No es lo mismo tener una caries en febrero que en junio, al menos en la Comunidad de Madrid. Desde 2018, la región cuenta con un programa bucodental para menores de siete a 16 años, conocido como PADI. En él, se incluyen los servicios básicos de atención ―revisiones, empastes, limpiezas― y se desarrolla en los centros de salud. Para intervenciones más complejas, si la caries es muy profunda y llega al nervio, por ejemplo, los pacientes son derivados a consultas privadas de forma gratuita. Esto es posible gracias a un convenio que firman el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos (COEM). Este acuerdo se renueva anualmente desde hace siete años y siempre termina el 30 de noviembre. Pero los dentistas nunca saben cuándo se activará el nuevo. En 2024, fue el 29 de mayo; en 2023, el 29 de marzo. Hasta que no se firma, los ambulatorios no pueden derivar niños a las clínicas y muchas familias acaban pagando el tratamiento por su cuenta.
“Las familias vienen y se quejan. Durante muchos meses les tienes que decir que ese convenio que existió el año pasado se retrasa incluso un poco más. ‘¿Y cuándo se activa?’, preguntan. No lo sabemos. ‘¿Y cómo me puedo enterar?’ Esté usted pendiente de la prensa. Es muy duro decirle eso a un paciente”, se queja por teléfono Isabel Calama, dentista y vocal de odontología del sindicato médico Amyts.
Este año el retraso ha sido mayor que en 2023 y no han podido derivar pacientes hasta junio, cuenta. Los primeros años del programa, el convenio se firmó en febrero; en 2020, con la pandemia, se hizo el 12 de junio; y 2021 fue el año con más retraso, desde noviembre hasta finales de junio no hubo renovación. Seis meses sin tratamientos especiales. En cambio, en 2022 la firma llegó en enero, aunque no se publicó en el boletín regional hasta marzo.
Eso sí, el convenio termina puntualmente todos los años en noviembre ―y los pacientes dejan de derivarse en ese momento― por los plazos de facturación, explica la doctora Marisol Ucha Domingo, presidenta del COEM, para que haya tiempo de terminar los últimos tratamientos derivados y de cerrar la facturación anual. Sobre la disparidad en las fechas de renovación del convenio, señala que “no depende del COEM cuando se firma” sino de la Consejería de Sanidad. En 2024, 970 dentistas se han adscrito al convenio. “Según nos indican, esperamos poder renovar en enero de 2025″, añade Ucha.
En la Consejería de Sanidad, un portavoz indica que la Comunidad de Madrid remitió hace dos semanas el nuevo convenio al COEM para “poder avanzar de la manera más rápida posible”. “Los convenios se firman después de un periodo de tramitación variable en función de las modificaciones que se hagan. La redacción del convenio nuevo es un trabajo que concierne a todos los actores y tenemos que ser todas las partes ágiles para sacarlo adelante lo antes posible, siempre en beneficio del ciudadano”, comenta. Y añade que todos los ciudadanos de la región, niños y adultos, tienen asignado un odontólogo y un higienista dental (que asiste al doctor) para garantizar la prestación del servicio.
“Te toca o no te toca”
“Para la organización de la consulta es un horror y para los pacientes es un problema, porque muchos vienen cuando hay afectación pulpar [la caries llega al nervio] y duele. No pueden esperar y se lo tienen que pagar. Al final se produce una inequidad absoluta entre el paciente que viene a consulta en febrero y el que viene en agosto. No es justo. Dependiendo de cuándo vengas, te toca o no te toca”, critica Calama. Uno de los motivos más comunes para derivar es la necesidad de una endodoncia, popularmente conocidas como matar el nervio. Según la Encuesta de Salud Oral de España, de 2020, es la patología no transmisible más común y afecta a un 36% de la población infantojuvenil.
Según el convenio, para que un paciente sea derivado a una clínica privada debe pasar antes por su centro de salud. Son el filtro para acceder al servicio. El problema, explican Calama y otros profesionales consultados, es que en la Comunidad de Madrid “hay 173 dentistas” para atender a todos los ciudadanos. “Los médicos de familia tienen entre 1.500 y 2.500 pacientes asignados. Los dentistas, de media, tenemos 40.000. Para dedicar 10 minutos a toda la población que tengo asignada, necesitaría siete años de actividad laboral. Y solo 10 minutos en odontología no se puede. Es una locura”, explica la profesional. Si al convenio solo acceden los niños que pasan por sus manos, comenta, y conseguir cita es muy complicado porque el sistema está saturado, cientos de pacientes se quedan sin acceso al acuerdo público-privado. “Es como un embudo”, dice.
