Las denuncias de varias mujeres contra el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos no han llegado a los tribunales, aunque la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre varias acusaciones de acoso laboral, sexual y moral ocurridas en el Centro de Estudios Sociales (CES), fundado por el académico. Pero lo primero que se dirimirá en un juzgado no son las graves denuncias dirigidas al ensayista, sino la demanda civil presentada por Boaventura de Sousa contra cuatro de las 13 mujeres, a las que acusa de atacar su imagen, buen nombre y honor y a las que exige una retractación pública. El juicio comienza esta viernes en el Tribunal Civil de Coimbra y se prevé una resolución en un plazo máximo de dos meses.
Las mujeres denunciadas, que han recibido la solidaridad de varias asociaciones, consideran que la demanda civil es una tentativa de silenciarlas y frenar sus acusaciones públicas. Las cuatro demandadas por Boaventura de Sousa Santos salieron del anonimato hace unos meses, aunque no fueron las únicas en hacerlo. Trece de las integrantes del colectivo de víctimas decidieron divulgar sus identidades en una carta pública donde aseguraban que habían sufrido acoso moral, sexual, abuso de poder y extractivismo intelectual en el CES a lo largo de dos décadas. Este colectivo entregó en septiembre de 2023 un informe de 213 páginas a la comisión independiente que investigaba lo ocurrido en la institución donde se aportaban “elementos probatorios, que incluían correos electrónicos, transcripciones de conversaciones registradas durante los periodos de violencias, contratos, artículos, manuscritos de libro y también la referencia de 18 personas dispuestas a corroborar los hechos con sus testimonios”.
Esta carta se publicó después de que la comisión independiente creada por el CES para investigar las denuncias publicase un informe que hacía un retrato demoledor sobre el ambiente de trabajo en la institución, donde apreció “patrones de conducta de abuso de poder y acoso por parte de algunas personas que ejercían posiciones superiores en la jerarquía del CES”. Una quincena de víctimas declararon ante los investigadores académicos, que elevaron a 14 la cifra de miembros del CES denunciados por abusos, negligencias o encubrimientos. Las situaciones más relatadas fueron de acoso moral (28%), acoso o abuso sexual (27%) y abuso de poder (27%).
Sin embargo, la comisión optó por no identificar a los autores del acoso y remitió a la Fiscalía el informe, donde se concluye que el centro fue dirigido durante años por un círculo reducido de poder, que tomaba todas las decisiones, apartaba o promocionaba profesionales por criterios arbitrarios y se saltaba de forma permanente las barreras entre vida profesional y privada. Entre las situaciones de acoso sexual se citan “besos húmedos y demorados” o “propuestas de relaciones íntimas” a cambio de beneficios académicos, pero también situaciones de abusos sexuales, que incluyeron relaciones sexuales con personas en posición de inferioridad profesional cuando se encontraban “bajo el efecto de sustancias y sin condiciones plenas para dar su consentimiento”. Además, se describía un ambiente laboral tóxico donde se recurría a la “humillación y descalificación sistemática y agresiva” por parte de algunos profesores, así como prácticas de extractivismo profesional.
El asunto que destapó el escándalo en el CES de Coimbra fue la publicación del libro Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University (Mala conducta sexual en la academia: sobre una ética del cuidado en la universidad), editado por Routledge, donde tres antiguas investigadoras del Centro de Estudios Sociales, Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya, denunciaban un ambiente de abuso de poder y acoso sexual en una institución que no citaban, pero que fue identificada como el CES. De igual modo, se concluyó que las dos personas a las que aludían en el texto eran el fundador del centro y sociólogo de renombre internacional, Boaventura de Sousa Santos, y el profesor Bruno Sena Martins. El libro sería retirado más tarde por la editora, pero también propició la aparición de nuevos testimonios de mujeres que se declararon víctimas del sociólogo, como la activista mapuche Moira Millán y la diputada brasileña Bella Gonçalves.
En junio de 2023, el sociólogo admitió haber protagonizado actitudes sexistas en el pasado, pero negó haber cometido ninguno de los hechos graves que le atribuyeron algunas mujeres. “Pertenezco a una generación en la que el comportamiento inapropiado, si no sexista, ya sea a través de la convivencia o del lenguaje, era aceptado por la sociedad”, señalaba en un comunicado. “Reconozco que en ciertos momentos pude haber sido protagonista de algunos de estos comportamientos. En ese sentido, lamento que algunas personas hayan sufrido o sentido malestar”, añadía.