Las propuestas de la ley ómnibus que el Gobierno de Ayuso comenzó a tramitar en pleno verano, han sido aprobadas este viernes junto con los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025. Son la tercera y la cuarta macro ley de su mandato, una fórmula que ya común para el PP madrileño, y que en esta ocasión ha incluido la reforma de una decena de leyes. Lo más destacado: la Comunidad de Madrid ha sacado adelante una ley que, entre otras medidas, ha incorporado unas enmiendas del PP que persiguen contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, como Lugar de Memoria Democrática.
Lo que argumenta el Gobierno de Ayuso que pretende con esta ley es mejorar la gestión pública en el ámbito local y autonómico en la región madrileña. A eso se ha agarrado para modificar el uso del suelo urbano, la delegación de responsabilidades autonómicas a las competencias de los municipios y un polémico paquete de reformas en el ámbito medioambiental, que introducen la posibilidad de pagar por árboles talados y de esquivar los informes de impacto medioambiental de centros de datos o crematorios. Pero el proyecto ha ido más allá: el PP ha decidido disolver el Consejo de la Juventud, un importante órgano de debate para los jóvenes madrileños.
Pero la gran sorpresa del día ha llegado con las enmiendas del PP sobre la Real Casa de Correos, que contaban con un informe adverso de una letrada de la Asamblea, que advirtió de su posible irregularidad, al cuestionar su conexión con el texto originalmente presentado.
Sin embargo, la Comunidad podrá ordenar a partir de ahora “el cese inmediato” de las actuaciones que “perjudiquen” la “neutralidad”, el “respeto a la verdad”, la “imagen institucional” y el “uso actual de la Real Casa de Correos”, incluyendo “la instalación de ninguna placa o distintivo” y “la celebración de eventos” que resulten “incompatibles” en ese sentido o “puedan generar confusión sobre la condición del edificio como sede de la Presidencia regional. El texto también permite a los ayuntamientos “acordar la protección” de sus sedes principales “en términos similares”. Una manera de burlar la ley democrática, que indica que las administraciones públicas titulares de lugares de Memoria Democrática deben garantizar “su identificación, explicación y señalización adecuada”.
“Que nadie consiga borrar el espíritu de la Navidad”, así ha exclamado la consejera de Economía, Rocío Albert, y ha comenzado el pleno de la Asamblea de Madrid de este viernes. “Vamos a seguir fortaleciendo los mejores servicios públicos de España”, ha continuado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, feliz de hacer valer su mayoría absoluta para hacer exactamente lo que considera oportuno.
Luego, llegaron los temas que se esperaban. Poco había que acotar a la ley de regulación medioambiental y urbana que ha salido adelante este viernes con la mayoría absoluta de los populares. “Todas las leyes ómnibus han tenido el denominador común de la reducción de las leyes de protección medioambientales”, ha matizado el diputado Javier Guardiola, del grupo parlamentario del PSOE. Con estas modificaciones se abre la puerta a la tala indiscriminada: si antes por cada árbol talado había que plantar tantos como años de antigüedad tuviera, ahora también se podrá pagar su precio de vivero, y la cuenta estará saldada.
De esa manera, dice Alejandro Sánchez, diputado en el grupo parlamentario de Más Madrid, los vecinos tendrán menos razones por las que protestar, porque la ley ya no les ampara. “La conclusión obvia es que le tienen miedo a la participación ciudadana”, ha argumentado.
A pesar de que el ejecutivo madrileño prometió desde 2021 una ley integral del suelo, desde que comenzó la legislatura se han hecho 21 modificaciones. “¿Qué urgencia tienen?”, se pregunta Sánchez. Las nuevas modificaciones amplían el tipo de obras que se pueden realizar en terrenos urbanizables, como casas de aperos y vallados, sin que necesariamente deban cumplir la ordenación vigente y ser aprobadas por cada Ayuntamiento. De esta forma, se le concede más poder al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Las empresas no tendrán mayores problemas para recibir autorizaciones para instalar un centro de datos, un crematorio, una depuradora o un tendido eléctrico, gracias a que ahora el consejero puede decidir qué obras requieren, o no, un informe de impacto medioambiental. Tan diversa ha sido la gama de leyes que modifica esta ley ómnibus que ha llegado hasta la normativa de protección animal, que a pesar de existir una estatal de 2023, el PP ha querido ir más allá y autorizar que los dueños de perros de caza y de trabajo puedan cortarles las orejas y el rabo.
La tramitación de la ley ómnibus, según Sánchez, “se ha hecho de una manera ridícula”. La izquierda se queja del poco tiempo para analizar el proyecto de ley y realizar enmiendas, además de la escasa semana que duró la consulta pública. “Los ciudadanos no se enteran de las leyes”, asegura Sánchez, quien ha destacado que esta macro ley es “paradigmática” porque demuestra que el Gobierno de Ayuso se está volviendo cada vez “más autoritario”.
Según la oposición, una de las estrategias del grupo parlamentario del PP ha sido introducir autoenmiendas en medio del trámite de presentación de enmiendas de los restantes grupos, algo que han aprovechado para colar aspectos que no estaban comprendidos en el texto original. “Lo más interesante de estas autoenmiendas es que las van a aprobar con el informe jurídico en contra de los letrados de esta Cámara, un informe que está basado en pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, ha señalado Tatiana Jiménez, diputada del PSOE.
La cuarta ley ómnibus de Ayuso, también aprobada este viernes, incluye modificaciones con especial impacto sobre las autonomías municipales. La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de financiar obras del ámbito municipal a través del programa de cooperación económica regional, como pueden ser centros de salud e institutos, amén del presupuesto de los propios ayuntamientos. De manera muy sutil, una de las modificaciones que introduce esta nueva ley ómnibus es la aclaración de que los presupuestos que otorgan a los ayuntamientos son de empleo “preferentemente” municipal, lo cual permitirá a la comunidad financiar con ese mismo presupuesto obras que son de su competencia. Jiménez lo califica como “un ataque a la autonomía municipal, porque modifica la ley de Administración Local para limitar la capacidad de los Ayuntamientos de decidir sobre las inversiones que se realizan en su territorio”.
Varios de los miembros de las asociaciones que integran el Consejo de la Juventud han asistido a la Asamblea para presenciar desde el banquillo la disolución de este organismo, al que el PP madrileño ha calificado como un órgano que no representa a la pluralidad de los jóvenes y que tiene un costo muy elevado para la comunidad. El PP ha señalado el mal funcionamiento de la institución, y en lugar de trabajar para activarlo, según su propia lógica, ha decidido acabar con él. El Consejo de la Juventud, en realidad, ha tenido un papel activo en la defensa de causas contrarias a los intereses del Gobierno regional. “Es un órgano de debate, para participar democráticamente”, aclara Jiménez. Aun así, el Consejo ha vuelto a ser suprimido ―Esperanza Aguirre lo eliminó durante su mandato y Cristina Cifuentes lo recuperó―, y su lugar lo ocupará un nuevo organismo que estará supeditado al gobierno regional. “Esta estrategia política impide un debate serio y transparente sobre la participación juvenil”, ha dicho Jiménez.