Cerco del Gobierno a las empresas con centenares de viviendas turísticas bajo gestión. La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha iniciado una línea de investigación en diversas comunidades autónomas en busca de prácticas comerciales desleales que constituyan infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La norma define como práctica engañosa, en su artículo quinto, “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”. El mismo texto contempla, en el artículo 27, supuestos como afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.
El bum del alquiler turístico se traducía a 31 de marzo en más de 80.000 anuncios de viviendas con este fin en las 20 ciudades que más pernoctaciones registran en España, según datos que maneja la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), lo que supone un crecimiento del 23% respecto a las cifras del primer trimestre de 2022.
Esta no es la primera vez que el ministerio que lidera Pablo Bustinduy se fija en el negocio de los pisos y alojamientos turísticos. Consumo abrió el pasado mes de junio una investigación sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística, siendo esta una práctica que también supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Las pesquisas iniciadas ahora ponen el foco en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, son gestionados de forma irregular por empresas intermediarias que operan en diferentes lugares del país. También fue lanzado un expediente de investigación el pasado octubre en busca de irregularidades entre diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Entre estas últimas resalta la obligación del pago de una comisión, por parte de los usuarios, por la gestión del arrendamiento; la de firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, y la aceptación de cláusulas que contravienen la normativa.
El ministro Bustinduy fijó el objetivo de ayudar desde su departamento, con actuaciones como estas, a atajar la crisis de la vivienda. “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado el titular de Consumo. Además de exigir que se ponga freno a la especulación en torno a la vivienda, Pablo Bustinduy ha solicitado a todas las administraciones públicas que tomen todas las medidas necesarias para abordar este problema.
Un informe publicado este martes por la plataforma Talento para el Futuro sostiene que la vivienda es una de las principales preocupaciones para el 63% de las personas con edades de 18 a 30 años. En España, los jóvenes deben destinar, de media, hasta el 94% de su sueldo para poder emanciparse, y ese momento no llega hasta cumplidos los 30 años.