El PSOE ha abierto una nueva batalla en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado este viernes una proposición de ley de “garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. Esta iniciativa contempla, entre otras medidas, limitar el ejercicio de la acusación popular en las investigaciones penales y, además, prohíbe que los partidos políticos puedan ejercerla. Los socialistas han impulsado esta normativa —que ha generado ya numerosas críticas de la oposición, de juristas y de colectivos civiles y profesionales— cuando salpican al Gobierno varios sumarios donde se han personado acusaciones populares. Y lo hacen pese a que la formación liderada por Pedro Sánchez recurre habitualmente a esta figura jurídica para intervenir en causas abiertas en los tribunales.
“Esta reforma no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos”, opina el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa de la carrera judicial. Estas son algunas claves de la propuesta de ley del PSOE y de las críticas que ha generado:
Prohibición a los partidos. La reforma introduce que los partidos políticos, así como las “asociaciones o fundaciones vinculadas” a ellos, no puedan ejercitar la acción popular. El PSOE argumenta que así se puede “prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político”. “[Es una] ley de impunidad para la familia socialista”, ha censurado Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, personado como acusación popular en el caso Koldo —sobre la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en época del José Luis Ábalos, ex secretario de Organización de los socialistas—. Vox, presente en las causas abiertas contra la esposa y el hermano de Sánchez, también lo ha criticado.
El jurista Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida (IU) y Sumar, tampoco lo ve con buenos ojos: “La acusación popular es un avance democrático que ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de Derechos Humanos ante la inacción del Estado. El lawfare [guerra jurídica] se combate impidiendo que los jueces hagan política, no restringiendo la acusación popular”, ha tuiteado. IU ejerció como acusación popular, por ejemplo, en el caso de los papeles de Bárcenas.
La postura del PSOE choca, además, con la actuaciones que la propia formación ha desplegado durante años en los tribunales, y que sigue desplegando. De hecho, hace apenas un mes, en una nota de prensa emitida para justificar su presencia en la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso Koldo, el PSOE defendía que esta figura jurídica es “fundamental para garantizar la transparencia y la colaboración ciudadana en la Administración de Justicia”: “Rechazamos las insinuaciones sobre un supuesto riesgo de politización del caso”.
Esta no es la única instrucción donde el PSOE actúa actualmente como acusación popular. Según informó Infolibre, los socialistas pidieron hace solo unos días personarse en la causa impulsada contra el eurodiputado ultra Luis Pérez, alias Alvise, por financiación irregular. También están en los sumarios sobre la trama del fraude de hidrocarburos vinculada al empresario Víctor de Aldama —el comisionista del caso Koldo—; sobre la guerra sucia urdida contra Podemos en la época de Jorge Fernández Díaz (PP) al frente del Ministerio del Interior; o sobre el presunto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, han participado habitualmente en procedimientos que salpican a los conservadores, como el caso Kitchen, relacionado con el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas.
Excluir a las asociaciones fiscales y judiciales. La propuesta del PSOE prevé que tampoco puedan ejercer la acusación popular los “miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales”. “Ello impediría actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados”, apunta el magistrado Sergio Oliva: “Y, en todo caso, resulta preocupante que siempre se dude de los jueces como colectivo, tendencia a la que algunas fuerzas políticas están incurriendo en los últimos tiempos, lo que socava la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho”.
“No parece que sea muy correcto. Sobre todo porque, al darle carácter retroactivo, supone echarnos del procedimiento cuando estábamos personados en legal forma, conforme a la legislación aplicable en ese momento”, prosigue Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que actualmente ejerce la acusación popular en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La reforma de los socialistas contempla que se aplicará a todos “los procesos en curso en el momento” en que entrase en vigor.
Otros límites de participación. La proposición de ley limita los delitos en los que pueda actuar la acusación popular y además, limita las fases en las que pueda ejercerse. El PSOE quiere así excluir esta figura de la fase de instrucción judicial (fase de investigación). Según argumenta, para evitar la “filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial”.
Varios juristas han apuntado que toda esta batería de límites, así como otros incluidos en la propuesta, plantea grandes dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pues podría suponer que, en la práctica, se “vacíe” de contenido la figura de la acusación popular, pese al especial reconocimiento que le otorga la Constitución de 1978. “[Supone] una limitación tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acción que viene a inutilizarlo”, dice María Jesús del Barco, presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Miembros de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también han mostrado sus recelos: “Consideramos desacertado excluir a los partidos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral. Debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales”, ha afirmado su portavoz, Edmundo Rodríguez.
Antecedentes. En 2020, el Ministerio de Justicia encabezado entonces por el socialista Juan Carlos Campo, actual magistrado del Tribunal Constitucional, ya elaboró un anteproyecto de ley para prohibir que los partidos y sindicatos ejerzan la acusación popular. Sin embargo, se quedó en un cajón. El PP lo había planteado igualmente cuando estaba en el Gobierno con Mariano Rajoy, pero tampoco llegó a ejecutarse.
Laxitud para aglutinarlas. Pese a que la reforma del PSOE apuesta por imponer numerosos límites a esta figura, quiere relajar la opción de que un tribunal pueda aglutinar bajo una única dirección letrada a todas las acusaciones populares personadas en una causa —para “maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas ellas”, argumenta—. Hace apenas una semana, la Audiencia Nacional decidió juntar a todas las acusaciones populares del caso Koldo (incluido al PSOE), dejando al frente al PP (que había sido la primera en personarse).