La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido desestimar todas las alegaciones y personaciones contra la opa del BBVA menos la planteada por el propio Banco Sabadell, según indican fuentes próximas al regulador. Esto, previsiblemente, agilizará el procesó, después de que esta institución decidiese llevar el análisis de la transacción a una segunda fase, lo que supone un escrutinio más estricto y dilatar los plazos hasta la primavera de 2025.
La CNMC justificó llevar la operación a una segunda fase al considerar que los compromisos que planteó el BBVA en el proceso no son suficientes para descartar problemas de competencia en las condiciones comerciales a pymes, la reducción del crédito a este tipo de empresas y los medios de pago. Esto suponía que desde el pasado 20 de noviembre, cuando la institución publicó la nota sucinta explicando la decisión, todo aquel interesado podía plantear alegaciones durante los 10 días hábiles siguientes.
El plazo expiró hace un par de semanas. Y recibió una oleada de alegaciones, como las de las patronales catalanas como Foment del Treball, los principales sindicatos CC OO y UGT o asociaciones de accionistas minoritarios del banco catalán. La Sala de Competencia ha decidido desestimar todas las alegaciones menos la del propio Banco Sabadell, la única parte que realmente considera como interesada, tras analizar todas estas personaciones.
“Hay que tener en cuenta que no basta con tener un interés general en la operación, sino un interés legítimo vinculado con el análisis de la concentración desde un punto de vista de defensa de la competencia. Dado lo sensible que son los procedimientos de control de concentraciones para las empresas involucradas, la CNMC es siempre muy estricta al conceder la condición de interesado”, explican fuentes próximas al proceso.
El siguiente punto será la opinión de las dos Comunidades Autónomas que la CNMC ha considerado como especialmente afectadas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las autoridades de Competencia de estas Autonomías deberán remitir un informe con su opinión durante esta semana. Por el lado catalán, un informe de la autoridad de Competencia Catalana, la ACCO, fechado en mayo, en el que consideraba que la opa supondría “un elevado riesgo para la competencia”, con una incidencia especial en la provincia de Barcelona. Este informe apunta a que la fusión supondría el cierre de oficinas, menoscabando la inclusión financiera, un encarecimiento de los servicios a los clientes, un incremento del coste del crédito y una menor remuneración de los depósitos, entre otras cuestiones. Todo ello apunta a que los Gobierno catalán se pronunciará contra la transacción con contundencia, pese a los repetidos viajes y reuniones del presidente del BBVA, Carlos Torres, con autoridades y patronales catalanas.
Mientras tanto, Competencia realizará nuevos test de mercado para evaluar los efectos de la transacción sobre la competencia, que incluirán los compromisos planteados por el BBVA. Estos podrán ser ampliados por la entidad durante el proceso. Cuando todo ello concluya, la CNMC elaborará un pliego de concreción de hechos, en el que ya dará pistas sobre su decisión final, que llegará en torno a la primavera.
Si la CNMC rechaza la operación o impone condiciones (lo que en la jerga se conoce como remmedies), el análisis pasará a una tercera fase. En esta, el Ministerio de Economía podrá proponer al Consejo de Ministros ampliar o reducir los compromisos planteados, pero por razones diferentes a las puramente de competencia del mercado, como de seguridad nacional.