El primer mensaje de alerta llegó el 14 de junio de 2024. Ese día, un par de hombres en una motocicleta atacaron a balazos la redacción del periódico Adiscusión, en Culiacán, la capital del Estado mexicano de Sinaloa, cuyo fundador, el periodista Humberto Millán Salazar, había sido secuestrado y asesinado de un tiro en el cuello años antes, en agosto de 2011. En octubre de este año, en ese mismo Estado, la redacción del periódico El Debate fue atacada con balas y un trabajador fue secuestrado. Ambos hechos muestran la violencia de la que son objeto los periodistas de México y que forma parte de un contexto de hostigamiento contra la prensa en el resto de América Latina, donde regímenes de corte autoritario persiguen y acallan a periodistas y medios de comunicación. “Ha sido un año muy duro para el periodismo latinoamericano y, lamentablemente, confirma las tendencias que observamos desde hace tiempo, que son el acoso y la represión como norma”, afirma Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
México se mantiene como el país más violento de la región para ejercer el periodismo. La organización Artículo 19, que vela por la seguridad de los periodistas, ha documentado cuatro asesinatos de reporteros hasta noviembre pasado, que forman parte de los 47 periodistas a quienes mataron entre 2019 y 2024, durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, Artículo 19 ha comprobado 168 asesinatos de periodistas desde el año 2000. “Reiteramos que las violencias contra la prensa son posibles por las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales. Ante el inicio de un nuevo Gobierno, es imperativo romper el pacto de impunidad y urgente frenar el avance de las zonas de silencio que deja la violencia contra la prensa”, alerta la organización en un comunicado.
Martínez de la Serna hace el mismo llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Tiene el reto de liderar un país con unos datos de impunidad terribles, pero hay una salida a esta crisis y Sheinbaum tiene la oportunidad de ser la líder de esto, desarrollando internamente mecanismos de protección eficaces y asegurar la justicia”. El experto agrega que la mandataria también puede poner de su parte para mejorar las condiciones del periodismo latinoamericano, dado que su país se ha convertido en un punto de refugio para reporteros que han dejado sus naciones, perseguidos por gobiernos de corte autoritario. “México es importante para la región y tiene que marcar una solución apoyando a los periodistas en el exilio, crear lugares de refugio para que los periodistas puedan continuar haciendo periodismo fuera de sus países, donde no pueden hacerlo”, aconseja.
El integrante del CPJ hace referencia a la salida hacia la nación norteamericana de decenas de periodistas de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, cuyos gobiernos marcan una fuerte tendencia de persecución contra quienes ejercen la profesión, pero también contra voces críticas. A pesar de la violencia contra el periodismo que sufre México, el país y específicamente su capital se han convertido en una especie de santuario donde la prensa del exilio puede trabajar, aunque los reporteros se enfrentan a obstáculos burocráticos para acceder a visados o permisos de residencia, al alto costo de la vida y la precariedad salarial. “Es muy importante que México garantice las condiciones para que los periodistas puedan continuar trabajando desde el primer día fuera de sus países cuando huyen de la represión. Es importante transmitir el mensaje de que el periodismo no se va a detener incluso cuando los expulsan de sus países, como ocurre en Nicaragua”, dice Martínez de la Serna.
El de Daniel Ortega y su recién nombrada copresidenta, su esposa Rosario Murillo, es uno de los regímenes más virulentos contra la libertad de prensa. Ortega ha confiscado y cerrado redacciones, ha perseguido a reporteros, les ha decomisado sus bienes, los ha obligado al exilio y arrebatado su nacionalidad. Ahora en Nicaragua es imposible ejercer la profesión en libertad, mientras que este año el Gobierno ha reforzado su feroz persecución contra las voces críticas, con una reforma en septiembre a la llamada Ley de Ciberdelitos, que aumenta las penas y la potestad de perseguir extraterritorialmente “delitos informáticos”. El régimen también aprobó en noviembre la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) exigir licencias para operar a los canales locales y creadores de contenido por internet.
“Venezuela y Nicaragua son lugares donde se ha consolidado por completo la represión. En Venezuela esta se ha recrudecido en año electoral, mientras que Nicaragua se ha convertido en un país con unos niveles de represión y arbitrariedad altísimos, porque cualquier periodista en cualquier momento puede ser sujeto de violencia de parte del Estado. Cualquier comunicación que los periodistas puedan hacer, incluso de los temas más triviales, pueden llevarlos a la cárcel y al destierro, porque han recuperado esa práctica cubana de desterrar y eliminar de la existencia nacional a esos periodistas”, explica Martínez de la Serna.
