El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rebajado este miércoles la entidad de la obra sin permiso que acometió Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Después de meses sin noticias del caso, Almeida ha excusado en una entrevista de radio al empresario, al decir que lo único que no se ajustaba a la declaración responsable era “la colocación de unos aparatos de aire acondicionado”. La realidad, según el expediente de sanción municipal al que accedió EL PAÍS y los testimonios recabados, es que la obra en el piso donde viven la presidenta y su pareja tuvo mucho más calado e incluyó, entre otras actuaciones, el derribo de tabiques y falsos techos, la redistribución de habitaciones, la reforma de la carpintería exterior o la demolición del mobiliario de cocina.
“Acuérdense ustedes de lo que se decía de las obras que se habían ejecutado”, ha dicho Almeida a primera hora de la mañana de este miércoles en Radio Nacional, “parecía que eran las obras de El Escorial. Pues no, hubo una declaración responsable, se presentó esa declaración responsable, se comprobó por los técnicos qué es lo que se había ejecutado en el marco de esa declaración responsable y lo único que no se correspondía con la normativa era la colocación de unos aparatos de aire acondicionado y por supuesto eso inmediatamente se corrigió”.
Realmente, según la documentación del caso, la reforma fue más relevante. El 20 de mayo, una inspectora municipal visitó el inmueble y constató que esas obras consistieron en la redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones de eléctricas, obras exteriores de sustitución, carpintería e instalación de toldos, según el acta, vista por EL PAÍS. Siete testigos acreditaron a este diario que la reforma se prolongó durante meses y causó al menos un par de inundaciones en las plantas inferiores, incluido un restaurante que cerró y quebró tras los desperfectos.
Estas declaraciones de Almeida llegan en un momento en que la polémica obra ha pasado a un segundo plano. Lo último que se sabe es que la sanción está suspendida a la espera de la decisión del juzgado contencioso-administrativo número 14 de Madrid, que admitió un recurso de Amador contra el Ayuntamiento.
El caso saltó a la luz en marzo, poco después de que se conociera que la pareja de Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía por la comisión de un fraude fiscal. Tras defraudar presuntamente 350.000 euros, el empresario compró en julio de 2022 un piso en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital española. Acto seguido, informó al Ayuntamiento de una obra mediante una declaración responsable, un documento por el cual los ciudadanos pueden iniciar actuaciones sin esperar a un permiso. Sin embargo, la Junta Municipal de Distrito de Chamberí ordenó en dos ocasiones el “cese inmediato” de la reforma, el 2 de noviembre de 2022 y el 13 de diciembre de 2022. A pesar de estas comunicaciones, la obra continuó y la pareja se mudó al inmueble en el otoño de 2023.
Cuando la obra sin permiso fue revelada este año por los medios, el alcalde se vio en una posición incómoda: su propia administración debía investigar la obra en el piso de Ayuso, quien es también su jefa, al ser la presidenta del PP de Madrid. En mayo, una inspectora municipal visitó el inmueble y corroboró que “no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas”.
El alcalde había prometido que trataría a Amador como a cualquier otro madrileño, pero el PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento ha obstruido su labor de control, al restringir el acceso que por ley deben tener sus concejales a los expedientes municipales (la información a la que accedieron tiene folios sin numerar, tachaduras de nombres, direcciones y páginas parcialmente en negro). Además, el Ayuntamiento ha limitado el acceso de todos los ciudadanos a una base de datos urbanística, Conex, que fue fundamental para que los medios conocieran esta irregularidad.
El alcalde también ha hecho varias declaraciones defendiendo la posición de Amador. En junio, anunció que iba a averiguar quién dentro del Ayuntamiento había “filtrado” datos del caso a los medios de comunicación y Ayuso declaró que había habido “un posible delito de falta de custodia”.
Este miércoles, en Radio Nacional, Almeida también se ha alineado con el discurso exculpatorio de Amador en el caso del fraude fiscal, abanderado por Ayuso y su equipo. Sin pruebas, ha afirmado que Moncloa dio instrucción de filtrar un correo en el que Amador confesaba haber cometido dos delitos de fraude fiscal, y lo ha calificado de “operación de Estado contra una adversaria política”. Almeida se refería a la investigación del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por esa presunta filtración.
En declaraciones a los medios, la líder de la oposición, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha tachado de “bulo” las declaraciones del alcalde sobre el piso. “Almeida no puede mentir y no puede intentar tapar este otro escándalo de la presidenta Ayuso y de su pareja que como en otros ámbitos de su vida piensan que la ley aplica a todo el mundo menos para ellos”, ha dicho en un acto de homenaje a la Constitución.
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