El empresario Alberto González Amador, imputado por dos delitos fiscales castigados con penas de uno a cinco años de cárcel cada uno, admitió su supuesto fraude muchos meses después de cometerlo y cuando tenía dos inspecciones abiertas. González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, consideró en febrero de 2023 ―y lo puso por escrito en sus alegaciones a la Agencia Tributaria― que sus engaños al presentar durante dos ejercicios seguidos facturas con gastos inexistentes por 1,7 millones de euros eran en realidad “errores sin intención dolosa” de cuya gravedad “no era consciente”.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, niegan estos hechos desde que el 13 de marzo pasado decidieron salir ambos en defensa de González Amador difundiendo informaciones falsas cuando ya se conocía que la fiscalía había presentado la querella por dos delitos fiscales, una circunstancia que el novio de Ayuso intentó evitar sin éxito.
La asesora fiscal de González Amador le informó en febrero de 2023 que “ni se podía ni se debía hacer” una declaración complementaria para reparar el fraude porque podía ser malinterpretada y no serviría para evitar el juicio. Pese a ello, el novio de Ayuso intentó algo parecido cuando unos meses después pagó las cantidades que él consideraba defraudadas en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2022, presentada en julio de 2023
Pero la Agencia Tributaria resolvió a comienzos de 2024 que esa maniobra de González Amador no era válida porque “la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades de 2022 en la que se intentaría revertir los gastos deducidos en 2020 y 2021 se había producido avanzado el curso de las actuaciones inspectoras”. El Código Penal deja muy claro que ningún contribuyente puede regularizar su situación cuando ya le están investigando.
González Amador supo a comienzos de 2024 que la Agencia Tributaria no aceptaba esa declaración en la que pagó 629.000 euros, declarando como ingresos extraordinarios 1,5 millones de euros que correspondían a dos de las 15 facturas falsas que presentó en 2020 y 2021 para deducirse gastos inexistentes. A partir de ahí, comenzó su arrepentimiento y confesión de culpa, hechos negados por Ayuso y Rodríguez.
2 de febrero de 2024. Abogado de González Amador a la fiscalía: “Ciertamente se han cometido dos delitos”. Conocedor de que la “liquidación vinculada a delito” por sus declaraciones de 2020 y 2021 había sido tramitada para abrir una causa en el juzgado por dos delitos fiscales, el abogado de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 un extenso correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid donde admitía el fraude ―”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”― y proponía un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel a cambio de la confesión de culpa y el pago de una multa próxima a los 500.000 euros.
12 de febrero de 2023. El fiscal al abogado: “Tomo noto de su voluntad de reconocer los hechos”. El fiscal Julián Salto comunicó el 12 de febrero de 2023 al abogado de González Amador que había sido el “fiscal designado para el asunto” y se daba por enterado de la decisión del novio de Ayuso: “Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos”.
12 de febrero de 2023. El abogado, al fiscal: “Las cuotas defraudadas en 2020 y 2021 se ingresaron en la liquidación de 2022″. Sólo ocho minutos después de recibir ese correo, el letrado de la pareja de Ayuso contestó al fiscal Salto informándole sobre un nuevo acontecimiento que podía alterar el desarrollo del caso: “La Agencia Tributaria acaba de iniciar un procedimiento inspector respecto al Impuesto de Sociedades de 2022, de Maswell [la empresa de González Amador], entiendo que para comprobar lo que hemos alegado en relación con que las cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 se ingresaron en la autoliquidación del impuesto de Sociedades de 2022 al anular (en el periodo de 2022) las facturas cuestionadas. Lógicamente, según vaya avanzando este procedimiento inspector le iremos informando a usted y al Abogado del Estado, así como de su resultado. En particular si la Agencia Tributaria considera acreditado este punto, que la cuota fue ingresada con el Impuesto de Sociedades de 2022″.
Este correo apuntala el reconocimiento de culpa de González Amador al señalar su abogado que intentaron regularizar “las cuotas defraudadas” en 2020 y 2021 mediante la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2022. Ellos ya conocían por la propia Agencia Tributaria que esa maniobra iba a ser considerada irregular y le devolverían lo pagado de más.
