Día clave para Rodrigo Rato (75 años). El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar espera conocer este viernes la sentencia de la última causa judicial que queda pendiente, la relativa al origen de su patrimonio. Según informaron fuentes jurídicas, la Audiencia de Madrid dejó hace siete meses visto para sentencia el juicio que se celebró entre el 15 de diciembre y el pasado 17 de mayo —con un total de 56 sesiones— y tiene previsto notificar ya su fallo, que resolverá un procedimiento complejo por el que se ha tratado de averiguar la procedencia de la fortuna de quien fue considerado símbolo del “milagro económico” del PP.
La sentencia que dicte el tribunal presidido por la magistrada Ángela Acevedo tratará de esclarecer muchas de las cuestiones que sobrevuelan sobre Rato, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, al tiempo que dará paso a cerrar un periplo judicial que persigue al ex banquero desde hace más de 10 años.
¿Volverá a la cárcel? Una nueva condena abriría la puerta a que Rato vuelva a prisión, donde pasó dos años para cumplir su condena por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, si bien es posible que este hipotético caso no se produzca de forma inmediata. La sentencia de la Audiencia de Madrid puede ser recurrida al Supremo, lo que significa que la eventual condena no será firme hasta que se pronuncie el alto tribunal, que puede confirmarla, modificarla o revocarla. No obstante, el escenario puede ser diferente si se le impusiera una pena elevada, pues, como ha ocurrido en otros casos de corrupción, las acusaciones pueden solicitar la entrada en prisión sin esperar al pronunciamiento del Supremo. Si esto sucede, el tribunal debe valorar si existe un riesgo de fuga.
Rato ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) en octubre de 2018, después de que la Audiencia Nacional le condenara a cuatro años y medio de cárcel por las black. La reclusión duró solo dos años porque el juez le concedió un régimen de semilibertad bajo control telemático en octubre de 2020 que le permitió seguir cumpliendo la pena desde su domicilio. Unos meses después, en febrero de 2021, quien fuera mano derecha de Aznar para asuntos económicos logró la libertad condicional.
El exbanquero también fue juzgado por la salida a Bolsa de Bankia, el 20 de julio de 2011, por el que se enfrentó hasta 12 años de prisión, si bien la Audiencia Nacional le absolvió en 2020 al no ver ningún delito de estafa ni falsedad contable en esta operación. Este fallo fue ratificado en 2022 por el Supremo.
¿Por qué se investigó su fortuna? La investigación del bautizado como caso Rato se destapó el 16 de abril de 2015, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron su vivienda, en el madrileño barrio de Salamanca, y sus oficinas, después de la Fiscalía de Madrid recibiera la alerta de la Oficina Antifraude (ONIF) sobre posibles irregularidades en su patrimonio. Solo 24 horas antes se había revelado que Rato era una de las más de 700 personas que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investigaba por blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012.
Durante el juicio, el expolítico negó rotundamente la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que detectó un incremento patrimonial no justificado de más de 15,6 millones de euros entre 2005 y 2015 y concluyó que defraudó a Hacienda unos 8,5 millones de euros. Rato explicó que una parte de esos fondos corresponden a la herencia de una sociedad de su padre en Suiza, mientras que otra está relacionada con dos cuentas bancarias que abrió en Estados Unidos durante su etapa como director gerente del FMI (entre 2004 y 2007) para recibir su salario e ingresar la devolución de un préstamo, así como la cuantía obtenida por la venta de un inmueble. Sobre el hecho de que esta segunda cuenta estuviera radicada primero en Bahamas y luego en Suiza, el exministro de Economía se escudó en que fue una decisión adoptada por el propio banco.
Asimismo, el ministerio público y la Abogacía del Estado ponen en duda el dinero recibido por sus trabajos de asesoría a empresas como Lazard, Criteria Caixa o Telefónica, así como su intervención en conferencias tras regresar a España. Al respecto, Rato defendió que facturó dichos servicios a través de Kradonara (la sociedad donde se sitúa el epicentro del caso) porque detrás de ellos había un equipo de “carne y hueso” trabajando. Por último, se atribuye al exdirigente del Partido Popular el cobro de comisiones ilegales por el importe de 835.000 euros al seleccionar dos agencias para hacer la publicidad de la fusión y la salida a Bolsa de Bankia, lo que también fue negado por el exbanquero.
Otros acusados. Rato no se sentó solo en el banquillo de los acusados. El tribunal deberá responder si el círculo cercano a Rato le ayudó a en la supuesta operativa para esconder su fortuna, así como en las presuntas maniobras para adjudicar contratos de Bankia. Por un lado, la Fiscalía apuntó a Domingo Plazas, a quien considera el asesor fiscal del exvicepresidente, aunque ambos lo niegan. Por otra parte, entre otros, señaló a Teresa Arellano, quien fuera su secretaria durante décadas; y a José Manuel Fernández Norniella, quien fuera hombre de confianza del exministro durante su etapa en el Gobierno y en la entidad financiera.
La validez de las pruebas. Una de las cuestiones clave que debe responder el tribunal es si las pruebas que han sustentado la causa son válidas o no. Las defensas aprovecharon las primeras sesiones del juicio para poner en entredicho la legalidad los registros, pues según denunciaron no contaban con autorización judicial. Así, plantearon la nulidad de todas las pruebas que se han utilizado para investigar y llevar a juicio a Rato.