Los Mossos d’Esquadra han detenido de nuevo al abogado Francisco Comitre, acusado de ser el líder de un nuevo entramado criminal dedicado al engaño inmobiliario. Comitre está a la espera de un macrojuicio, por una de las mayores estafas inmobiliarias, con un centenar de víctimas, en la que la Fiscalía le pide 20 años de prisión. Además, fue condenado a siete años y nueve meses de cárcel por tráfico de drogas, en otra sentencia que todavía no es firme. El abogado, que sigue en ejercicio, fue detenido el pasado 25 de noviembre mientras participaba en un torneo de golf en Palma de Mallorca. En la nueva trama, la tercera por una supuesta estafa inmobiliaria en la que se ve involucrado, los Mossos han localizado a 18 víctimas más en 14 ventas fraudulentas de pisos. También han denunciado a un notario de Barcelona, acusado de colaborar con el grupo criminal investigado, y detenido a otra abogada, además de un tercer letrado investigado.
El jefe de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Premià de Mar (Barcelona), el inspector Miquel Angel González, y el responsable de la investigación, Carlos Lamiel, han detallado en rueda de prensa que la organización estafó al menos a 18 víctimas con inmuebles afectados en Barcelona, Badalona (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Madrid y Ciudad Real. Comitre, que reside en Ibiza, fue detenido por la Policía Nacional, y declaró por videoconferencia ante el juzgado que lleva la causa, y quedó en libertad, igual que los otros ocho detenidos en la causa.
El origen de la investigación es la compra fraudulenta de un piso, que avanzó EL PAÍS, en la que una de las acusadas se hizo pasar por la dueña del inmueble ya fallecida. En el registro en el despacho de Comitre, en la plaza de Urquinaona, los Mossos se incautaron de numerosa documentación, que les ha permitido llegar hasta las nuevas víctimas. En la rueda de prensa, los investigadores han definido a Comitre como una persona “narcisista, muy inteligente” con una gran capacidad para engañar a las víctimas, según recoge Efe. Muchas de ellas no denunciaron porque ni siquiera eran conscientes que habían sido estafadas, ha indicado la policía catalana.
La red ahora desarticulada tenía su epicentro en el despacho de abogados de Barcelona, que ostentaba mucha riqueza para parecer creíble y que buscaba a víctimas de un mismo perfil: personas vulnerables, muchas de ellas ancianas, sin educación financiera y que necesitaban dinero con urgencia por su apurada situación económica o que querían vender su piso, en muchos casos heredado con deudas. Las localizaban mediante el método de la “puerta fría” (buscando presencialmente piso a piso), o en subastas, entre otras vías, y les hacían firmar un contrato privado en el que, sin saberlo, daban al grupo un poder notarial sobre su vivienda. Con él, los supuestos estafadores se apropiaban del inmueble a través de testaferros y luego lo sacaban al mercado: en uno de los pisos, por ejemplo, la víctima cobró unos 50.000 euros y la banda lo vendió por medio millón.
De hecho, la mayoría de las víctimas no eran conscientes de que les habían estafado, ya que no solo no denunciaron sino que estaban agradecidas a los detenidos, que en alguna ocasión les regalaban jamones para que estuviesen contentos con ellos, han explicado los Mossos. En otros, las víctimas fueron echadas de sus pisos por la red pero tampoco lo denunciaron. Su situación económica era tan desesperada y estaban tan agradecidas a los presuntos estafadores que incluso algunas de ellas aceptaron actuar como testaferros a cambio de una pequeña cantidad de dinero.
Según los Mossos, los ahora detenidos crearon empresas para desviar el dinero obtenido con el engaño, en las que movieron entre uno y tres millones de euros al año. Además, también solicitaron créditos a entidades bancarias, que nunca devolvieron, y por los que, según la Agencia Tributaria, su deuda sube a casi un millón de euros. Los Mossos detuvieron el pasado 25 de noviembre a nueve personas en total, acusados de grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, oficial o mercantil y defraudación a Hacienda. La policía catalana no descarta que haya más víctimas.