El soterramiento del tramo urbano de la A-5 a su paso por Madrid, que utilizan una media de 80.000 vehículos diarios, ha desatado este martes en choque multilateral entre las administraciones implicadas: no están de acuerdo ni en la fecha de inicio de las obras (que el ministerio de Transportes pide retrasar a marzo); ni en la gratuidad de los peajes de la R-5 para dar alternativas para que los ciudadanos eviten las obras (el Ayuntamiento no quiere financiar una parte de la medida); ni en cuáles deben ser los refuerzos del transporte público para que funcione un plan de movilidad clave para la capital. Ese desencuentro ha sido el resultado de la reunión convocada este martes para llegar a un acuerdo, y que ha acabado en un cruce de acusaciones agravado porque los preparativos para las obras ya lleven más de un mes en marcha: el representante del gobierno de España ha calificado de “chapuza” el plan de movilidad del Ayuntamiento, y el representante del consistorio ha tildado al Ministerio de Transportes de “desleal”.
A la reunión se llega con las cartas sobre la mesa. A nadie se le escapa que la zona se va a convertir en una caótica ratonera durante los dos años de obras, y que hay que buscar soluciones. Así, el ministerio traslada antes a los medios de comunicación tanto que reforzará entre un 25 y un 40% sus servicios de Cercanías, especialmente en hora punta, como que ve necesario un incremento de los servicios de autobuses interurbanos, y de Metro, lo que depende de Madrid. Al tiempo, vuelve a invitar al Ayuntamiento a cofinanciar la gratuidad de la R-5, para así evitar que las obras conviertan la conexión de Madrid con Móstoles, Alcorcón y Extremadura en una pesadilla de atascos. Finalmente, desliza una tercera cuestión: el gobierno de España querría que el inicio de los trabajos se retrasasen un mes, hasta marzo, para así hacer una obra en la estación de Atocha que permita aumentar el número de trenes de Cercanías para transportar a los ciudadanos que necesitan ir y venir a Madrid y no pueden usar con normalidad la A-5.
Como todo eso se conoce antes de la cita en el Consorcio de Transportes de Madrid, Borja Carabante, mano derecha del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, llega a la reunión especialmente molesto. Sus declaraciones cuando la reunión acaba sin acuerdo no han dejado lugar a dudas.
“Quiero poner de manifiesto la deslealtad institucional del ministerio”, ha dicho en referencia a que los medios de comunicación supieran antes que él la propuesta del gobierno de España. “Están poniendo excusas para retrasar la ejecución de la obra, como es la excusa de la obra que a su juicio es necesario acometer para reforzar Cercanías”, ha seguido, asegurando que el propio ministerio le ha trasladado que sin esos trabajos puede incrementar las plazas ofertadas en 47.100 al día. “Tienen capacidad para reforzar ya. Hay capacidad suficiente para poder empezar ya la obra del soterramiento de la A-5 con los desvíos de tráfico. Son excusas de mal pagador”, ha subrayado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. “No tenemos ningún motivo para retrasar las obras”.
Una opinión compartida por otra de las administraciones afectadas, la Comunidad de Madrid. “La mejor manera de hacer las obras es que empiecen cuanto antes, y, al mismo tiempo, que se ejecute un plan de movilidad que sea lo más eficiente y eficaz en cuanto a la movilidad, que afecte lo menos posible a todos esos madrileños”, ha sostenido este martes Jorge Rodrigo, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
El choque, por lo tanto, es frontal. Y tampoco el representante del ministerio, que es Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible, invita al optimismo con sus declaraciones. Primero, porque contrapone su promesa de lealtad institucional con una queja sobre la actitud que a su juicio mantiene el Ayuntamiento: “Lealtad y colaboración no consiste en imponer unilateralmente fechas, condiciones y planes de refuerzo sin escuchar las necesidades del resto de administraciones para contribuir al bien de todos los ciudadanos”. Y segundo, porque hace un análisis muy duro del plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento, que además describe desde su perspectiva de técnico de prestigio.
“Es una chapuza de improvisación de plan de movilidad, no es de recibo”, ha dicho Fernández Heredia. “Queremos disponer [en Atocha] de una tercera vía [de Cercanías] para poder disponer de una mayor frecuencia de trenes”, ha seguido para explicar la razón por la que piden retrasar el inicio de los trabajos. “La C-5 va a cinco minutos de frecuencia, podemos disponerla a cuatro, y si contáramos con esa tercera vía podríamos bajar a los tres minutos y medio”, ha detallado, quejándose de que el ministerio no ha recibido aún el plan de obras ni el estudio de movilidad del Ayuntamiento, que conoce, ha asegurado, a través de una nota de prensa. Y ha rematado: “Lo que no nos podemos hacer cargo en las Cercanías es del incremento de viajeros que produce la destrucción de la capacidad de la A-5 y el recorte de servicios de los interurbanos. La planificación es que todos esos viajeros acaben en la C5″.
Como telón de fondo, las partes discuten cómo financiar la gratuidad del peaje de la R5, para aliviar a los ciudadanos que tengan que desplazarse en coche y quieran evitar la trampa en la que se convertirá la zona mientras duren las obras. El ministerio subraya su compromiso con la cofinanciación. Es decir, está dispuesto a pagar si también lo hacen los ayuntamientos. El de Madrid, que recuerda que solo 1,5 kilómetros de esa carretera transcurren por el municipio, no está dispuesto: “Quieren pegar un palo a los Ayuntamientos”, ha dicho Carabante.
Tampoco ha habido acuerdo sobre la posibilidad de abrir un carril bus: el ministerio quiere abrirlo, pero el Ayuntamiento no quiere darle continuidad, por lo que el gobierno central cree que así carece de sentido.
Las partes se han emplazado a una próxima reunión técnica. El tiempo apremia: los preparativos para el soterramiento de la A-5 ya han comenzado.