Los negociadores del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos ultimaban a última hora de este jueves el texto final del acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales en cómputo anual y sin reducción de salario. Finalmente, cerraron un documento que será sellado en la mañana de este viernes, por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y sin la presencia de la patronal que ha rechazado frontal y unánimemente formar parte de este pacto. De momento, Díaz ha ganado por la mínima la primera batalla y, tal y como ha dicho ella en varias ocasiones esta semana, la ley obligará, a través de una disposición transitoria, que todas las empresas cumplan con esta reducción el tiempo de trabajo de sus empleados el 31 de diciembre de 2025. De esta forma, según lo pactado tendrán desde que se apruebe la norma en el Parlamento y hasta final de año para actualizar las jornadas y los convenios colectivos. Ahora
Esta victoria de la vicepresidenta segunda cobra especial importancia después de que la parte socialista del Gobierno de coalición, capitaneada por su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya matizado públicamente las condiciones del acuerdo negociado por Trabajo y los sindicatos. En concreto, desde el PSOE se ha abogado esta semana por flexibilizar la aplicación de esta reducción de jornada, llevando su vigencia a 2026 o incluso más tarde —”la legislatura es muy larga”, dijo Díaz que le indicaron en privado los socialistas—. La justificación dada por Cuerpo para apelar a dicha flexibilidad consistía en la necesidad de conseguir los apoyos necesarios para aprobar este recorte en el Congreso, donde Junts se perfila como la formación más reticente a votar a favor de la medida.
El acuerdo que se ratifica este viernes es un texto articulado que recoge una nueva redacción del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, reduciendo la jornada máxima legal que puede hacer los trabajadores de las actuales 40 horas a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual, especificando que no se puede recortar el salario. De esta forma, las horas de más que se hagan a partir de esa cifra pasarán a ser horas extra. Además, el documento reforma la manera en la que las empresas deben registrar la jornada diaria de sus trabajadores, para hacerla fiable, trazable y accesible y endurece las sanciones para que estas sean por trabajador sobre el que se comete la infracción y no por empresa, lo que encarece notablemente las multas de la Inspección a las compañías. Asimismo el texto regula más ampliamente el derecho a la desconexión digital.
A partir de ahora, Trabajo planea que esta reforma se lleve a cabo a través de un proyecto de ley y que vaya en una sola lectura al Consejo de Ministros. Eso quiere decir que el documento que se firma este viernes deberá pasar en primera instancia los trámites obligatorios, entre ellos someterse a los informes preceptivos como el del Consejo Económico y Social, y luego ya se elevará al Consejo de Ministros, que lo remitirá a las Cortes. En cuestión de plazos, la intención del ministerio de Díaz es que se tramite de forma urgente. Aún así, podrían pasar entre dos y tres meses antes de que lo estudie el Consejo de Ministros y después otros tres meses en el mejor de los casos para su tramitación parlamentaria. Esto llevaría con toda probabilidad a que su entrada en vigor, prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE, se produzca en el último tercio del año. Si bien, los sectores y las empresas tendrán hasta el último día del año para adecuar sus convenios colectivos a la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores en materia de jornada máxima legal.
No obstante, lo que han pactado Trabajo y los sindicatos podría verse modificado en el trámite parlamentario, tanto en su contenido como en los plazos de aplicación ya que al ser un proyecto de ley se someterá a la negociación con todas las fuerzas políticas de Congreso y Senado.