El Gobierno ha vuelto a ganar tiempo para intentar reconducir la tormentosa relación con Junts. La ruptura con la formación independentista estuvo planeando hasta última hora, ante la insistencia de los socialistas en que no admitirían a trámite en la Mesa del Congreso, convocada para la mañana de este jueves, la propuesta de los independentistas para que el pleno de la Cámara instase a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. La formación de Carles Puigdemont, que tiene previsto un pronunciamiento público este viernes en Bruselas, amenazaba con cortar cualquier apoyo parlamentario al Gobierno si se vetaba su iniciativa. Tras un tenso tira y afloja, la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, ha vuelto a hacer lo mismo que en diciembre, cuando Puigdemont lanzó su órdago: aplazar cualquier decisión alegando que existen dudas jurídicas sobre la pertinencia de una iniciativa que algunos ven como una moción de censura encubierta. La ruptura se ha evitado por ahora, pero todo queda a expensas de nuevas negociaciones.
Aunque Junts no se ha pronunciado, fuentes parlamentarias aseguran que la formación ha valorado como apropiado este nuevo aplazamiento. El secretario de la Mesa y representante de Sumar, Gerardo Pisarello, informó de que ahora se buscará la manera de “adaptar” la propuesta de Junts a lo que requiere el Reglamento de la Cámara baja sobre una prerrogativa, la de someterse a una cuestión de confianza, que solo corresponde plantear al propio jefe del Ejecutivo.
La reunión de la Mesa se ha prolongado durante más de una hora, ante el debate planteado por el PP, favorable a admitir a trámite la iniciativa indepedentista. Los populares pretendían forzar que se votase este mismo jueves, a sabiendas que Puigdemont ha convocado el viernes en Bruselas a la cúpula de su partido y, en caso de rechazo a sus pretensiones en el Congreso, probablemente daría por rotas sus relaciones con el Gobierno. Pero los votos de los cinco miembros de PSOE y Sumar, frente a los cuatro populares, lo han impedido.
Pisarello, secretario de la Mesa, ha apelado a razones “jurídicas y políticas” para justificar el aplazamiento. Por un lado, el dirigente de los comunes catalanes y de Sumar ha señalado que persisten las dudas entre la mayoría del órgano del gobierno de la Cámara sobre el encaje reglamentario de la iniciativa, una idea sobre la que insistieron fuentes socialistas. En el apartado político, Pisarello ha hablado de la necesidad de seguir negociando para apuntalar la “mayoría de investidura”. Y en ese punto ha urgido a emprender “un despliegue político de la amnistía” en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la negativa del Supremo a aplicarla a Puigdemont y Junqueras. Eso implicaría “reconocer como personas amnistiadas e interlocutores” a los máximos dirigentes de Junts y ERC. Sánchez ya se ha mostrado dispuesto a reunirse con ambos, aunque el Gobierno no ha concretado más.
Los letrados del Congreso asumieron en un informe interno el pasado diciembre que existía base jurídica tanto para tramitar como para vetar la iniciativa de Junts, siempre con la salvedad de que su hipotética aprobación no sería vinculante para el presidente. Una de las posibilidades que se han manejado es que Junts reformule iniciativa para dejar claro que se trata de una mera declaración política que no compromete legalmente al Ejecutivo. El partido de Puigdemont exigió que el Congreso votase esa propuesta porque entiende que su relación con el Gobierno de Sánchez no pasa por un buen momento y porque cree que no se han cumplido algunos de los compromisos adquiridos hace un año en el acuerdo de investidura. Junts alude a la transferencia íntegra de las competencias en materia de inmigración, la posibilidad de usar el catalán en las instituciones europeas o la aplicación general de la polémica ley de amnistía, que ya no depende de las actuaciones del Ejecutivo y de cuyos beneficiarios el Supremo excluyó a Puigdemont.
Los partidos con grupo parlamentario tienen una serie de cupos para registrar este tipo de propuestas en el Congreso a fin de ser debatidas en pleno. El de Junts, en este nuevo periodo de sesiones, correspondería a finales de febrero, lo que significa que aún tendrían tiempo para insitir con su proposición, que la Mesa la volviese a estudiar y que pudiera debatirse y hasta aprobarse en un pleno en esas fechas. Que la cuestión de confianza fuese reclamada por el pleno de la Cámara, pese a no obligar en nada al jefe del Ejecutivo, supondría un varapalo político en un momento ya bastante convulso de la legislatura y cuando en teoría se está perfilando la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, los primeros de este mandato.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho esta misma mañana en una entrevista en Canal Sur que la Mesa del Congreso no podía tramitar la proposición de Junts tal y como se había presentado. “Es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la Mesa del Parlamento no puede tramitar esa proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto más allá de parecer”, ha añadido.
Por su parte, el Partido Popular ha querido es aprovechar esta situación para subrayar la dependencia del Gobierno de Sánchez del partido de Puigdemont, al tiempo que ha admitido sus dificultades de interlocución con el partido independentista para plantear una eventual moción de censura conjunta, el instrumento previsto en el Reglamento del Congreso para que la oposición promueva la retirada de la confianza y la caída del Ejecutivo. La vicesecretaria popular Ester Muñoz ha descartado este jueves que el PP vaya a abrir contactos con el líder de Junts, porque tiene su residencia fuera de España tras huir de la justicia española en 2017. “Es complicado, el señor Puigdemont está en Waterloo y nosotros en España”, ha aseverado Muñoz preguntada sobre posibles contactos con ese partido, informa Elsa García de Blas
La Mesa del Congreso ha aprovechado su reunión de este jueves para incluir en el orden del día del pleno extraordinario de la semana que viene, el miércoles 22, la aprobación del dictamen adoptado por unanimidad por la comisión del Estatuto del Diputado sobre la concesión del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para retirar la inmunidad parlamentaria al diputado ahora del Grupo Mixto José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE. De ese modo el Supremo tendrá ya vía libre para investigar a Ábalos por su implicación en el llamado caso Koldo.
Perder una cuestión de confianza sí tiene consecuencias y abre un proceso de investidura
La presentación y posible aprobación o rechazo de una cuestión de confianza no es un asunto menor, sin consecuencias políticas para el Gobierno y su presidente. El artículo 112 de la Constitución refleja cómo debe articularse y en teoría por quién: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”. El artículo 114 específica: “Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”. Este artículo es el que regula normalmente los procesos de investidura.
Lo que Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha registrado en el Congreso es una proposición no de ley en la que solo se puede instar, si fuese aceptada, a que sea el jefe del Gobierno el que asuma esa reclamación de la cuestión de confianza, en principio sin más consecuencias. El debate técnico, jurídico y político en ciernes es precisamente sobre hasta qué punto asumir esa propuesta tendría consecuencias y vinculaciones obligatorias para el presidente para aceptar ese debate, pero también sobre si ese hecho podría suponer en realidad ya un cierto cuestionamiento o varapalo de la propia labor del presidente. En el propio grupo socialista hay posiciones diferentes y dudas al respecto y también en Sumar. Pero lo que los letrados del Congreso han ratificado a preguntas de miembros de la Mesa es que si el debate de la cuestión de confianza llegase a pleno y esta fuese rechazada por una mayoría, se tendría que poner en marcha un proceso de investidura.