No hay rastro de alborozo navideño en la relación que mantienen Junts per Catalunya y el Gobierno. El partido que comanda Carles Puigdemont empieza el año con una mueca de disgusto por lo que considera como una falta de compromiso del PSOE y de Pedro Sánchez. El último roce tiene que ver con el vacilante traspaso a la Generalitat de las competencias en materia de inmigración, un asunto que ha encendido otro conflicto entre las partes pese a que supuestamente había un acuerdo en firme para escenificar un apretón de manos antes de despedir 2024. El tema no ha avanzado con la agilidad prevista e inyecta veneno a una alianza que nació de intereses mutuos, pero que ha quedado preñada de desconfianza.
El traspaso a la Generalitat de la gestión de la inmigración es la carta en la manga que se había guardado Junts para poder anotarse algún tanto en el tiempo de descuento. El partido asume que es un rédito que cuesta sudores y que, al fin y al cabo, serán el PSC y Salvador Illa quién ejercerá la competencia desde la presidencia del Govern. Pero no por ello Puigdemont y Miriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso y persona de la plena confianza del expresident, han puesto menos empeño para cerrar un trato con el PSOE. Hace un año, justo después del Día de Reyes, Junts anunció haber logrado la “transferencia” a la Generalitat de las competencias sobre inmigración. Desde entonces, el tema se ha convertido en un tira y afloja con las partes enfrascadas en determinar qué aborda exactamente el trato.
Junts había manifestado públicamente que el tema debería estar encauzado antes de despedir 2024, y el Gobierno manifestó durante el mes de diciembre que se habían “intensificado” los contactos con los enviados de Puigdemont para sellar un acuerdo. Al equipo de Sánchez le interesaba especialmente resintonizar con Junts para, de rebote, poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Preguntado sobre los posibles plazos, a finales de noviembre Salvador Illa incluso avanzó en el Parlament que la Generalitat tenía en la punta de los dedos el traspaso de competencias: “Parece que las va a tener pronto”, dijo.
Las partes no dan detalles sobre la evolución de la negociación pero las últimas declaraciones de Puigdemont, incluso desafiando a Pedro Sánchez a presentar una moción de confianza, han puesto de relieve que el camino se ha empinado. “El acuerdo sobre las competencias de inmigración no es sencillo, llevamos tiempo negociando. Cuando se acuerde será público. Se está hablando. Hay varios escollos”, señalan desde el Gobierno, informa José Marcos.
Junts, espoleado por el auge de la extrema derecha identitaria en Cataluña, ha endurecido su discurso contra la inmigración, e incluso ha mezclado la multirreincidencia con las personas migrantes: ‘’Si se expulsa o no a multirreincidentes se tiene que poder decidir desde Cataluña”, ha manifestado Jordi Turull, secretario general del partido. En la ponencia política aprobada durante el congreso de Calella (Barcelona), a finales de octubre, la formación expone que “la Administración de referencia para todas las personas que llegan tiene que ser la Generalitat y la policía de referencia, las policías locales y los Mossos d’Esquadra”.
El Gobierno replica que los asuntos relacionados con el control de fronteras forman parte inseparable de la competencia estatal, y solo admite delegar algunas funciones de gestión en la administración catalana. “No vamos a ser una ventanilla única del Estado español para hacer el trabajo mecánico y administrativo, pero que la decisión la tome otro”, reprocha Puigdemont. Sin acuerdo, el posicionamiento del partido es cerrar la puerta a cualquier apoyo al Gobierno.
“No vamos a Madrid a hacer amigos”, manifestó Puigdemont en su última entrevista, concedida a TV3 hace dos semanas. “Si el Gobierno del PSOE no respeta los intereses que nosotros defendemos, esto tiene que tener consecuencias”, abundó. El expresidente catalán asume públicamente que el trato que cerró personalmente hace un año en Bruselas con los emisarios socialistas no ha salido como él tenía planeado. “Las cosas no van bien”, admite.
Facilitarle la investidura a Pedro Sánchez supuestamente tenía que servir para que Junts y Puigdemont pudieran exhibir una serie de contrapartidas de peso. Mejoras a título personal, consistentes en dar carpetazo judicial a sus causas pendientes, y avances en la resolución de lo que el independentismo catalán identifica como “conflicto político con España”. Pese a que la ley de amnistía se aprobó hace más de medio año Puigdemont sigue corriendo el riesgo de ser detenido si regresa a Girona, él mismo ha catalogado la amnistía de “incompleta” e “insuficiente”, y no se conoce que haya habido ningún rediseño del encaje de Cataluña en España. Tampoco ha habido demasiados progresos en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, como manifestó haber logrado Junts en noviembre de 2023, a cambio de darle la presidencia a Sánchez.
El pacto entre Junts y el PSOE por el traspaso de las competencias en inmigración vino después de aquel acuerdo inicial. Pero ha terminado tropezando con las mismas piedras en el camino.