El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado este martes una recomendación a España para que cambie su normativa sobre indemnización por despido improcedente, según ha comunicado este organismo. Pide a España que proceda a “revisar y modificar la legislación pertinente”, con el objetivo de “garantizar que la compensación otorgada en los casos de despido ilegal, y cualquier escala utilizada para calcularla, tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso”. El pasado marzo, el Consejo de Europa ya señaló (tras una reclamación de UGT) que el sistema español de compensación, tasado en días, no siempre resarce ese daño por despido improcedente, por lo que la normativa incumplía la Carta Social Europa. Ahora eleva el tono, con una petición de calado político. Esto presiona al Ejecutivo para abordar el cambio, ya que PSOE y Sumar prometieron en su programa de Gobierno cumplir la Carta en este asunto.
El sindicato UGT presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que depende del Consejo de Europa) en 2022 porque, en su opinión, las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y ese máximo de 33 días por año del sistema tasado español, interpreta el sindicato, no siempre es “adecuado” o “reparador”. La institución encargada de interpretar la Carta, el CEDS, le dio la razón y ahora el Comité de Ministros pide a España que afronte el cambio.
El Consejo de Europa también solicita a España “continuar con los esfuerzos para garantizar que la cantidad de daños pecuniarios y no pecuniarios otorgados a las víctimas de despidos ilegales sin justificación válida sea disuasoria y desalentadora para el empleador, con el fin de asegurar la protección de los trabajadores contra dichos despidos ilegales”. Asimismo, requiere al Ejecutivo que indique “las acciones tomadas para cumplir con esta recomendación en el próximo informe de seguimiento a esta decisión”.
El Ministerio de Trabajo viene defendiendo un cambio en la normativa, con más insistencia desde que se conoció la resolución del CEDS. De ahí que anunciaran que abordarán la reforma en el diálogo social una vez se solucione la reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional y el estatuto del becario. En el PSOE son más reticentes al cambio, según fuentes conocedoras de las conversaciones al respecto.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación].