El hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, ha quedado este lunes a disposición de la Audiencia Nacional, según confirman fuentes jurídicas. Las fuerzas de seguridad detuvieron la pasada semana al joven de 19 años y, según estas fuentes, ha prestado declaración esta mañana ante el magistrado José Luis Calama, que investiga el ciberataque que sufrió en octubre el Punto Neutro Judicial, la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la prisión provisional para Alcasec, a quien se acusa de un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. El joven ha querido declarar respecto al ataque al Punto Neutro Judicial, según fuentes del ministerio público.
Esta causa, que ha permanecido bajo secreto de sumario, se abrió después de que Calama recibiera una denuncia del órgano de gobierno de los jueces, que advertía de que el hackeo “podría haber afectado a datos personales de contribuyentes depositados en las bases de datos de la Agencia Tributaria”. En las pesquisas se investigan posibles delitos contra altos organismos de la nación, y de descubrimiento y revelación de secretos.
El CGPJ reconoció el pasado otoño que sufrió un ciberataque en la segunda quincena de octubre. El Punto Neutro Judicial (PNJ) es un sistema de interconexión telemática que no contiene información en sí mismo, pero sirve para centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones como la Agencia Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Uno de sus objetivos es, precisamente, aumentar la seguridad en la tramitación de asuntos judiciales y facilitar el acceso a información de otras instituciones, desde Hacienda a Prisiones, el Registro Civil o la Seguridad Social.
Según el CGPJ, las primeras averiguaciones permitieron saber que los hackers utilizaron el PNJ “para acceder a otras instituciones públicas”, pero que no se vieron “comprometidos” datos sobre procedimientos judiciales u otra información en poder de los juzgados y tribunales. Según esas indagaciones, el objetivo era desde un principio obtener información de la Agencia Tributaria.
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