El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del grupo parlamentario del PP en el Senado contra la ley de paridad, que por vía de enmienda retiró el poder de veto de la cámara alta al techo de gasto. La aprobación de dicho techo es el primer paso para la posterior convalidación del proyecto de presupuestos del Estado. El PP ya ha utilizado este mecanismo de bloqueo en más de una ocasión en la presente legislatura, en que cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
El recurso presentado sostenía que la eliminación de dicho poder de veto supone una lesión de los derechos los parlamentarios. En concreto, el PP considera que la reforma introducida en la citada ley de paridad para eliminar competencias del Senado vulnera los derechos fundamentales al ejercicio del cargo representativo de sus senadores, en términos que contravienen el artículo 23 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2. El primero de ellos establece que los ciudadanos “tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, y el segundo prevé que igualmente “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
La norma de la ley de paridad impugnada fue introducida mediante una enmienda apoyada por el PSOE y Sumar. Durante la tramitación parlamentaria se propuso una disposición final cuarta para quitar al Senado el poder de veto irrevocable a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado. El texto aprobado establecía que “si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple”.
PSOE y Sumar explicaron su iniciativa argumentando es preciso asegurar un proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública “que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional”. El PP, a su vez, criticó que los partidos de la coalición de Gobierno utilizaran el traslado de una directiva de la UE con la que se pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres para sortear con vulneración de derechos de sus parlamentarios los obstáculos que el Senado pudiera poner a los proyectos gubernamentales.