Cuando el pasado 12 de marzo de 2024 el diario.es destapó el fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez salieron en defensa del defraudador confeso difundiendo informaciones falsas, muchas de ellas basadas en el contenido de los correos electrónicos que se intercambiaron el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto.
Lo que sigue recoge las 12 horas del 13 de marzo que pasaron desde que Díaz Ayuso denunció en conferencia de prensa la “inspección salvaje” que sufrió su novio, hasta los últimos mensajes de medianoche que difundió su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para contar a los periodistas que el acuerdo de conformidad que supuestamente proponía el fiscal al novio de Ayuso para admitir dos delitos se había retirado por “órdenes de arriba”.
Mañana del 13 de marzo. Díaz Ayuso: “Es falso que deba 300.000 euros. Es Hacienda quien le debe casi 600.000 euros a mi novio” . “Hasta donde sé”, declaró en la conferencia de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Gobierno, “mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020 y 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe (…) Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude y no sólo no le debe nada sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar…por intereses”. Isabel Díaz Ayuso conocía el caso por su pareja. En ese momento, González Amador sabía que la Agencia Tributaria estaba resolviendo si aceptaba los más de 600.000 euros que había pagado en la declaración de 2022 para intentar reparar su fraude de 2020 y 2021 sin acudir a juicio. Y también sabía que en enero de 2024, la Agencia Tributaria ya había resuelto que ese pago no era correcto. La declaración de Ayuso era falsa, pero aportaba información existente en el expediente tributario y en el correo confidencial donde el abogado de González Amador informaba a la Fiscalía de Madrid que la Agencia Tributaria estudiaba si valía o no el pago de más de 600.000 euros para evitar el juicio. Hacienda acabó devolviendo 552.000 euros en abril de 2024 a González Amador.
Miguel Ángel Rodríguez. A partir de las 13.00 del 13 de marzo. “No hay ninguna factura falsa, ninguna trama, ninguna empresa pantalla. No es verdad que Hacienda le pida eso. Ya lo pagó”. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña comenzó a explicar a los periodistas las palabras de Ayuso: “Pagó una multa de un primer expediente antes de que Hacienda lo elevara a la Fiscalía. Le abrieron otro pero no pudo pagarlo porque no le dejaron y por eso está en Fiscalía. Toda una trama corrupta de Hacienda y Fiscalía para llegar a este lío en el que no hay ninguna factura falsa, ninguna trama, ninguna empresa pantalla”. Rodríguez insistía en la tarde del 13 de marzo en la tesis de Ayuso cuando los medios le hacían más preguntas: “Hacienda le debe casi 600.000 euros porque él pago de más cuando abono la multa en julio de 2022. No es verdad que Hacienda le pida eso, ya lo pagó”. Sus respuestas incluían nuevas mentiras entre medias verdades. No fue en julio de 2022 cuando pagó sino en julio de 2023 y no se trató de ninguna multa sino que voluntariamente ingresó en Hacienda mucho más de lo que correspondía intentando evitar el juicio por fraude fiscal.
Miguel Ángel Rodríguez, a partir de las 18.00. “Prestó servicios que Hacienda no admite para así elevar la cuantía”. Rodríguez acusaba a esas horas a la Agencia Tributaria de “mal comportamiento” al no admitir unos servicios que prestó González Amador para así “elevar la cuantía del fraude”. El jefe de gabinete también recordaba que la Agencia Tributaria perdía “con jueces normales” un porcentaje muy grande de los juicios. En realidad, lo que hizo González Amador es presentar a Hacienda facturas por servicios de otras empresas por casi 1,7 millones de euros, un dinero que nunca pagó la pareja de Ayuso, según reconoció el mismo cuando los inspectores descubrieron el engaño.
Miguel Ángel Rodríguez, a partir de las 19.00. “Al fiscal le prohibieron negociar con el. Todo turbio y feo”. A medida que intentaba aclarar lo ocurrido, el jefe de gabinete de Ayuso denunciaba nuevos hechos para censurar el comportamiento de la fiscalía con González Amador. Rodríguez contó antes de las ocho de la tarde del 13 de marzo que “el fiscal [Salto, encargado del caso] le ofreció negociar [a González Amador]; después, al fiscal le prohibieron negociar con él”. Tan sólo hora y media después de facilitar esta información a periodistas, El Mundo publicó en su página web que la Fiscalía ofrecía “a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”. La información detallaba un correo electrónico del 12 de marzo del fiscal Salto al abogado de González Amador: “Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”. El correo no dice nada de que el acuerdo consistía en que González Amador admitiera dos delitos, como informó El Mundo, quien también aseguraba que el novio de Ayuso puso a disposición de la Agencia Tributaria “400.000 euros para regularizar su situación y zanjar el procedimiento por la vía administrativa mediante una conformidad”. Ni las cantidades ni el mecanismo son ciertos. Rodríguez aseguró en el Supremo que había puesto en contacto al diario El Mundo con González Amador.
