La consejera de Acción Exterior de la Generalitat, la republicana Meritxell Serret, ha lanzado este miércoles un alegato político en el juicio que se sigue contra ella por un delito de desobediencia. Arropada por Esquerra y Junts, que han tratado de escenificar una débil tregua, Serret no ha contestado a ninguna de las partes en una declaración judicial que ha convertido en manifiesto político. “Me reafirmo en que el 1-O no fue delito, votar no fue delito”, ha asegurado Serret. Como miembro del Ejecutivo que organizó el referéndum por la independencia en octubre de 2017, la consejera ha asegurado que debía “dar respuesta a la mayoría parlamentaria y al mandato democrático” de los ciudadanos.
El juicio contra Serret, que durante el procés ocupaba la cartera de Agricultura, ha llegado en un clima enrarecido por el regreso a España, tras cinco años huida de la justicia española, de Clara Ponsatí, que fue compañera de viaje en el ejecutivo de Carles Puigdemont que impulsó la consulta. A diferencia de Serret, que volvió de Bélgica en marzo de 2021 tras meditar largamente sus opciones y se entregó de inmediato en el Tribunal Supremo, Ponsatí llegó sin la mínima intención de ir a Madrid y consciente de que existía una orden de detención en vigor contra ella dictada por el magistrado Pablo Llarena. Dio una rueda de prensa y se paseó por el centro de Barcelona donde, como era de esperar, fue arrestada por los Mossos. Cinco horas después, Llarena ordenó su puesta en libertad y la citó a declarar por desobediencia el próximo 24 de abril.
La llegada por sorpresa de Ponsatí la víspera del juicio contra Serret pretendía, entre otras cosas, subrayar a dos meses de las elecciones municipales las distintas formas del independentismo de abordar las relaciones con la justicia española. La eurodiputada de Junts, tal vez la voz más radical de entre los políticos que se proclaman “exiliados”, fue especialmente crítica con Serret: “Va dando tumbos por el mundo y pone una bandera española tres veces más grande que la catalana”, afirmó.
Casi siempre unidos cuando se trata de afrontar las consecuencias penales del 1-O, los partidos independentistas han tratado de firmar una frágil tregua este miércoles. Serret se ha presentado en el Palacio de Justicia de Barcelona para ser juzgada por desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional de impedir el referéndum. La Fiscalía pide que sea condenada a un año de inhabilitación. Arropada por toda la cúpula de Esquerra Republicana —incluidos los líderes del procés condenados a penas de cárcel por sedición: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa— y también por el presidente Pere Aragonès, la actual consejera de Acción Exterior y Unión Europea ha intentado quitar hierro a la polémica. Se ha mostrado “muy contenta y muy feliz” por el regreso de Ponsatí y le ha ofrecido su “solidaridad plena” ante “el mismo Estado represor” que pretende “criminalizar al independentismo”. Serret se ha reafirmado, no obstante, en su “estrategia jurídica” y la de su partido, que pasa por ponerse a disposición de los tribunales españoles. Ponsatí, por el contrario, aseguró el martes que no reconoce su legitimidad y en el aire está saber si el 24 de abril, día en que la ha citado Llarena, se presentará al Supremo: el juez ya le ha advertido de que, si no lo hace, mandará detenerla.
“No es día de reproches”, ha sentenciado el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a las puertas del TSJC. Hasta allí se ha desplazado el Govern casi en pleno, lo mismo que cargos de la CUP (Eulàlia Reguant, Carles Riera) y los máximos responsables de Junts. Entre ellos estaba Laura Borràs, que en las próximas horas sabrá si es condenada por fraccionamiento ilegal de contratos durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El apoyo a Serret contrasta con el que el martes por la tarde recibió Ponsatí frente a la Ciudad de la Justicia, donde la delegación de Esquerra Republicana fue más que discreta.
Ya en la sala de vistas, en un juicio de una sola jornada que se ha ventilado con celeridad, Serret ha asegurado que, en principio, no quería declarar. “No responderé a preguntas de las partes. A mi abogado tampoco. Haré una manifestación”. Tras una advertencia del presidente del tribunal, Fernando Lacaba, el abogado ha acabado formulándole una pregunta que ha servido a la consejera para hilvanar un discurso político en toda regla.
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La fiscal reprocha el “electoralismo” de Serret
“Las convicciones que tenía entonces las mantengo. El proyecto independentista es legítimo”, ha dicho la consejera, que ha defendido la vigencia del derecho de autodeterminación y el legado del 1-O como “una expresión del principio de soberanía”. Serret ha recordado que el ejecutivo que organizó el referéndum “se había presentado a las urnas con un programa netamente independentista” que no fue invalidado y ha señalado que en el seno del Govern hubo debate para “sopesar” hasta qué punto había que atender los mandatos del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, dar respuesta a la mayoría parlamentaria. “Intenté tomar decisiones coherentes con ese mandato. Organizar un referéndum no es un delito en el Código Penal español ni vulnera derechos de nadie”, ha dicho. Serret ha seguido al pie de la letra las tesis de Esquerra al criticar al Estado por “judicializar” un conflicto que, en su opinión, “es político y solo se puede resolver desde la política”.
Tras anunciar que mantiene su petición de pena para Serret —un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa—, la fiscal del caso, Neus Pujal, le ha reprochado que haya transformado su declaración en un mitin. “Vamos a basarnos en términos jurídicos, no vamos a hacer electoralismo. Aquí no se está criminalizando ninguna idea ni el fiscal ha acusado a ningún votante del 1-O. No intentemos desviar la atención”. La fiscal ha recordado que la entonces responsable de Agricultura recibió hasta cinco requerimientos del Constitucional y que, al no abandonar el Govern como sí hicieron otros consejeros, “asumió que estaba desobedeciendo”.
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