El ciclo suele funcionar siempre de la misma manera en La Mina: una crisis (tiroteos, homicidios…), un refuerzo policial (antidisturbios vigilando las calles), un periodo de calma, y vuelta a empezar. “Es una situación que se ha cronificado”, admitió el viernes la consejera del Interior, Núria Parlon. Pero fuentes policiales añaden que la marihuana ha empeorado el panorama en este barrio de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). “Ahora tienen las plantaciones aquí, y lo primero que hacen es protegerse”, asegura el comisario de los Mossos Sergi Pla. Entre 2018 y 2022, la policía catalana ha intervenido medio centenar de armas de fuego a los clanes de La Mina, en siete investigaciones largas y complejas. Una decena eran armas de guerra. También han detenido a 150 personas, en 150 registros, y cerca de medio centenar han ingresado en prisión.
La última crisis que ha acarreado un desembarco de los antidisturbios en el barrio fue un tiroteo el pasado martes, a las diez de la noche. Un grupo de tres hombres del clan de los Cascabeles dispararon al menos 150 veces contra los Cortés-García. Las imágenes, grabadas por diversos testimonios, con el estruendo de ráfagas de disparos al aire, no tardaron en hacerse virales. “Es un hecho aislado. Una acción intimidatoria para demostrar fuerza”, insiste Pla, sobre el episodio, en el que una mujer mayor resultó herida de levedad por una bala que entró por su ventana.
El origen del tiroteo es una discusión previa entre dos menores de 16 años de ambos clanes. Uno de ellos, de los Cortés-García, intimidó con un arma a otro, y eso desató la furia entre las familias. “Se estuvo mediando durante todo un día, pero no hubo resultado”, lamenta el comisario de los Mossos. Pla señala una situación que hace tiempo que repiten diversas voces implicadas en la gestión de conflictos entre familias: la pérdida de autoridad de los patriarcas. “Hay un cambio generacional, y determinados jóvenes no hacen caso a los viejos. No encontramos personas con ascendencia para pacificar estas situaciones”, señala el mando policial.
Fuentes policiales añaden que la amalgama de familias instaladas en el barrio —una veintena, no todas implicadas en actividades delictivas—, emparentadas entre sí, no encuentran un mediador neutral, como en el pasado fueron los Jodorovich, para atajar disputas. El mayor temor de los Mossos es que ahora se busque venganza por el tiroteo del martes. “Es una situación inadmisible”, se queja el comisario Pla, que a pesar de todo insiste en que la policía no ha perdido el control. “Llevamos a cabo tareas preventivas, y cuando se cometen delitos, reactivas”, defiende este policía veterano, que conoce La Mina desde hace más de 40 años.
La Mina es un barrio de Sant Adrià en el que constan 11.000 habitantes. Allí viven una mezcla de personas, de procedencia diversa. “Quienes protagonizan estos hechos son un número reducido de vecinos. La mayoría cumple la norma”, explica el jefe de la comisaría de la zona, el subinspector Agustí Jové, que destaca también el sólido “tejido asociativo” del barrio. “Personas normales y corrientes, trabajadoras. Pero los otros tienen más eco mediático”, añade el comisario Pla.
Los datos de las grandes operaciones de los Mossos indican que entre 2018 y 2022, en siete investigaciones, los Mossos detuvieron a más de 150 personas en La Mina y alrededores. Y que de estas, 50 ingresaron en prisión. “Es un trabajo complicado de contención”, aseguran fuentes policiales, sobre el efecto que tienen las investigaciones contra los grupos criminales asentados en el barrio. La marihuana, añaden, ha enquistado aún más un escenario que perjudica sobre todo a los propios vecinos de La Mina. En el barrio, de media, se producen 3 o 4 tiroteos entre grupos enfrentados al año. La estadística deja fuera episodios como los que protagonizan algunos jóvenes, que suben a las terrazas y disparan al aire, probando las armas. “Por tres o cuatro tiros, nadie llama al 112″, lamenta otra fuente policial conocedora del barrio. El año pasaron se hizo un registro por drogas de media a la semana.
El tiroteo del martes se produjo a escasos 200 metros de la comisaría de los Mossos. “Está claro que se sienten impunes”, admite el comisario Pla. Pero insiste en que detendrán a los responsables. “Tenemos mucha información, ahora falta demostrarla”, indica, sobre un episodio que nadie ha denunciado, ni siquiera las personas que vieron las balas entrar por sus ventanas, porque existe un clima de intimidación. La policía apuesta por una investigación de calado, que permita desarbolar, una vez más, las organizaciones que permiten la entrada de drogas y armas en el barrio. El problema, añaden fuentes policiales, es que una vez ocurre, otros ocupan ese espacio, y el ciclo vuelve a empezar. “La solución no es solo policial”, insisten.
El tiroteo es la primera crisis de seguridad del nuevo Govern. La alcaldesa de la ciudad, Filo Cañete, reclamó que se recuperase el control en el espacio público. El jueves, el presidente, Salvador Illa, se presentó en el barrio y anunció una junta de seguridad extraordinaria. El PP ha pedido que Parlon comparezca en el Parlament. ERC reclama que el director de la policía, Josep Lluís Trapero, explique qué harán.