Miguel Ángel Rodríguez, a partir de las 22.00 del 13 de marzo. “Retiran la propuesta de acuerdo por órdenes de arriba”. Cuando El Mundo ha publicado la noticia falsa sobre una oferta de acuerdo de la fiscalía a González Amador a cambio de que admita dos delitos ―era al contrario―, el jefe de gabinete de Ayuso manda este mensaje a un grupo de periodistas: “Es la fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes “de arriba” y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”. El fiscal Julián Salto declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ningún superior le indicó nada, ni le ordenó nada ni le dio ninguna instrucción en relación con los acuerdos de conformidad con el novio de Ayuso. De hecho, la Fiscalía sigue dispuesta, y así se lo hizo saber en junio pasado al abogado de González Amador, a aceptar la propuesta de acuerdo del defraudador confeso para evitar que ingrese en prisión. El correo electrónico que el fiscal Salto envió al abogado Carlos Neira pertenece, según el Código Deontológico del Colegio de Abogados, a las comunicaciones incluidas dentro del capítulo del Secreto Profesional cuyo artículo 5.3 dice: “Cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la Abogacía, recibida o remitida, está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser facilitada al cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo autorización expresa del remitente o del destinatario”. El fiscal Salto no autorizó al abogado Neira a difundir su correo electrónico, pero Miguel Ángel Rodríguez envió su contenido a decenas de periodistas. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, lo denunció ante el juez: “No pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados sancione a quien vulneró el secreto de las comunicaciones”. Pero el Colegio de Abogados, que denunció al fiscal general por desmentir a través de una nota los bulos lanzados por el Gobierno madrileño, se niega a informar sobre si ha abierto expediente a su colegiado Carlos Neira: “Según normativa, no cabe dar información de materia reservada, como es la existencia o no de una información previa o de un expediente sancionador, en su caso”.
Miguel Ángel Rodríguez, pasadas las 23.00 del 13 de marzo. “Las órdenes de arriba para retirar la oferta de acuerdo fueron de palabra”. Cuando los periodistas pidieron al jefe de gabinete de Ayuso alguna prueba de sus acusaciones ―”por ordenes de arriba han retirado la oferta de acuerdo”―, Miguel Ángel Rodríguez contestó: “[Las órdenes de arriba se hicieron] De palabra”. Nueve meses después, preguntado por esta información ante el juez que investiga al fiscal general del Estado por una revelación de secretos, el jefe de gabinete confesó que se lo había inventado, no era información: “Ya peino canas y lo deduje”.
Fiscalía General del Estado. 21.30 a 24.00. Desmontando un bulo con información del procedimiento. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habló con la fiscal provincial y con la fiscal superior de Madrid en la noche del 13 de marzo para aclarar si era cierto lo que denunciaba el Gobierno de Ayuso a través de medios que mintieron al no contrastar su información. García Ortiz recabó la documentación necesaria y ordenó difundir una nota a la mañana siguiente con los principales hitos del proceso judicial. El Tribunal Supremo entiende ahora que el fiscal general pudo cometer un delito de revelación de secretos porque el correo clave del enredo se filtró supuestamente a varios medios sólo un poco después de que lo recibiera el fiscal general. Dos periodistas, uno de la Cadena SER y otro de el diario.es, autores de informaciones sobre el correo electrónico, detallaron el pasado jueves ante el juez Hurtado cómo accedieron a esa documentación mucho antes de que la pidiera y recibiera el fiscal general del Estado. El abogado de González Amador sugiere en un escrito que ambos profesionales mienten. Los representantes legales del novio de Ayuso han demandado a 15 personas, entre periodistas y políticos por calificar a González Amador como defraudador confeso.