Nueva victoria en el frente judicial para Donald Trump. Un tribunal de apelaciones del Estado de Georgia prohibió este jueves a Fani Willis, fiscal del distrito de Fulton, condado que incluye a la ciudad de Atlanta, continuar trabajando en el caso de interferencia electoral abierto contra el presidente electo por sus esfuerzos para invalidar el resultado legítimo de las elecciones de 2020 en el Estado sureño. Las ganó Joe Biden, y gracias a esa victoria se aseguró la Casa Blanca.
El tribunal basó su decisión en la “apariencia de conducta impropia” que atribuyen a una relación sentimental de Willis con uno de los fiscales del caso, Nathan Wade. La decisión, que se tomó por dos votos a favor y uno en contra, contradice la del juez de una instancia inferior que en marzo, y tras un explosivo juicio que fue retransmitido en directo por las cadenas informativas de televisión por cable, permitió a Willis continuar al frente del caso.
“Nos hallamos ante uno de esos raros ejemplos en los que solo la descalificación [de la acusada] es suficiente para restaurar la confianza pública en la integridad del proceso”, escribe, en nombre de la mayoría, el magistrado Trenton Brown. El fallo de este jueves supone en la práctica casi una condena a uno de los cuatro procesos penales que se abrieron en 2023 contra el entonces candidato republicano, pese a que el tribunal no entró en considerar si el caso debe continuar o no. Ahora les corresponde a las autoridades estatales decidir si buscan un nuevo representante del Ministerio Público o si lo dejan caer.
Willis se presentó por el Partido Demócrata a las mismas elecciones que Trump se negó a admitir que había perdido. Asumió el cargo el 3 de enero de 2021, día en que se conoció que el entonces aún presidente estadounidense había telefoneado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que encontrara “1.780 votos”, uno más de los que le sacó de ventaja Biden. Esas papeletas habrían sido suficientes para darle la vuelta al resultado de aquellas presidenciales.
La nueva fiscal de distrito convirtió esa llamada en una de sus obsesiones. Su investigación acabó destapando una supuesta trama para suplantar a electores oficiales por simpatizantes de Trump, así como pruebas de acoso a funcionarios, entre otras conductas delictivas que desembocaron en la imputación del republicano, así como la de 18 de sus colaboradores, que se enfrentan a 41 cargos, pero sobre todo uno: el de “crimen organizado”.
“No culpables”
Los 18 integrantes de esa trama de tintes presuntamente mafiosos, un grupo que incluía famosos aliados de Trump como su exabogado Rudy Giuliani o su último jefe de Gabinete, Mark Meadows, se declararon no culpables al principio. Después, cuatro de ellos admitieron su implicación en los hechos para alcanzar un acuerdo favorable y evitar males mayores.
Willis contrató a Wade para que la ayudara en calidad de fiscal especial en la investigación. En enero de 2024, los abogados de Michael Roman, uno de los investigados junto a Trump, denunciaron la existencia de un vínculo sentimental entre Willis y Wade, y de un aparente conflicto de intereses, porque Willis se había beneficiado supuestamente del fichaje de su novio. Este llevaba cobrados hasta entonces 650.000 dólares (unos 600.000 euros), dinero con el que ambos se habían pegado la gran vida: entre otros lujos, vacaciones en las Bahamas, en Aruba o en el valle californiano de Napa.
La estrategia legal en los cuatro casos a los que, por primera vez en la historia, se enfrentó un expresidente, ha pasado por diseñar exitosas maniobras de dilación. El primero de ellos, relacionado con un supuesto pago en negro a una actriz de cine porno para acallar una relación extramatrimonial entre ambos, fue el único que llegó a celebrarse. En un juicio en Manhattan, Trump fue declarado culpable por parte de un jurado de 34 delitos graves, pero el juez aún no ha dictado sentencia, y tampoco está claro que vaya a ser capaz de hacerlo antes del 20 de enero, día en el que el condenado tomará posesión por segunda vez.
En el que se abrió en un juzgado de Florida por el manejo de papeles confidenciales de su tiempo en la Casa Blanca que Trump se llevó a su residencia privada de Mar-a-Lago, en Palm Beach, el acusado y sus abogados contaron con la ayuda de la jueza Aileen Cannon, nombrada por el republicano cuando era presidente. Esta desestimó por completo el caso por un defecto de forma en el nombramiento del fiscal especial Jack Smith, escogido por el Departamento de Justicia. Smith, que también instruía el caso de Washington, en el que se investigan los intentos de Trump de revertir el resultado electoral de 2020 y su implicación en el asalto al Capitolio, presentó el pasado 25 de noviembre una moción para retirar las dos acusaciones por decenas de delitos que mantenía contra el ahora presidente electo.
Con Trump a las puertas de la Casa Blanca, tras una victoria, también, en el voto electoral, parece claro que sus problemas con la justicia serán pronto cosa del pasado.