La coalición proeuropea de Rumania ha establecido en la primera sesión gubernamental de este año que las presidenciales se repetirán los próximos 4 y 18 de mayo. Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado el Partido Nacional Liberal (PNL), tras acabar la reunión ministerial con el Partido Social Demócrata (PSD) y la minoría húngara (UDMR). “La decisión tiene en cuenta la necesidad de que la primera vuelta de las elecciones se celebre al mismo tiempo que las elecciones parciales en determinados condados” y “la necesidad de que las fechas de los comicios no se superpongan con las vacaciones de la Pascua ortodoxa”, que se celebrará el 20 de abril, señala la nota.
El anuncio se conoce después de que el Tribunal Constitucional anulara la primera vuelta organizada a finales de noviembre, justo dos días antes de la ronda final, por la presunta interferencia de un “actor estatal” en la victoria del candidato ultranacionalista y prorruso Calin Georgescu. Según la ley rumana, el Ejecutivo debía determinar por decreto la fecha de la votación al menos 75 días antes del día de su organización.
Ahora, solo falta saber si Georgescu, que conmocionó a todo el país por su triunfo ante la sorpresa de una parte importante del electorado rumano, presentará su candidatura a las presidenciales y si la instancia judicial le permitirá hacerlo. El político, que fundamentó su victoria gracias a su campaña en la red social china TikTok pese a no haber declarado ni un euro, recurrió el fallo del Constitucional al Tribunal de Apelación de Bucarest, pero esta última instancia judicial lo rechazó. Tras conocer el fallo, Georgescu atacó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la decisión del Constitucional para que obligue al Estado rumano a organizar la segunda vuelta de las presidenciales.
El actual alcalde de Bucarest y posible candidato independiente a la carrera por la Jefatura de Estado, Dan Nicusor, desveló el pasado domingo un sondeo interno en el que Georgescu ―en el caso de que pudiera postularse― se impondría con una intención de voto de un 40%, mientras que el aspirante de la coalición gubernamental, Crin Antonescu, y el edil rondarían entre el 15% y 25%. Georgescu también gozaría de mayor confianza dentro de la ciudadanía, entre un 36% y 38%, por delante del otro líder de la formación ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), entre 26 y 28%, según la encuesta realizada a petición suya.
A finales de diciembre, una encuesta de la empresa demoscópica IRES reveló que el 48% de los encuestados habrían votado por Georgescu y el 29% por Elena Lasconi, la candidata de centroderecha que habría aglutinado el voto proeuropeo, si no se hubiera cancelado la segunda vuelta de las presidenciales. En el mismo sondeo, un 60% indica que cancelar el proceso democrático fue una mala decisión que irá en detrimento del país y acrecentará el sentimiento a favor de los nacionalistas.
Los líderes de la coalición proeuropea insistieron en que su candidato será Antonescu, un polémico político que intentó derrocar al expresidente Traian Basescu en 2012 mediante un proceso de destitución que no fructificó al no validarse el referéndum por no alcanzarse el quórum del 30% de participación. Este dirigente, que ha estado fuera de la política durante una década, aceptó primero su candidatura, pero después la rechazó al asegurar que no se había producido una petición formal para que se presentara y porque se estaba retrasando las fechas de las presidenciales, que llegaron a barajarse para marzo. Lasconi, respaldada por la Unión Salvar Rumania (USR), también ha confirmado que buscará ser elegida, mientras que Simion ha afirmado que solo entrará en la carrera si no dejan presentarse a Georgescu.
El Tribunal Constitucional decidió anular finalmente la primera vuelta dos días antes de la segunda vuelta —y cuando la diáspora había empezado a votar— al analizar los documentos del servicio secreto que sugerían que Georgescu habría violado la legislación electoral en materia de financiación de su campaña. Los informes desclasificados por el Consejo Supremo de Defensa, encabezado por el actual presidente del país, Klaus Iohannis, apuntan a que se produjeron ciberataques a la infraestructura informática y tecnológica utilizada para el proceso electoral, y que Rumania ha sido blanco de acciones híbridas agresivas por parte de Rusia.
Además, el Servicio de Inteligencia Exterior (SIE) ratificó que Rumania se había convertido en una prioridad para las acciones hostiles de Rusia: “Hay un interés creciente en el Kremlin por influir [al menos] en el estado de ánimo y la agenda de la sociedad rumana en un contexto electoral”. Subrayó que estas acciones se manifiestan a través de propaganda y desinformación, apoyando a algunos candidatos euroescépticos y alimentando algunos movimientos antisistema.