La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este martes ante la prensa con motivo de la primera reunión del comité de expertos que aconsejará cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz ha dicho que les ha fijado dos premisas: “Hemos pedido a la comisión, en un país con salarios moderados, que con la revalorización del salario mínimo nadie pierda poder adquisitivo por la inflación. En segundo lugar, el mantenimiento del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea”. Cada petición marca incrementos distintos: el primero rondaría un 2,55%, tomando como referencia el incremento interanual medio del IPC de enero a octubre (a falta de noviembre y diciembre); el segundo, con datos del INE del segundo trimestre, se situaría en torno a un 4% para que el SMI no pierda el tren del 60% resto de salarios (en el que se encuentra actualmente, según Trabajo).
Así, en principio, la que marca más el futuro incremento es la segunda premisa, la que implica un alza superior. Pero hay otra variable a tener en cuenta, la reducción de jornada. Como la contracción del tiempo de trabajo se daría sin recorte salarial, esto repercutiría en un alza del SMI por hora trabajada. Así, en términos mensuales, esta circunstancia moderaría el efecto de la revalorización, tanto en base al IPC como en busca de empatar con el 60% del salario medio.
Con todo, estas cábalas son orientativas. Los encargados de aterrizarlas son los expertos que componen la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, entre los que hay especialistas universitarios, de los sindicatos y del propio Gobierno. Son Elena Bárcena (Universidad de Málaga), Luis Ayala (UNED), Begoña Cueto (Universidad de Oviedo), Libertad González (Universidad Politécnica de Madrid), Rafael Muñoz (Universidad de Salamanca), Alberto del Pozo (UGT), Luis Zarapuz (CC OO), Víctor Ausín (Ministerio de Economía), César Veloso (Ministerio de Hacienda), Mariña Fernández (Ministerio de Trabajo), Antonio García (también de Trabajo) y el economista José Ignacio Pérez. “Tiene una característica de auténtica independencia y pluralidad. Ellos mismos se autoregulan”, ha precisado Díaz. El incremento de 2023 no vino marcado por una recomendación de expertos, pero sí el de los dos años anteriores.
Según explica el ministerio, el equipo de expertos tomará como referencia la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, el mejor registro salarial de España, según los analistas. El problema es que se actualiza con mucho retraso, los últimos datos son de 2022. Para tomar una visión más actualizada, los expertos cruzarán los datos con la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL), que sí recoge retribuciones de este mismo año. El coste salarial por trabajador, según el último dato disponible de esa estadística (segundo trimestre), ha crecido un 4% en el último año. Los sindicatos reclamarán un incremento superior.
Trabajo cree que una mayoría parlamentaria apoyará el recorte de jornada, incluyendo a los nacionalistas de derechas, mientras que fuentes empresariales sostienen que Junts está lejos de dar un voto positivo a esta medida. El incremento del SMI no requiere el aval del Congreso.
“Hay un cambio”
Díaz no ha querido meter prisa a la comisión de expertos. Lo más probable es que detallen sus cálculos antes de que acabe el año, lo que dejaría la negociación con sindicatos y patronal para el inicio del año que viene. “Vamos a intentar que el SMI de 2025 entre en vigor cuanto antes”, ha indicado la ministra, que a la vez ha recordado que cualquier incremento tendrá efectos retroactivos. Es decir, aunque el cambio no llegue en la nómina de enero, se compensaría en la de febrero, como ya pasó este año.
“Hemos cambiado el paradigma. Ya nadie discute el impacto positivo del crecimiento del salario mínimo”, ha opinado Díaz, que ha listado algunas de las mejoras que identifica: “[El incremento del SMI] ha reducido la desigualdad especialmente para los jóvenes y las mujeres, sube el conjunto de los salarios del país y no destruye empleo, ante la hecatombe que anticipaban algunos. Estamos en récord de ocupación en España. Dos de cada tres nuevos empleos de la eurozona corresponden a España”. El SMI ha crecido un 54% en los últimos seis años, de 736 euros brutos al mes en 14 pagas en 2018 a 1.134 en 2024. La vicepresidenta cree que esa senda representa “una historia de éxito”.
Trabajo ha pactado las cuatro últimas subidas del SMI con los sindicatos, sin la participación de la patronal. Fuentes empresariales apuntan que, de la mano de la reducción de jornada, esta vez es aún más difícil que los empresarios avalen una subida. Ante una hipotética negativa, Díaz apunta: “El año pasado la patronal propuso un 3%, hay un cambio. Ya no se atreven a cuestionar que el SMI es un factor positivo”. A la vez, ha recuperado una línea argumental que suele sostener durante las negociaciones del SMI: “Un país necesita saber cuánto ganan no solo los ministros y ministras, también cuánto ganan los directivos del Ibex 35. ¿Por qué se pone el foco en los más débiles? Es un constructo neoliberal que hemos ganado ya”.
Crítica patronal
Cepyme, la patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas (en las que más empleados ingresan el salario mínimo y las que se verán más afectadas por el posible recorte de jornada), cree que “el incremento del salario mínimo debe atender a criterios económicos, tal y como señala el artículo 27 del estatuto de los trabajadores sin ignorar la productividad de las empresas, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años”. “Las pymes están inmersas en un periodo de merma de productividad debido por un lado al fuerte incremento de costes que han registrado en los últimos años y que les impide invertir en sus empresas, lo que incide a futuro también en la evolución de su productividad”, añade un portavoz de esa organización, a raíz de las declaraciones de Díaz.
La patronal que dirige Gerardo Cuerva, también vicepresidente de CEOE, cree que es “imprescindible, ante la valoración de una nueva alza del SMI, analizar el impacto que conllevaría en las propias empresas, especialmente en las más afectadas que son principalmente las de menor tamaño”. Según sus cálculos, las pymes soportan un incremento del 19,5% de los costes laborales desde 2019, frente al 15,8% de las grandes empresas.