Jarro de agua fría para el Gobierno de coalición y su intención de impulsar una reforma fiscal en España. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha votado en la tarde de este lunes, en una sesión caótica y confusa para trasponer la directiva europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales, a favor de enmiendas menores que echan por tierra los grandes planes del PSOE y Sumar. En cambio, debido a la división de los socios del Ejecutivo, la sesión ha rechazado el grueso de la reforma que pretendía sacar adelante el Ministerio de Hacienda, dando un portazo a la subida fiscal al diésel y a la posibilidad de convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas. El Gobierno aún tiene la opción de aprobar in extremis las medidas en el Pleno del jueves, aunque fuentes gubernamentales se muestran pesimistas por cómo ha transcurrido la sesión de este lunes.
La Comisión, además de validar la directiva que impone un mínimo del 15% a las multinacionales, ha dado luz verde a las medidas que corregían la reforma del impuesto de sociedades del antiguo ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro. Era un cambio técnico necesario para asegurar los ingresos de este impuesto —la tercera figura fiscal más importante— después de que el Tribunal Constitucional hubiese anulado las modificaciones por no haberse tomado a través de la vía correcta. Además, la sesión también ha aprobado un aumento del ahorro en el IRPF para las rentas más altas, un alza fiscal al tabaco y a los cigarrillos electrónicos y un cambio técnico que trata de poner fin al fraude en el IVA de los hidrocarburos.
En cambio, el Gobierno no ha conseguido aprobar la enmienda que recogía el aumento fiscal al diésel, una medida a la que se había comprometido con algunos de los socios y que, junto a los gravámenes sectoriales, suponía el grueso de sus aspiraciones. La reforma fiscal es crucial para el Gobierno, ya que de su aprobación y validación por parte de Bruselas depende el pago del quinto desembolso de los fondos europeos. Son alrededor de 7.200 millones de euros que España se juega y que tendrá que negociar con la Comisión Europea.
El Gobierno ha querido aprovechar la trasposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales para aprobar en España una suerte de reforma fiscal. Por eso, a lo largo de las últimas semanas, el proyecto de ley ha sido completado con infinidad de enmiendas en materia tributaria que han ido presentando el PSOE y Sumar, los socios de la coalición y algunos partidos de la oposición. Sin embargo, los vetos cruzados entre unos y otros, sumado a la dificultad para llegar a acuerdos entre las formaciones que suelen dar soporte al Ejecutivo, han terminado por hacer decaer la mayor parte de las iniciativas.