El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que “lo lógico es que el Estado” sea el que sufrague el coste de los denominados permisos climáticos, aprobados este martes por el Consejo de Ministros, en lugar de que sean los empresarios quienes los financien, tal y como prevé la normativa, que los incluye entre los permisos laborales retribuidos y no recuperables.
El líder empresarial ha recurrido a una frase que ya ha utilizado previamente en otras ocasiones al plantear que el hecho de que las empresas, en lugar del Estado, paguen estos permisos es como decir “te invito a cenar, pero pagas tú la cena”.
Estos permisos consisten fundamentalmente en cuatro días de ausencia justificada y remunerada en caso de riesgo grave por catástrofe o fenómenos meteorológicos adversos. Estos días de ausencia serán remunerados por las empresas y tendrán el carácter de prorrogables mientras dure la situación climática catastrófica.
Ante esto, Garamendi, que ha asistido este viernes a la inauguración de la nueva sede de la patronal alavesa, SEA, en Vitoria, ha reconocido que tras una catástrofe como la dana ocurrida en Valencia es necesario abordar determinadas cuestiones como el mantenimiento de las infraestructuras y de los cauces y montes, y que también habrá que analizar los cambios que puedan plantearse en el plano laboral.
“No digo que no pueda haber permisos, pero lo lógico es que el Estado hiciera frente a ellos”, ha insistido Garamendi, para quien el Gobierno cuando plantea medidas “siempre es a costa de los demás”. Por ello, ha considerado que cualquier iniciativa que implique cuestiones laborales se adopte en el diálogo social y que empresarios y sindicatos “hablen de todo en conjunto en lugar de dar soluciones día a día por parte del Ministerio”.
Lealtad institucional
Posteriormente y sobre las negociaciones para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales —de la que los empresarios ya se han desmarcado con un rotundo rechazo a respaldar esta medida—, el líder empresarial pidió a los grandes partidos que representan a la mayoría de la sociedad que sean capaces de alcanzar “grandes acuerdos de Estado” y que actúen con “lealtad institucional”.
Y, precisamente, apelando a la lealtad institucional con la que ha dicho actúa la patronal ha añadido que los empresarios piensan que el recorte por ley de la jornada “no es bueno” porque no beneficia a sectores como la hostelería o a los pequeños comercios, aunque sí admitió que en otros sectores con mayores niveles de productividad, como el tecnológico, esta disminución del tiempo de trabajo sí podría ser factible. En cualquier caso, reclamó que este tipo de medidas se tomen en la negociación colectiva para la que pidió respeto.