La declaración exculpatoria de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo este jueves no arrojó ninguna luz sobre la supuesta trama de corrupción que, según la investigación judicial, sobornó a partir de 2020 al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y a su asesor principal, Koldo García, a cambio de contratos públicos multimillonarios. Durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio (julio de 2018 a julio de 2021) el empresario Víctor de Aldama supuestamente consiguió esos contratos mediante el pago de comisiones ilegales. El intermediario y comisionista se aprovechó de que los controles básicos de la contratación habían saltado por los aires debido a la emergencia de la pandemia de la covid-19. En ese momento, su especial relación con el ministro y con su mano derecha le permitió conseguir los contratos a dedo.
La empresa que buscó Aldama para comprar mascarillas en China, Soluciones de Gestión, suministró hasta 20 millones de unidades a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Baleares y Canarias a cambio de más de 50 millones de euros. Él se llevó casi seis millones de aquel primer gran negocio y repartió, según la investigación judicial, una parte entre quienes le abrieron las puertas de la Administración: José Luis Ábalos y Koldo García.
Al exministro lo sobornó con, al menos, algunos pagos en especie que han quedado acreditados por la investigación. Aldama, por ejemplo, pagó a través de un testaferro el alquiler de un apartamento que ocupó durante dos años la pareja de Ábalos, a la que además se había colocado como auxiliar administrativa en dos empresas dependientes de Transportes: Ineco y Tragsa. El exministro alegó ante el Supremo que él no pidió ese favor, sino que fue iniciativa de Koldo, que llegó a pagar de su bolsillo las dos últimas mensualidades del alquiler. De ser como lo cuenta, su culpa in vigilando seguiría siendo enorme. Todas las explicaciones de Ábalos ante el juez del Supremo resultaron tan decepcionantes como esta, y se estrellan contra una investigación que acumula evidencias contra él.
Se han equivocado, de momento, quienes levantaron grandes expectativas sobre la posibilidad de que el imputado revelase en el Alto Tribunal hechos que pudieran salpicar a otros miembros del Gobierno o al propio Pedro Sánchez. Expulsado del Ejecutivo en 2021 —sin que el presidente haya explicado aún los motivos— y del PSOE el pasado 27 de febrero, a los pocos días de estallar el escándalo, Ábalos echa ahora balones fuera sobre su responsabilidad en los graves hechos ocurridos en el departamento que dirigió durante tres años.
Lo que el trabajo de la Guardia Civil ha destapado hasta el momento apunta a la existencia de una grave trama corrupta en el Ministerio de Transportes que tiene como cabecilla a un empresario, Víctor de Aldama, especialista en negocios basados en el soborno y el tráfico de influencias. Un empresario que estaba en prisión provisional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en otro caso —el de los hidrocarburos—, pero que ha salido en libertad tras una decisión controvertida de la Fiscalía: su supuesta colaboración con la Justicia en el caso Koldo se limitó a esparcir sospechas sobre medio Gobierno sin que hasta el momento haya presentado prueba alguna, una conducta que ahora repite en los medios de comunicación.