El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, vuelve a la carga con la demanda de que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas cooficiales en la Unión Europea. El jefe de la diplomacia española ha dirigido una carta a su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, que el próximo 1 de enero asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, en la que le pide que durante los próximos seis meses se avance para alcanzar un acuerdo que permita incluir las tres lenguas en el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión. La iniciativa se produce en un momento en que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado a Pedro Sánchez de incumplir el pacto que permitió su investidura y le ha pedido que se someta a una moción de confianza en el Congreso, mientras mantiene en duda su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
En la misiva, adelantada por La Vanguardia y a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, Albares asegura que la presidencia polaca del consejo, durante el primer semestre de 2025, constituye una ocasión extraordinaria para impulsar un acuerda que permita incluir el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales y de trabajo de la UE.
El ministro de Exteriores asegura que una de las prioridades de España ha sido siempre acercar las instituciones comunitarias a los ciudadanos y que ello pasa por el reconocimiento de la pluralidad lingüística de Europa. Tras recordar que 20 millones de españoles viven en comunidades autónomas con lenguas cooficiales, desgrana los argumentos que ya han sido esgrimidos por España para lograr este objetivo: que el Gobierno español asumiría el coste de su aplicación y que está dispuesto a negociar los detalles de su puesta en marcha.
Para disipar los temores a que la inclusión de estos tres idiomas sin Estado propio abra la puerta a la reclamación de lenguas minoritarias en otros países de la UE, destaca que se trata de un caso singular que no podría ser esgrimido como precedente. Así, subraya que las tres lenguas tienen reconocimiento constitucional en España; son lenguas de trabajo del Congreso y el Senado; se utilizan para la producción de normas en los territorios donde son cooficiales, incluidas aquellas que desarrollan el derecho comunitario; son usadas en instituciones de la Unión en virtud de acuerdos administrativos; y el Consejo guarda en sus archivos traducciones certificadas en dichas lenguas de los tratados de la UE.
El reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión figuraba en el acuerdo alcanzado con Junts para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso en agosto del año pasado. Albares aprovechó la presidencia española del consejo, en el segundo semestre de 2023, para plantear la demanda y meterla en la agenda europea. Sin embargo, el dossier se aparcó durante la Presidencia belga (primer semestre de este año) y ha desaparecido en la actual Presidencia húngara, lo que ha llevado a Puigdemont a denunciar el incumplimiento de aquel acuerdo.
El jefe de la diplomacia española se reunió el pasado día 4 con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, para que los tres idiomas cooficiales sean lenguas de uso en la Eurocámara, una decisión que es independiente de la anterior, que depende de un mero acuerdo administrativo que debe ser apoyado por el Grupo Popular Europeo, del que forma parte el PP, que hasta ahora lo ha bloqueado. Aunque no hay una cifra definitiva, un informe preliminar de la Comisión Europea ha estimado el coste de la oficialidad de catalán, euskera y gallego en 132 millones de euros. La cifra sale de multiplicar por tres el coste anual de la traducción al gaélico irlandés, la última en incorporarse al catálogo de lenguas oficial de la UE, en diciembre de 2021.