contra la Ley de Amnistía porque la falta de abstención de dicho magistrado había impedido el comienzo de la reflexión. Ahora, sin embargo, la aceptación de la recusación contra Macías le aparta en primer lugar de la resolución relativa a la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo contra dicha norma. Pero a Macías le había correspondido actuar como ponente en el caso del recurso del PP. Si no se abstiene en este segundo caso, el tribunal tendrá que volver a resolver sobre esta recusación. Todo ello puede volver a suponer nuevos trámites y tal vez retrasos, pero en cualquier caso el Constitucional podrá entrar ya de lleno a estudiar la impugnación del Supremo.