El documento de este año recoge que la inversión en servicios de salud bucodental asciende a los 2.250.000 euros ―lo mismo que los años previos―para atender a 751.748 menores. Carlos Martínez, dentista en un ambulatorio de Coslada durante más de 30 años y jubilado este invierno, considera que el sistema de atención bucodental en Madrid “está a la deriva”. “Las plantillas están congeladas, no se han ampliado apenas plazas. Hay muy poca voluntad de que esto se agilice. El convenio se firma cuando se firma y sin explicación de ningún tipo. Por desgracia, el usuario tiene mucha resignación y, fruto de esa resignación, tener vacíos de atención de cinco o seis meses le sale gratis [a la Consejería de Sanidad]”, lamenta por teléfono.
Según Amyts y los datos que publica la Comunidad, actualmente hay más de 500 odontólogos en la bolsa de empleo de atención primaria de la región. “En 2016 había 140 [trabajando en ambulatorios]. Ahora, ocho años después, somos 173, solo 33 más. Las matronas, por comparar con una profesión diferente a medicina de familia, son 263. Casi el doble”, indica Calama. La Consejería de Sanidad dice que la región cuenta con 100 unidades de salud bucodental en los centros de salud, donde trabajan 169 odontólogos y 169 higienistas dentales, además de otros cuatro de cada categoría para atender a los menores en riesgo de exclusión de la Sierra de Guadarrama, Cañada Real y Luis Vives en Alcalá de Henares.
Una ley sin desarrollar
Si llega un paciente a consulta y el convenio infantojuvenil aún no se ha renovado, los dentistas, a título personal, apuntan el nombre de esos niños o adolescentes en una lista. Cuando el convenio se renueva, vuelven a esa lista y contactan por teléfono con cada una de las familias. “Esto supone que una vez que se activa, cuando acabas la consulta normal de ese día, te tienes que poner a llamar a todos estos pacientes que no tienen cita para localizarlos y darles un hueco. ¿Un hueco para dentro de dos meses? ¿O sobrecargas tu agenda para intentar que vengan, revisarles y darles los papeles [para derivarlos]? Porque tu agenda todos los días está llena”, denuncia Calama.
El problema de base, coinciden los profesionales consultados, es la falta de desarrollo legislativo. En 2018, se aprobó en Madrid la Ley de Atención a la Salud Bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil, impulsada por el PSOE. Entonces, el Gobierno regional ―liderado por Ángel Garrido (PP)― ya señaló que la falta de especialistas en la sanidad pública llevaría a que se concertaran plazas. Esto implicaría que las familias podrían escoger libremente al dentista de cabecera de sus hijos, tanto dentro de la sanidad pública como entre los dentistas privados acreditados.
“Todo lo que allí se aprobó prácticamente no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, tendría que haber un referente de atención bucodental regional, pero no se ha hecho ni hay conocimiento de que se estén haciendo avances en ese sentido”, critica el dentista Martínez. Se refiere a la creación de una Oficina Dental Comunitaria, figura recogida en la norma de 2018. Las funciones de esta entidad serían monitorizar el estado de la salud bucodental de los madrileños (menores y adultos), gestionar las unidades bucodentales de los ambulatorios y el PADI, o vigilar que se cumplen los acuerdos y normativas en esta materia, entre otros.
Elías Rodríguez, médico estomatólogo que ha participado en varios estudios epidemiológicos de salud dental de la región, explica por teléfono que actualmente no existe esa figura y que “no hay un control de la actividad”. “No hay una planificación, que es lo que cambiaría radicalmente la salud dental en la comunidad. La ley se quedó ahí, en 2018. Por eso tienen que firmar un convenio anual [en referencia al convenio para derivar menores], porque como no hay desarrollo, no existe un convenio marco”, señala.
Lo mismo ocurre con el convenio para regular los tratamientos de salud bucodental a mayores de 80 años, que incluyen prótesis dentales y atención de las caries. Es una novedad anunciada a principios de 2024 y se desarrollará, como con los menores, con un convenio anual. El primero se firmó el pasado 15 de enero, cuatro meses antes que el infantojuvenil. Para Calama “está muy bien ampliar la cartera de servicios, pero si no se aumenta la dotación presupuestaria y el número de profesionales para llevarlos a cabo, es un brindis al sol”.
El último informe de salud bucodental en la Comunidad de Madrid, en el que participó Rodríguez, se publicó en 2016, aunque la ley recoge que se “realizará y publicará cada cinco años una encuesta epidemiológica, según metodología de la Organización Mundial de la Salud, para conocer el estado de salud bucodental”. “Hacer una encuesta para saber los resultados que estás teniendo es fundamental. Es un trabajo sin un seguimiento fidedigno, sin saber muy bien el impacto que tenemos o si el mismo niño viene todos los años. Todos esos datos epidemiológicos son básicos para controlar un programa y mejorarlo cada año”, demanda Rodríguez.