Las seis universidades públicas de Madrid atraviesan una situación económica crítica que puede volverse catastrófica. El diagnóstico es de sus seis rectores, cuyos consejos de gobierno, reunidos ayer de forma extraordinaria, respaldaron una dura carta abierta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que avisan del estado insostenible en que se encuentran.
Unas universidades públicas fuertes suponen la mejor garantía del acceso equitativo a la educación superior, que, pese a sus dificultades, sigue siendo un elemento clave en la lucha contra la desigualdad social. Suponen además un relevante motor de desarrollo y transformación económica y de generación de conocimiento a través de la investigación, siempre imprescindible, pero mucho más en un tiempo de incesantes transformaciones científicas y tecnológicas. Pese a ello, Madrid, la comunidad con mayor renta per capita de España —un 36,5% por encima de la media—, es la que menos dinero invierte por alumno en educación pública superior —un 21% por debajo de esa misma media—. Otros indicadores, como el bajo porcentaje del PIB regional dedicado a esa educación, las escasas partidas que se destinan a obras y reformas en los campus o las altas tasas que pagan las familias, dejan Madrid muy rezagada con respecto al conjunto de España e incluso a otras comunidades también gobernadas por el PP. Quince años de recortes han arrojado como resultado que cinco de las seis instituciones se encuentran en números rojos o al borde de caer en ellos. Solo la Complutense, la universidad presencial más grande de España, ha tenido que exigir a sus facultades que reduzcan un 30% los gastos.
Ayuso parece decidida a extender esa agonía: el proyecto de presupuestos de la Comunidad, presentado el 31 de octubre, eleva la subvención al sistema universitario apenas 9,4 millones de euros. Los rectores llevaban desde el año pasado reclamando al menos 200 millones extra solo para levantar la persiana cada mañana. La partida presupuestaria para 2025 no alcanza ni siquiera para pagar las nóminas del personal. Esa puntilla es la que ha llevado a los seis rectores a dar el paso sin precedentes de aprobar el documento común en el que deploran su estrangulamiento económico, así como un comunicado en el que recalcan que “no son, de ninguna manera, centros de adoctrinamiento”. Hace dos semanas, Ayuso aprovechó un debate en la Asamblea regional para sostener que la izquierda “tiene colonizada la universidad pública”.
La presidenta madrileña es la abanderada del PP en una ofensiva ideológica contra el sector público. El modelo repite el aplicado con la sanidad: años de desprestigio e infrafinanciación erosionan irremediablemente los servicios y empujan a los ciudadanos al sector privado, a su vez ampliamente promocionado por esas mismas administraciones. Madrid cuenta ya con 13 universidades privadas, va camino de abrir la decimocuarta pese a los informes oficiales en contra y mantiene en estudio otros tres proyectos más.
La presidenta tiene todavía margen para dar marcha atrás y enmendar los presupuestos en su tramitación en la Asamblea autonómica, de forma que se garantice la suficiencia financiera del sistema universitario público, como le reclaman los rectores. De esa forma demostraría que sus repetidas proclamas a favor de la libertad ―los madrileños que optan por la universidad pública también tienen derecho a ejercerla―, de la excelencia educativa o del brillante desempeño de la economía madrileña no son simple palabrería o no están solo al servicio de intereses privados.