Pocos temas marcaron la agenda política de Estados Unidos en 2024 como lo hizo la migración. En gran medida porque fue un año electoral en el que el candidato que ganó las elecciones del país, Donald Trump, hizo del asunto el eje central de su campaña. Es innegable que el republicano acaparó el debate político y público en torno a la cuestión, con sus insultos contra la comunidad migrante y sus promesas de cerrar la frontera y deportar a millones de personas. Pero 2024 fue también un año decisivo para el Partido Demócrata en materia migratoria. El presidente Joe Biden apostó por adaptar una postura más dura en el asunto: restringió el derecho al asilo en la frontera y deportó la cifra más alta de migrantes en una década.
2024 también ha sido año en el que se ha conocido que la inmigración extranjera contribuyó al mayor crecimiento demográfico de Estados Unidos en más de 20 años, que los migrantes indocumentados han contribuido con millones de dólares en impuestos a la economía estadounidense y que solo la llegada de más de ellos permitirá el crecimiento de la fuerza laboral del país en los próximos años. Sin embargo, a pesar de todas las formas en las que se demostró que la migración fue —y seguirá siendo— beneficiosa para el país, en los últimos 12 meses se produjo un notable giro a la derecha en la política migratoria estadounidense. Estas son las claves de cómo ocurrió —y cómo ese cambio influirá también en 2025 bajo una segunda Administración Trump.
“Se están comiendo a los perros”: una campaña electoral sobre la migración
Uno de los momentos que mejor resume la campaña electoral de este año fue en el que Trump dijo durante el único debate entre los dos candidatos presidenciales [hubo uno anterior entre el magnate y Joe Biden] que los migrantes haitianos que han llegado en los últimos años a una localidad de Ohio a trabajar se comen las mascotas de sus vecinos. “En Springfield, los que han entrado se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas que viven allí. Esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”, aseguró el republicano aquella noche del 10 de septiembre.
Aunque Trump ya venía diciendo barbaridades sobre la comunidad migrante antes del debate, en cierto modo ese comentario las resumía todas. La afirmación —sin base alguna— hacía hincapié en su creencia de que los migrantes son criminales que cruzan a Estados Unidos a hacerle daño a las comunidades nativas, ya sea robándoles sus trabajos o, como insistió sobre Springfield a pesar de que sus comentarios fueron desmentidos en múltiples ocasiones, comiéndose sus mascotas. El comentario, viralizado por las redes, alimentó el odio racista hacia los migrantes no solo en el Estado del Medio Oeste, sino en todo el país.
Trump se aprovechó del sentimiento antimigración que se gestaba entre la población —también entre algunos inmigrantes— para impulsar sus propuestas migratorias más radicales, incluyendo su política estrella, las deportaciones masivas de 11 millones de personas, y asegurarse la vuelta al poder. Tras ganar las elecciones del 5 noviembre, el republicano consolidó un equipo de halcones antimigración para llevar a cabo su agenda en la materia a partir del próximo 20 de enero, cuando asuma el cargo de presidente.
Los demócratas endurecen su postura
A pocos meses de las elecciones, mientras Trump ganaba impulso criticando a la Administración Biden por no hacer lo suficiente para hacer frente a la crisis migratoria, el presidente demócrata se vio obligado a actuar y anunció en junio que negaría el trámite del asilo a los migrantes que lo solicitaran mientras la frontera con México estuviese saturada. Primero, Biden condicionó el derecho al asilo a que el número de detenciones en la frontera fuera de 2.500 personas diarias en promedio a lo largo de siete días. Luego, rebajó la cifra mágica aún más: desde septiembre, los arrestos deben estar por debajo de los 1.500 de media al día durante 28 días consecutivos para que se levante la suspensión a las solicitudes de asilo. Con ese último cambio, el presidente hizo prácticamente imposible que las restricciones desaparecieran antes de que Trump regrese a la Casa Blanca.
Desde entonces, la medida, como era de esperar, ha reducido considerablemente el número de cruces fronterizos ilegales, después de que estos alcanzaran máximos históricos durante los primeros tres años del Gobierno de Biden. Sin embargo, las restricciones supusieron un giro de 180 grados en las políticas migratorias del presidente, que como candidato durante las elecciones de 2020 en las que derrotó a Trump prometió que crearía una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los mismos migrantes irregulares que Trump ahora promete deportar.
Aunque está por verse si Trump lleva finalmente a cabo las deportaciones masivas, dados los numerosos desafíos a los que se enfrentará —desde lo económico y logístico a lo legal—, lo que sí está demostrado es que Biden deportó en 2024 la cifra más alta de migrantes en una década. Solo en su último año de gobierno, el demócrata expulsó del país a 271.484 no ciudadanos, por encima del récord de Trump (267.260 en 2019) y la cantidad más alta de deportaciones registrada por un presidente desde Barack Obama en 2014.
La batalla por la ley SB4 en Texas: los Estados se rebelan en materia migratoria
La inmigración no solo dictó la política a nivel federal este año, sino que también marcó las agendas de algunos Estados. Cansados de las políticas migratorias de la Administración Biden y alentados por Trump, varios gobernadores republicanos y legislaturas estatales intentaron promulgar sus propias leyes para abordar directamente la crisis migratoria. Un ejemplo de ello es la controvertida ley antimigrante que Texas intentó sacar adelante en marzo y que dio lugar a una larga batalla legal entre el Estado y el Gobierno federal que todavía no se ha resuelto.
Bajo la llamada ley SB4, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó en diciembre del año pasado y que debía entrar en vigor el 5 de marzo, los cuerpos de seguridad estatales podrían solicitar los papeles de cualquier persona para detenerla y deportarla a México. La norma no está en vigor porque unos días antes de que tomara efecto, un juez federal la bloqueó, desencadenando un largo proceso de impugnaciones legales que continúa a día de hoy. La ley entró brevemente en vigor el 19 de marzo, pero fue paralizada horas después hasta nuevo aviso.
No obstante, aunque se mantenga bloqueada a la espera del resultado de un recurso legal en su contra, la norma sirvió para inspirar otras leyes similares en diferentes Estados. Desde que SB4 fue frenada, al menos seis Estados han aprobado sus propias versiones de la ley: Georgia, Iowa, Luisiana, Oklahoma, Tennessee y Arizona. Al igual que la SB4, estas normas crean nuevos delitos que castigan el acto de cruzar a un Estado sin estatus legal y, o bien autorizan a las autoridades locales a detener y deportar a quienes cometan este delito, o exigen que estas cooperen con las autoridades federales para hacerlo.
Hasta ahora, todas estas leyes permanecen bloqueadas. Pero si la ley de Texas entrase en vigor, allanaría el camino para las demás. En al menos dos de estas legislaciones —la de Luisiana y la de Arizona— se incluyó una provisión que establece que las normas deben entrar en vigor solo cuando la de Texas lo haga. De momento, solo el Gobierno federal puede deportar a personas, algo que la ley texana cambiaría al abrir la puerta a que esta facultad quede también en manos de los Estados. El futuro de estas leyes se decidirá durante la próxima Administración Trump.