Los defensores de derechos humanos han puesto este año especial atención en el Gobierno que lidera el presidente Nayib Bukele en El Salvador, porque temen que se encamine a una situación similar. Aunque el periodismo salvadoreño se ha convertido en un muro de contención ante las arbitrariedades del mandatario, también está en el ojo de la persecución desde el Estado. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha alertado en un informe publicado este diciembre del peligro que representan para libertad de prensa y el derecho a la privacidad la aprobación en el Parlamento de El Salvador de dos leyes sobre ciberseguridad y protección de datos impulsadas por el Gobierno.
“Bukele hizo en El Salvador lo que a Chávez le llevó diez años hacer en Venezuela, que fue tomarse las instituciones democráticas, el Poder Judicial, el Legislativo, la Fiscalía e ir en contra de los medios y la sociedad civil”, afirma Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano. “El contexto de intolerancia y dificultad para el ejercicio del periodismo es altísimo en un país como El Salvador”, asegura.
A Taraciuk Broner le preocupa también el aumento en este año de los ataques contra los medios, sin que haya mayores consecuencias, tanto de las autoridades como del crimen organizado, lo que genera un ambiente no solo de impunidad, sino también de autocensura. “Hay agresiones que van desde asesinatos, secuestros, detenciones, ataques verbales y físicos. Eso es como una moneda corriente en la región y es una amenaza a la supervivencia del periodismo independiente”, alerta.
Uno de los gobiernos que forcejea contra la libertad de prensa es el argentino de Javier Milei. Este ha sido un año difícil para los periodistas de ese país sudamericano, ya que Milei ha restringido el acceso a la información pública a través de un decreto que impide que se hagan públicos a aquellos datos que el mandatario considere de índole privada. El presidente ultraderechista se ha negado a realizar ruedas de prensa y ha acusado a los periodistas de mentir sobre su Gobierno. Desde que tomó las riendas del Estado, Milei ha desarrollado una estrategia que incluye disciplinar y amedrentar a los grandes medios, además de constantes ataques contra periodistas y voces críticas. Cuenta para ellos con “milicias digitales” que siembran el odio contra la prensa en redes sociales.
El ultra ha amenazado directamente a los periodistas, a los que le ha dicho que “les llegó la hora”. En unas declaraciones dadas en noviembre, dijo: “A estos pseudo periodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”. Y añadió en una entrevista que dio en Estados Unidos al influencer Lex Fridman: “Los periodistas son torturadores seriales”.
El desafío digital
Además de estos desafíos que desde la violencia y la política sufre el periodismo, Taraciuk Broner también pone sus ojos en otros retos que enfrentan los medios en este continente, como los que imponen las nuevas formas de consumo del mundo digital y a la que muchos medios aún no se adaptan. Lamenta que hay casos en los que se publica contenido sin verificación, que se consume de forma masiva. “Las audiencias no son fieles en este tipo de ecosistema digital y eso genera una dificultad para la prensa independiente de poder hacer su trabajo, mantener ese rol de perro guardián, de arrojar luz a los abusos de poder”, explica. A esa falta de lealtad que hace que el público latinoamericano no esté dispuesto a invertir, por ejemplo, en una suscripción, se une el declive de la cooperación internacional, de la que muchos medios pequeños y medianos han dependido por años. “Hemos visto un cambio en las prioridades de los donantes, que hace que sea más difícil la sostenibilidad de la prensa independiente. Es preocupante”, afirma Taraciuk Broner.
El Diálogo Interamericano, junto con Fundamedios y Voces del Sur, ha publicado un informe que advierte del declive democrático en la región, pero también hace recomendaciones para solucionar la crisis que afecta al periodismo en Latinoamérica. Taraciuk Broner menciona alguna de ellas, como definir al periodismo independiente como un servicio social para abrir nuevas formas de financiamiento, concientizar a los donantes sobre la necesidad de mayor flexibilidad en los fondos que entregan a la prensa, utilizar la tecnología para la creación de contenido audiovisual que se adapte a las nuevas formas de consumo, pero también crear fondos que permitan ayudar a los periodistas en el exilo y su sostenibilidad económica a largo plazo. También recomiendan implementar manuales de seguridad para proteger al periodismo independiente. Un periodismo que tiene que enfrentarse al odio ejercido desde el poder y a la cotidianidad de las balas, como muestran los proyectiles incrustados en los cristales y los muros de las redacciones de Adiscusión y El Debate, los diarios atacados por sicarios en Sinaloa.