Aldama llega al Supremo para declarar sobre el ‘caso Koldo’
El empresario Víctor de Aldama ya ha llegado al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar como investigado por la trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Aldama, considerado el conseguidor de la trama, ha llegado al tribunal en coche acompañado por su abogado y no ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación que le esperaban en la puerta. El empresario tendrá que explicar ante el instructor del caso, Leopoldo Puente, el escrito que presentó en el Supremo el pasado 4 de diciembre como supuesta prueba del compromiso a colaborar con la justicia que le ha permitido salir en libertad tras estar encarcelado durante un mes y medio por su implicación en otra red corrupta. El documento entregado en el Supremo incluía un listado de supuestas obras “preadjudicadas” por Ábalos a cambio de comisiones.
El empresario asegura que también pactó con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como “garantía” de los pagos que varias constructoras le harían en un futuro a cambio de la adjudicación de contratos, y que “la solicitud de dádivas” por parte de Ábalos fue “constante”. En la documentación entregada al juez, Aldama señaló también a otros cargos del entorno del Gobierno y del PSOE, como el ministro Ángel Víctor Torres y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Ábalos negó todas las acusaciones en su declaración ante el juez del pasado jueves, en la que aseguró que nunca cobró ningún tipo de contraprestación por las adjudicaciones de su departamento y señaló a De Aldama y a quien fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, como responsables de las operaciones bajo sospecha.
Las afirmaciones de Aldama también chocan con los informes elaborados por el Gobierno sobre las adjudicaciones señaladas por el empresario. Estos documentos, encargados por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, han concluido que no se han detectado irregularidades, que varios proyectos ni siquiera se han llegado a licitar y que el listado presentado por el empresario incluye expedientes tramitados por los antecesores de Ábalos en el cargo, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, del PP, y por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez, del PSOE.