Durante años, los litigios judiciales entre Juana Rivas y su expareja Francesco Arcuri solían saldarse con más éxitos para él que para ella, en una contabilidad ligera y sin puntear todas y cada una de las muchas sentencias y autos emitidos desde 2016. Ese año Rivas acusó a Arcuri de violencia de género y de malos tratos hacia sus hijos y, tras unas vacaciones en España, decidió no llevarlos de vuelta a Italia, donde vivían hasta entonces. Pero un juzgado la obligó un año después a llevar a sus hijos de vuelta a la isla de Cerdeña a convivir solos con su padre. Ya en 2018, el juez Manuel Piñar la condenaba a cinco años de prisión y a la pérdida de la patria potestad durante seis años por negarse a devolver a los dos menores, aunque finalmente lo hizo; otro juzgado en Italia le quitó, tiempo después, la guardia y custodia de sus dos hijos.
Las dificultades llegaron incluso hasta el equipo legal de Rivas. Paqui Granados, su asesora, fue denunciada por el Colegio de Abogados de Granada. También el abogado actual, Carlos Aránguez, fue expedientado por su colegio profesional. El abogado de Arcuri llegó a querellarse contra la entonces ministra de Igualdad Irene Montero, hoy eurodiputada de Podemos, por unas declaraciones suyas. En definitiva, la presión sobre Rivas, su entorno y quienes la defendieran fue fuerte y continuada en los primeros años. Tanto que la salud de la madre es delicada a día de hoy.
Y así, con alguna victoria que otra, han pasado nueve años de enrevesada batalla judicial. En medio, un indulto del Gobierno que no fue fácil de lograr ―y que las pegas del Tribunal Supremo convirtieron en parcial― y la oposición del juez Piñar para ejecutarlo sin más. Cuando parecía que los litigios bajaban de intensidad (aunque sin cesar) con la puesta en libertad de Juana Rivas, una carta de su hijo mayor de edad, Gabriel, que vive con ella, dirigida a la Fiscalía italiana ha producido un efecto que nada antes había conseguido: que un juzgado de la ciudad sarda de Cagliari investigue los presuntos malos tratos de Arcuri hacia sus hijos, hechos denunciados desde el primer minuto del caso. Semanas después, otra declaración, en este caso del hijo menor, ha conseguido que una jueza le permita, en medio de gestiones a contrarreloj este martes por la noche, no tener que volver a Italia con su padre, ahora investigado por malos tratos.
La carta que ha volteado el caso tiene fecha de 10 de octubre de 2024 y lleva la firma de Gabriel Arcuri Rivas, mayor de edad desde hace algo más de ocho meses. En ella, dirigida al Fiscal General de Cagliari, expresa “la impotencia”, dice, que tiene “reprimida frente a esta situación, la de mi hermano Daniel”. Y continúa afirmando: “Mi infancia acabó en el verano del 2017″, cuando la madre evitó durante un mes la entrega de los niños a su padre quien, finalmente, se los llevó por una decisión judicial. El joven explica que ha vivido una “pesadilla”, de la cual su madre intentó sacarlo. “Pero por desgracia este sistema solo nos ha sumergido cada vez más”, añade. Gabriel, que convive con su madre en Maracena desde 2022, reconoce haber sido víctima de adicciones ―”[De las que salí] gracias a las pautas que le marcaron, a las enseñanzas que aprendí y al gran apoyo de mi madre y de mi familia española”― sin que su padre le diera solución ni atención alguna.
En vano, explica Gabriel, ha contado muchas de sus experiencias “a la Fiscalía italiana, en consultas con médicos, psicólogos, jueces…”. En vano porque, como lamenta en la misiva, su hermano seguía en Italia con su padre. La fiscalía valoró los hechos y apenas cuatro días después emitió un auto por el que abría una investigación contra Arcuri por al menos cinco delitos de maltrato, golpes y violencia familiar. Gabriel se dirige a las autoridades para pedir “medidas urgentes para tutelarlo, es un niño indefenso y, mientras esté bajo el control de Francesco, no podrá decir la verdad sobre lo que está viviendo. Soy la voz que mi hermano ha perdido”.
