Cuando te enteras de lo que hacen los jefes de Gabinete del Gobierno (nacional o autonómico), por no hablar de los jefes de gabinete de los jefes de Gabinete (un cargo marxista, pero no de Karl sino de Groucho), no te lo puedes creer. ¿Cómo puede ser que el dinero de los contribuyentes sirva para pagar a personas que se dedican a filtrar documentos (da igual si legales o ilegales, reales o inventados) para desacreditar a un oponente? Señoras y señores de La Moncloa y la Puerta de Sol, les pagamos para construir otras políticas públicas, no para destruir a otros políticos.
Una sociedad democrática debe replantearse si es correcto que, entre todos, financiemos a un ejército de mercenarios de partido que se ocupan de crear argumentarios o jugar sucio, filtrando medias verdades o mentiras. Sería irónico que quienes más abominan de los horrores de la desinformación manden equipos cuyo cometido es manipular la realidad para que parezca que los culpables de todo son los rivales políticos.
Ojalá la vergüenza ajena que sentimos tras descubrir las manos de cargos públicos en un tráfico de correos y wasaps, más propio del contraespionaje de la Guerra Fría que de la política democrática, sirviera para reflexionar sobre la cuestión de fondo: ¿Cuál es el valor añadido, para la sociedad (no para el partido), de esos puestos de trabajo?
Pero es difícil cuando, como ocurre en nuestro país, todo el énfasis se pone en la ley. Lo único importante es si la persona A cometió un delito cuando a las 8 de la mañana envió un mensaje al individuo B. Y no es irrelevante, pero lo sustancial es qué impacto social tiene la actividad de A, y sus subordinadas, a las 9, 10 u 11 de todos los días.
Y, más allá de la trivialidad de “ganar el relato” del día, el uso partidista de las instituciones no beneficia ni al propio partido. Imaginemos que La Moncloa y la Fiscalía se movilizaron para contrarrestar un bulo que consistía en que la Puerta de Sol había filtrado a la prensa un correo de la Fiscalía al abogado del novio de Ayuso, pero no el correo previo del abogado al fiscal reconociendo los delitos de su defendido. Y pensemos: ¿Qué hubiera pasado sin esa intervención de La Moncloa y la Fiscalía? Pues que igualmente habríamos sabido la verdad (en días u horas) y, además, ahorrado el calvario legal de algunos y el descrédito de las instituciones, empezando por el esfuerzo honesto de muchas personas en La Moncloa.
En una democracia con prensa libre, la verdad, rápida o lentamente, emerge siempre del barro como una estatua de mármol. @VictorLapuente