Los palestinos que viven en Israel, en Cisjordania y en Jerusalén Este padecen de forma creciente los estragos de la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás mató a 1.200 israelíes y secuestró a 251 rehenes. En Cisjordania avanzan los asentamientos de colonos, en Jerusalén Este las excavadoras destruyen más casas que nunca. Y en Israel, la presión contra la minoría árabe se hace sentir con una ráfaga de leyes que muchos tachan de “draconianas”.
La abogada palestina Hadeel Abu Salih, miembro de la organización jurídica Adalah, vive en la localidad norteña de Sajnín y posee la nacionalidad israelí, como otros dos millones de palestinos en un país de casi diez millones de habitantes. Asegura que aunque su organización ha documentado a lo largo de varias décadas unas 70 leyes discriminatorias contra los palestinos de nacionalidad israelí, todos sus compañeros se sorprenden con la velocidad con la que actúa la Kneset (el Parlamento) para incorporar nuevas normas que les afectan. “Las cosas se están moviendo de forma muy rápida y opresiva. El Gobierno usa la guerra en Gaza como excusa”, sostiene.
El pasado 4 de noviembre, el Parlamento aprobó una propuesta de ley que autoriza al Ministerio de Educación israelí —sin necesidad de recurrir a los tribunales— a despedir a los docentes que “se identifiquen públicamente con una organización terrorista” o la apoyen. Esa misma semana, en la madrugada del 7 de noviembre, la Kneset aprobó otra ley que permite deportar a Gaza o Cisjordania a los familiares de “agentes terroristas”. La medida fue impulsada por el partido ultranacionalista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, el colono extremista Itamar Ben Gvir. La respaldaron 61 diputados frente a 41 en contra.
Esa misma noche, el Parlamento aprobó una disposición temporal vigente durante cinco años y prorrogable, que permite a los tribunales del país condenar a prisión a menores a partir de los 12 años de edad si son declarados culpables de asesinato por motivos “terroristas”.
Políticas similares al ‘apartheid’
Estas normas, según Adalah, se basan en definiciones excesivamente amplias y deliberadamente ambiguas de “terrorismo”. Y permiten al Estado “castigar colectivamente a los palestinos”, a los que tienen nacionalidad israelí o a quienes habitan en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios palestinos ocupados desde 1967. “Israel profundiza así, con políticas similares a las del apartheid, su sistema legal de dos niveles, uno para los palestinos y otro para los judíos israelíes”, ha denunciado Adalah en varios comunicados.
La letrada Abu Salih recuerda por teléfono que con la ley antiterrorista cualquier persona puede ser acusada ante un juez y posteriormente enviada a prisión. “Pero ahora, con la nueva norma, el Ministerio de Seguridad Nacional puede deportar a cualquiera sin necesidad de pasar ante un tribunal ni presentar pruebas. Y no solo a un individuo, sino a sus familiares también. Es una ley discriminatoria, porque antes del 7 de octubre, el 95% de las sentencias por terrorismo recaían sobre los árabes y después de esa fecha, es el 98% de los veredictos”. Hasta el momento no se ha deportado a nadie. Pero el camino legal ya está abierto.
Los lemas que los palestinos han cantado durante décadas ahora pueden ser objeto de arresto, explica Abu Salih. Entre ellos, “resiste, no renuncies a tu tierra” o “resiste, no renuncies a Gaza”. El abogado de derechos humanos Ahmad Khalefa y el profesor Muhammed Jabareen fueron detenidos el 19 de octubre de 2023 en la localidad israelí de Um El Fahem por participar en una manifestación convocada tras el bombardeo de un hospital en Gaza que causó cientos de muertos. “El día antes”, comenta Abu Salih, “el alto comisionado de la policía hizo una declaración que impedía todas las protestas de solidaridad con Gaza. El abogado Khalefa pasó casi cinco meses entre rejas como detenido por motivos de seguridad. Y el profesor, ocho meses. Ahora se encuentran en detención domiciliaria”.
