“Gasten cuanto puedan” fue la consigna que al inicio de la pandemia dio a los Gobiernos Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. El organismo que en la anterior crisis financiera se había posicionado de manera diametralmente opuesta —al igual que muchos otros—, con una defensa férrea de la austeridad, pedía impulsar el gasto público para hacer frente a una situación excepcional y no dejar a la deriva la sociedad y la economía. Todos los países, en función de su músculo financiero, actuaron en consecuencia. En España, el tsunami sanitario propició la mayor de subida del gasto público en democracia, y la tendencia desde ese fatídico 2020 solo se ha revertido en parte.
El desembolso total de las Administraciones se situó el año pasado en los 680.952 millones de euros, según la última estadística de Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) publicada por el Ministerio de Hacienda. Un incremento del 6,9% con respecto al año anterior, la mayor subida desde 2009 —covid aparte— y un nuevo récord. La evolución del gasto estuvo marcada por un fuerte impulso en las partidas de vivienda. Estas engordaron un 18% con respecto al año anterior, de la mano de las comunidades y las corporaciones locales. Pese a ello, supone solo un pellizco del total: algo menos de un 1,1%.
La subida del gasto en vivienda y servicios relacionados es un reflejo del mayor esfuerzo al que se han comprometido las Administraciones públicas ante una situación crítica: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía ante unos precios que se han disparado en los últimos años, tanto de compra como de alquiler. Las comunidades fueron las que más elevaron el gasto en esta partida, un 21%, seguidas por los municipios, que destinaron un 17% más con respecto al año pasado. Los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023 —este año se han prorrogado por la dificultad del Gobierno llegar a acuerdos con sus socios parlamentarios— también recogían una partida histórica para “acceso a la vivienda y fomento de la edificación”, de unos 3.500 millones de euros. Buena parte de ese importe procedía de ayudas comunitarias, y se incluían capítulos para la rehabilitación, la promoción de vivienda protegida y construcción de inmuebles para alquiler asequible. Y es un dinero que en gran parte acaba siendo transferido del Estado central a las comunidades, que tienen transferidas las competencias en la materia.
El capítulo de vivienda contemplado por Hacienda incluye tanto obras inmobiliarias como de urbanismo, abastecimiento de agua y alumbrado público, unas políticas a las que el conjunto de las Administraciones públicas destinaron 7.643 millones de euros el año pasado, frente a los 6.461 del anterior. Para encontrar cifras parecidas hay que remontarse a los ejercicios inmediatamente anteriores y posteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuando el dinero público destinado a este capítulo llegó a ser casi el doble que el actual. Eso pasó en 2009 —la partida en vivienda rondó los 14.000 millones—, cuando el número de viviendas protegidas finalizadas se situó en 67.904 unidades, una marca que tras la crisis financiera no se volvió a repetir. El suelo se tocó en 2017, con menos de 5.000 promociones calificadas, según el Ministerio de Vivienda, una cifra que ha ido paulatinamente subiendo los ejercicios siguientes, pero que sigue muy lejos de los máximos registrados hace una década y apenas alcanza las 10.000 casas al año.
La partida de protección social es la protagonista indiscutible, año tras año, de las estadísticas de gasto público. Concentra más del 40% de los desembolsos totales, con 277.104 millones en 2023. Y fue el capítulo, tras la vivienda, que más creció con respecto al año anterior: un 10%. Esta categoría incluye algunos de los pilares del Estado del bienestar, desde las pensiones, la rúbrica que más recursos absorbe cada año —el año pasado, el gasto denominado edad avanzada superó los 153.000 millones, más de la mitad de todo el desembolso de protección social—, a los subsidios por desempleo y enfermedad, así como algunas ayudas a la vivienda.
La estadística COFOG es una metodología diseñada por las Naciones Unidas para catalogar el gasto de las Administraciones públicas según su destino y desglosando qué parte asume cada Administración —en el caso de España: Administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social—. Hay 10 grandes partidas, a su vez conformadas por distintas rúbricas: servicios públicos generales, defensa, orden público y seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, ocio, cultura y religión, educación y protección social.
La tendencia ascendente del gasto público en su conjunto responde a presiones viejas y nuevas, algunas previstas y otras inesperadas. En ese saco entran los imponderables como la pandemia y la más reciente crisis energética, que ha llevado el Gobierno a conceder miles de millones en ayudas para mitigar la dentellada que la inflación ha dado a las rentas. Entran también partidas recurrentes y constantemente al alza como las pensiones o a la sanidad, que debe atender a una población en aumento y cada vez más envejecida.
Los demás incrementos relevantes en 2023, superiores o iguales al 9%, se han registrado en los capítulos de medio ambiente, ocio, cultura y religión y en el de servicios públicos generales, una macropartida que concentra desde transferencias a otras Administraciones hasta el pago de los intereses de la deuda. El dinero para la salud ha aumentado en un 5,7%; el incremento ha sido del 7,5% en el caso de la educación. Las únicas rúbricas que decrecen son las destinadas a asuntos económicos, otro cajón de sastre que agrupa distintos conceptos como transporte, avales públicos o la exoneración de cuotas sociales vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De hecho, esta disparó su peso con la pandemia, mientras que el ejercicio pasado el dinero invertido en ello se redujo un 2,8%. También experimentó un sonoro retroceso el gasto en defensa, del 8,9% tras avanzar a un ritmo espectacular en los años anteriores, con un alza del 30% en 2022 debido a los compromisos que España ha asumido con la OTAN de elevar los desembolsos militares hasta el 2% del PIB en 2029.
El Estado es el subsector que concentra el grueso del gasto público total, cerca de la mitad, con 321.376 millones el año pasado. Fue, sin embargo, la Administración que experimentó el menor incremento. La Seguridad Social fue la que más elevó los desembolsos, un 10,1%, hasta los 236.108 millones; seguida por las corporaciones locales (6,7%, con 96.268 millones) y las comunidades autónomas, que incrementaron sus gastos un 5,4%, hasta los 252.036 millones.