Un hombre de 35 años ha sido detenido en el aeropuerto de Barcelona, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por empadronar de forma irregular a más de un centenar de personas en una vivienda de Sueca (Valencia). El sospechoso falsificaba la firma de su padre fallecido, propietario del inmueble, y cobraba dinero por cada trámite, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó tras detectarse que en el padrón municipal del municipio valenciano de Sueca figuraban más de 100 personas empadronadas en un mismo domicilio, en su mayoría de nacionalidad extranjera, destacando la marroquí y la argelina. El inmueble, a nombre del padre del detenido, llevaba sin un propietario legal desde su fallecimiento en agosto de 2021, por lo que el ahora arrestado” aprovechó esta situación” para falsificar autorizaciones de empadronamiento, firmando en nombre de su progenitor y utilizando fotocopias de su documento de identidad. Se detectó que llegó a registrar hasta siete personas en un mismo día, sin que existiera vínculo alguno entre ellas ni constancia de residenciare al en la vivienda, según las fuentes. El principal objetivo de estos empadronamientos era obtener el NIE (Número de Identidad de Extranjero) y regularizar la situación administrativa de los implicados, algunos de los cuales declararon haber pagado diversas cantidades en efectivo por el servicio.
Las investigaciones apuntan a que el acusado incluso publicitaba este servicio a través de redes sociales, y los agentes obtuvieron indicios de que el autor podría tener facilidades con funcionarios del Ayuntamiento de Sueca para la realización de estos empadronamientos fraudulentos. Por este motivo, se investiga también a otras dos personas, de 60 y 66 años, por delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular, prevaricación y cohecho. La operación ha sido desarrollada de manera conjunta por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Alzira-Algemesí y la Guardia Civil de Valencia, en el marco de la investigación, se han impuesto sanciones administrativas que alcanzan los 92.512 euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca ha asumido las diligencias del caso, mientras las fuerzas de seguridad continúan investigando posibles ramificaciones de los hechos.