El año 2024 será uno de esos que el independentismo catalán querrá enterrar en el olvido. Hubo derrotas colectivas e individuales y los triunfos supieron a poco. Por un lado, se perdió la mayoría independentista en el Parlament tras 12 años de bloque secesionista. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya fueron derrotados por los socialistas en las elecciones catalanas de mayo e, inmersos en sendos procesos de reconstrucción interna, aún tienen sobre la mesa la carpeta de cómo abordar el nuevo ciclo político. Sus respectivos líderes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, ganaron en sendos congresos, pero el primero tendrá que lidiar con la evidente división interna que genera su figura, mientras que el expresident tendrá que hacerlo con la imposibilidad de ejercer como jefe de la oposición. Ambos esperan una aplicación de la amnistía que emprenda el complejo camino de los recursos, un asunto que envenena la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita sus votos pero que ambos líderes independentistas insisten en que no darán de manera gratuita.
ERC y Junts suman 14 escaños en el Congreso de los Diputados y esos votos son vitales para que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) y salga adelante cualquier iniciativa legislativa. Aquí, a diferencia del Parlament, donde ambos también numéricamente pueden dar aire a un Salvador Illa en minoría (con los de Puigdemont allí suman mayoría absoluta, con los republicanos también han de sumar a los comunes para imponerse), el discurso de exigencia hacia Sánchez es idéntico. No habrá más apoyos si no se cumple primero lo pactado en la investidura.
Dentro de ERC, eso quiere decir gestos reales en tres frentes. Cumplir con la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica; avanzar en la financiación singular (si bien es un acuerdo con el PSC para investir a Illa, la pista de juego está en el Gobierno y las Cortes); y cristalizar el traspaso de Rodalies, los trenes de Cercanías catalanes, a la Generalitat. Las relaciones entre socialistas y republicanos estaban congeladas a la espera de que ERC votara su nueva cúpula. Hace dos semanas, Junqueras se impuso en la segunda vuelta, pero quedó claro que ha de pilotar un partido dividido ante su liderazgo.
Los republicanos tienen pendientes, además, votar sus ponencias política y estatutaria en marzo. El frente doméstico tendrá que ser atendido por un Junqueras que, más allá de que aspire a ser candidato en las próximas catalanas, tiene en las municipales de dentro de dos años la gran prueba de fuego sobre su receta para “volver ERC grande otra vez”. Durante la campaña para la presidencia del partido se esmeró en mostrar cierta equidistancia hacia los socialistas, pero para rearmar ideológicamente el partido tendrá seguramente que ser más claro. De momento, parapetado en el discurso de la exigencia previa a cualquier nuevo acuerdo, espera aguantar. Su triunfo, además, le da ahora todo el margen de maniobra al portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
A Junts, la relación con el PSOE se le hace pastosa. Puigdemont manifiesta que el acuerdo de Bruselas de noviembre de 2023, que facilitó la investidura de Sánchez a cambio de contrapartidas, se fraguó desde “la desconfianza”. Nunca ha dejado de estar en cuestión. En su última comparecencia desde Bélgica, el expresidente catalán insistió en que ha llegado la hora de plantear “un punto de inflexión”. El PSOE insiste en que la legislatura va a agotar sus cuatro años, pero Junts sostiene que los primero 12 meses ya son una evidencia de que el trato no funciona.
Sobre esa premisa, los de Puigdemont aseguran que les resulta impensable plantearse dar apoyo a los Presupuestos. El rechazo no es aplicable solo a las cuentas, sino que contagia a cualquier iniciativa legislativa que busque el Gobierno. Los socialistas asumen que se complica poder contar con los votos de Junts para que la legislatura fluya, más aún cuando el grupo de diputados que lidera Miriam Nogueras ya ha dado muestras de no tener inconveniente para cerrar alianzas con el Partido Popular.
La advertencia de Puigdemont de dinamitar la legislatura si no se acepta la tramitación de la cuestión de confianza a Sánchez, tendría “consecuencias irreversibles”, dijo, toma forma de ultimátum pero, en realidad, la amenaza siempre estuvo ahí. Desde que los diputados de Junts en el Congreso validaron la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa, primero, y la investidura de Sánchez, después, el estribillo del partido fue que más que un pacto de estabilidad lo que se había suscrito era una transacción en la que Junts imponía “cobrar por adelantado”.
El mensaje caló tanto en la cúpula de Junts que Puigdemont vivió como un sentido revés la negativa de Sánchez a dejarle gobernar la Generalitat tras haber perdido las elecciones catalanas del 12 de mayo. El expresident quedó por detrás de Salvador Illa, siete escaños menos, y el independentismo perdió la mayoría en la Cámara. Pero Puigdemont entendió, y así lo proclamó públicamente, que Sánchez debía mediar para que el PSC renunciara a la Generalitat y que, mediante una abstención, facilitara su reelección como president.
El papel de Junts ha quedado relegado a hacer de oposición en el Parlament, pero sin que su líder pueda ejercer de protagonista en Cataluña y focalizándose en mostrar a ERC como la muleta de Illa. Puigdemont, a diferencia de Junqueras, puede gozar de unanimidad interna, pero la experiencia de presidir telemáticamente no siempre ha sido exitosa. Una situación que obliga a Junts a fiar todo su crédito a lo que logre arrancar en Madrid.
Un as en la manga
Ambos líderes alardean de la necesidad que tiene Sánchez de sus votos. Pero, a nivel personal, esa relación parlamentaria también tiene réditos para ellos. A la espera de que la amnistía llegue al Tribunal Constitucional, tener al socialista en La Moncloa implica un as bajo la manga para los dos, en el caso de que se tenga que recurrir a la instancia europea para que se les aplique la ley que habían puesto como condición para investir al líder del PSOE. La justicia europea pediría a las partes posicionarse y a los independentistas les conviene que Sánchez aún gobierne.
La decisión de las respectivas bases de ubicar a Junqueras y Puigdemont en las presidencias de sus respectivos partidos no deja de tener un sabor retro. La falta de sintonía personal de ambos es altamente conocida, pese a los múltiples intentos de rehacer puentes. En julio pasado, por ejemplo, ambos dirigentes se reunieron en Bélgica. Hasta ahora, la interlocución de la carpeta independentista la llevaban directamente los secretarios generales, Jordi Turull y la ya exnúmero dos de ERC, Marta Rovira.