Con Pedro Rocha o sin él, las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol vuelven a mostrar las endogámicas costuras de un sistema viciado por clientelar. Si el próximo 27 de noviembre la Audiencia Nacional no concede a Rocha la medida cautelar que paralice la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el cartel de candidatos emanado de los 19 presidentes de las territoriales también muestra que la regeneración de la institución sigue varada. Caen los presidentes que eligen los barones, pero ellos permanecen en sus cargos bajo la consigna de que o no sabían o no se enteraron de las infracciones cometidas por Villar o por Rubiales.
El nombre de Rafael Louzán, presidente de la territorial gallega, ha cobrado fuerza entre el resto de barones sin importar que sobre su figura pese una condena de siete años que le impide ejercer cualquier cargo público por prevaricar cuando era presidente de la diputación de Pontevedra. Louzán está pendiente de su recurso ante el Tribunal Supremo, pero ahora mismo, si fuera elegido presidente del fútbol español, no pasaría los controles de la UEFA ni de la FIFA para ocupar un cargo en cualquiera de sus comités. Desde la caída de Rubiales y en ausencia de Rocha, Louzán ha sido la correa de transmisión entre la federación y Javier Tebas para restablecer las relaciones con LaLiga. Hay algunas voces críticas entre los barones con una posible candidatura de Louzán, pero son minoría. “No puede ser Louzán, hay que buscar a alguien que no esté marcado de esa manera y que nos aleje de la imagen casposa que transmitimos”, opina un presidente de territorial.
José Manuel Monje Carrillo, presidente de la territorial murciana, estuvo imputado en la Operación Soule. Monje percibió ingresos entre los años 2009 y 2015 de la Policlínica Murciana de Fútbol, participada al 100% por la citada federación, de 24.000 euros al año. El juez finalmente le exoneró, pero su caso, como el de los otros cuatro barones que fueron investigados en la causa que acabó con Villar, formaba parte de la descripción “del sistema clientelar”, que reflejó el juez Pedraz en su auto.
Joan Soteras, presidente de la territorial catalana, se ha postulado, pero según un barón, le han convencido para que desista porque aún tiene pendiente una acusación por falsificar votos en las elecciones a la presidencia de su territorial.
Pablo Lozano, presidente de la territorial andaluza, es otro de los favoritos. Este no pertenece a la vieja escuela, pero sus opositores le reprochan su ambición y el haber maniobrado para ser presidente con Rocha ocupando el cargo. “Se ha movido mucho y eso ha irritado a algunos presidentes de territoriales”, matiza uno de ellos.
Tampoco ha sido del agrado de algunos barones que el secretario general Álvaro de Miguel no haya desmentido que quiere optar a la presidencia, pese a que transmite a algunos empleados federativos que no es su intención. De Miguel conoce la casa tras haber pasado diez años en el departamento jurídico, pero sus contrarios le achacan su juventud. Ya ha tenido enfrentamientos con algunos barones que recelaban de sus intentos por gestionar la federación con un control que impida gastos de dudosa justificación.
A la espera de lo que decida la Audiencia Nacional sobre la cautelar solicitada por Rocha, también se han abierto grietas entre los barones ante la posibilidad de que este no pueda presentarse. Varios presidentes de territoriales pretendían una reunión para hoy en Madrid, pero otros se han negado por respeto a Rocha y prefieren el cónclave para el día 26, un día antes de que se sepa si Rocha puede presentarse. Si logra la cautelar, será elegido virtual presidente el 5 de diciembre, día en el que deben presentarse un mínimo de 21 avales para poder presentar candidatura. Ningún candidato estará en condiciones de competir contra Rocha aunque logre reunir los citados 21 avales. Hay un pacto que secundan la gran mayoría de los presidentes de las 19 territoriales para apoyar a Rocha si este logra la medida cautelar que ya le ha sido denegada dos veces por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Todo está en manos de los barones, que cuando se les acusa de controlar el sistema suelen responder que ellos solo aglutinan 19 de los 141 votos de los asambleístas. La prueba de su poder es que el próximo presidente de la federación será Rocha o el que ellos decidan si este no puede presentarse. Las posibilidades de candidatos que no pertenecen al sistema como el empresario madrileño Juanma Morales Alonso o el exsecretario general Gerardo González son mínimas. Solo una guerra total entre los barones lo haría posible, pero la mayoría de estos no quieren ver amenazado su statu quo.