La presión sobre los palestinos también se percibe entre las calles polvorientas y las casas desvencijadas de Jerusalén Este, donde viven 360.000 palestinos. Las ONG Ir Amim y Bimkom han registrado en esa parte de la ciudad un récord en 2024 de 255 demoliciones de inmuebles —181 de viviendas y el resto locales— lo que supone la cifra más alta en un solo año. El contable jubilado Fakri Abu Diab, de 63 años, muestra las ruinas de su casa, en el barrio de Bustan, en el distrito de Sinwal. “Nací, antes de la ocupación de 1967. Entonces la casa apenas tenía 25 metros cuadrados. Y la fui ampliando poco a poco. Y aquí vivíamos diez personas, mi mujer, mis dos hijos y los nietos. Hasta que el pasado 24 de febrero vinieron y la echaron abajo diciendo que era ilegal. Arrancaron todos los árboles, que tenían muchísimos años. Pero yo he vuelto a plantar otros. Fotos que tenía con mi madre están ahí, bajo los escombros”.
Desde entonces, Abu Diab vive solo con su esposa en un cobertizo metálico, al lado de los escombros. A pesar de que le echaron la casa abajo, decidió reconstruir la cocina. “Pero vinieron en noviembre y lo volvieron a tirar todo. Tres días después, a las tres de la madrugada, yo estaba dormido y un soldado aporreó la puerta con un fusil. Me llevó a comisaría. Y allí un policía de 25 años, de la edad de mi nieto, me estuvo interrogando cuatro horas. Me dijo que por qué hablaba yo con los medios. Pero no voy a dejar de hablar. Me han quitado la casa, que es mi pasado y mi futuro. ¿Qué más puedo perder?”.
El jubilado palestino critica que estas demoliciones van en contra de las leyes internacionales. Comenta que antes del 7 de octubre apenas tiraban en el barrio una casa cada medio año. “Y desde entonces ya vamos por 27. Si viene el cónsul español o el de Estados Unidos a vernos, entonces a los 10 días tiran más casas. Ese es el mensaje que nos envían”.
Abu Diab está convencido de que todo obedece a una agenda política de las autoridades israelíes. Muestra una bandera israelí a unos 100 metros por encima de su casa. “Quieren echarnos y llenar esto de israelíes. Dicen que es la tierra del rey David. Y yo le dije a un juez que si el rey David estuvo aquí hace 3.000 años, puede que yo sea un descendiente de él, porque mi familia nunca se movió de aquí”.
En Cisjordania, más colonos que nunca
El investigador Aviv Tatarsky, de la ONG Ir Amim, y el arquitecto Sari Kronish, de la asociación Bimkom, afirman en un intercambio de mensajes que 2024 ha marcado un punto de inflexión “devastador” para los palestinos de estas parte de la ciudad. Ambos sostienen que la burocracia se ha convertido en un arma para despojar a los palestinos de sus hogares. Y enumeran tres métodos: “Los desalojos forzosos, la paralización de los planes de viviendas palestinos y las confiscaciones de tierras disfrazadas de procedimientos legales”.
Tatarsky y Kronish aseguran que las familias se ven obligadas a demoler sus propias casas bajo la amenaza de multas exorbitantes y prisión. “Mientras, los colonos se mudan a propiedades recién expropiadas, a menudo respaldados por leyes y autoridades estatales discriminatorias. No se trata simplemente de una crisis de vivienda; es una política deliberada de desposesión diseñada para disminuir la presencia palestina en Jerusalén”, concluyen.
También en la Cisjordania ocupada, donde viven 2,7 millones de palestinos junto a medio millón de colonos israelíes repartidos en 147 asentamientos, la situación se ha agravado desde el 7 de octubre con la instalación masiva de los llamados “puestos avanzados”. Son núcleos establecidos a partir de la década de 1990 sin la aprobación del Gobierno y que se consideran ilegales, según la ley israelí. La organización Peace Now asegura que desde 1996 hasta principios de 2023 se establecieron una media de casi siete puestos avanzados al año. En el primer año de la actual guerra, se crearon “al menos 43 nuevos, la mayoría de ellos granjas, centrados en la apropiación de tierras y la expulsión sistemática de palestinos de la zona”, dice la ONG.