Una voz que finalmente, y no sin esfuerzo, ha conseguido ser escuchada en España. El fin de las vacaciones de Navidad significaba, a priori, el retorno del menor con su padre. El 2 de enero, día en que Daniel debía regresar a Italia, Rivas solicitó en ese país que el niño se quedara con ella alegando malos tratos y acoso telefónico del padre durante el periodo navideño. El juzgado italiano, una vez más, le denegó la petición. Pero sus abogados, que dan poco o nada por perdido, recurrieron la resolución en Italia, que marcaba el 8 de enero como fecha límite para el regreso. Así, las 24 horas anteriores fueron frenéticas. Un juzgado de familia, un juzgado de violencia de género, la fiscalía granadina y el juzgado de guardia fueron interpelados legalmente por los letrados hasta que, por fin, la declaración del menor ante la jueza ―”nadie ha escuchado a Daniel en un juzgado español hasta ahora”, ha afirmado Aránguez― ha logrado suspender la entrega del niño a su padre, que permanecerá en España hasta que un juzgado de violencia de género emita una decisión sobre una denuncia de Rivas y su hijo contra su padre.
Las dos intervenciones en sede judicial han logrado los dos grandes éxitos para Juana Rivas y, sobre todo, para sus hijos. Es algo en lo que insiste, por ejemplo, Sira Riego, ministra de Juventud e Infancia. “La voz de Daniel ha sido finalmente escuchada. Ha podido contar lo que vive y explicar por qué siente miedo. Este es un paso fundamental, pero no suficiente”, ha afirmado, para añadir: “No podemos permitir que niños como Daniel sean invisibilizados y silenciados”, ha concluido.
Un largo camino
El caso Juana Rivas, sin embargo, aún no ha terminado, y tiene recorrido por delante. La investigación por malos tratos contra el padre, el litigio por la custodia del menor y su estancia definitiva en España, las denuncias entre abogados y juez… Si hubiera que poner una fecha inicial, todo se remonta a 1997, cuando Juana Rivas y Francesco Arcuri se conocen durante una estancia de ambos en Londres. Un momento fundamental, y nada bueno, tiene lugar el 7 de mayo de 2009, hace casi 15 años y medio. Rivas y Arcuri ya tenían un hijo común, Gabriel, y los tres residían en el centro de Granada. Una discusión a las seis de la mañana de aquel día en la vivienda familiar entre los progenitores acabó con la primera en el suelo, arrastrada y golpeada por su pareja y con diversos hematomas, según auto de un juzgado de Violencia de Género. Días después, un juez penal determina que Arcuri es responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar y lo condena. Tres meses de prisión y alejamiento de 200 metros de Rivas durante un año y tres meses es el resultado de ese encuentro, el primero de muchos, en los juzgados.
Pasado el tiempo del alejamiento obligado, contaba Paqui Granados, asesora de Juana Rivas, a este diario en 2017, Francesco pidió a Juana que volvieran “y ella acepta irse a Italia juntos”. En una pequeña isla llamada San Pietro, perteneciente a Carloforte, en Cerdeña, la pareja y el hijo conviven en la casa rural que regenta Arcuri. Allí también nació Daniel, que en unos días cumplirá 11 años. Rivas vivía, narraba Granados, “aislada, trabajando mucho y sin contacto con casi nadie. A ocho kilómetros de la ciudad más cercana y a tres horas en ferry de un juzgado”. El 18 de mayo de 2016, Rivas llegó a su casa de Maracena, con sus dos niños. Denunció a Arcuri en España por malos tratos y violencia de género y nunca volvió al hogar familiar. La justicia obligó a los niños a volver con su padre. Han pasado casi nueve años y, tras mucho tiempo de sentencias contrarias a Juana ―y en definitiva a sus niños―, el guion, al menos de momento, ha cambiado.